Bogotá — Los primeros 90 días de Abelardo De la Espriella en la Presidencia de Colombia han estado lejos de un comienzo convencional. A diferencia de otros mandatarios, que tuvieron un periodo inicial para instalar sus prioridades y consolidar sus equipos, el nuevo Gobierno enfrentó una emergencia nacional apenas tres días después de la posesión, cambios tempranos en el gabinete y dificultades para sacar adelante su agenda legislativa. El contraste con sus antecesores muestra que el arranque de De la Espriella combina elementos que ya han condicionado a otros gobiernos —como las contingencias fiscales y las emergencias— con factores que han adquirido especial relevancia en estos primeros meses: la rotación de funcionarios, la fragilidad de las mayorías en el Congreso y la necesidad de tramitar una reforma fiscal de gran alcance. El siete de agosto de 2026, De la Espriella asumió el poder con una hoja de ruta que contemplaba 90 decretos, planes de choque en salud y seguridad, reducción del tamaño del Estado y una ley de sometimiento para grupos armados.
Sin embargo, el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el Eje Cafetero y el occidente del país el 10 de agosto modificó las prioridades del Ejecutivo. La respuesta incluyó la declaratoria de desastre nacional mediante el Decreto 1171 y la emergencia económica a través del Decreto 1261, además de la creación del Fondo Milagro y la ampliación del mecanismo de Obras por Impuestos. La emergencia se declaró 12 días después de la posesión, un plazo considerablemente menor al de otros gobiernos que recurrieron a instrumentos excepcionales. Una emergencia que cambió el arranque La comparación histórica muestra que las contingencias han sido recurrentes al comienzo de los gobiernos colombianos, aunque sus características y respuestas han sido distintas.
Juan Manuel Santos enfrentó la emergencia económica por el Fenómeno de La Niña en diciembre de 2010, cuatro meses después de llegar a la Casa de Nariño. En su segundo mandato, en 2014, el proceso de paz condicionó buena parte de la agenda política y fiscal. Iván Duque, por su parte, no tuvo una catástrofe durante sus primeros 100 días en 2018, aunque posteriormente debió enfrentar la pandemia de Covid-19. Gustavo Petro inició su mandato en 2022 bajo los efectos de la ola invernal, que llevó a declarar desastre nacional, pero sin recurrir a una emergencia económica.
En el caso de De la Espriella, el terremoto alteró las prioridades prácticamente desde el comienzo y abrió un frente fiscal e institucional. La declaratoria de emergencia todavía enfrenta el control automático de la Corte Constitucional, que deberá determinar su exequibilidad. El antecedente más reciente es la suspensión provisional de la emergencia económica decretada por el Gobierno Petro en enero. La magnitud del presupuesto también marca una diferencia.
El Presupuesto General de la Nación de 2027 asciende a COP$634,9 billones y terminó expedido mediante el Decreto 1599, después de un error en el trámite legislativo. De ese monto, cerca de COP$391 billones corresponden a funcionamiento, COP$155 billones al servicio de la deuda y COP$88 billones a inversión. La rotación del gabinete, una señal temprana Otro elemento que diferencia el comienzo de De la Espriella es la velocidad de los cambios dentro del Gobierno. En 89 días fueron relevados dos ministros: Viviane Morales, de Educación, y Rodrigo Lara, de Interior.
Este último dejó el cargo después de 75 días y fue reemplazado por Alejandro Ordóñez. Un informe de Sonar también contabiliza más de siete salidas de funcionarios de primer nivel y cuatro nombramientos anunciados que no se habían concretado al cierre del análisis. Los cambios no se limitaron al gabinete: Ecopetrol tuvo tres presidentes en septiembre, mientras que el DANE y Colpensiones registraron relevos en sus direcciones poco después de los nombramientos. La comparación con los gobiernos anteriores resulta significativa.
En los casos analizados, la primera salida de un ministro ocurrió entre cinco y 13 meses después de la posesión. En el Gobierno de De la Espriella, los primeros relevos se produjeron durante los tres primeros meses, cuando el Ejecutivo todavía necesitaba consolidar su equipo y poner en marcha sus prioridades. Las razones de las salidas han sido diferentes. En Educación se mencionaron motivos personales, mientras que en Interior la salida estuvo relacionada con la pérdida de confianza política después del fracaso del trámite del Presupuesto de 2027.
En cargos técnicos, el informe señala problemas de verificación o diferencias con el Gobierno. Esta rotación puede tener efectos sobre la continuidad de las entidades, retrasar procesos y generar incertidumbre. En el caso del DANE, además, los cambios ponen sobre la mesa la confianza en su independencia técnica, un aspecto que observan el Congreso y los mercados. Un Congreso menos predecible La situación fiscal es otro de los frentes que marcaron los primeros 90 días.
El Gobierno presentó el proyecto 477 de 2026, conocido como Ley de Rescate Económico, con el objetivo de conseguir un ajuste de COP$70,2 billones entre 2027 y 2030, equivalente a 4,1% del PIB, y estabilizar la deuda neta en 64,2%. La propuesta plantea que 70% del ajuste provenga de recortes al gasto. Entre las medidas se incluyen una reducción de 20% en el costo de la planta de personal para 2028, disminuir a la mitad los contratos de prestación de servicios y habilitar durante seis meses la supresión o fusión de entidades. El componente de ingresos contempla cambios tributarios, entre ellos elevar del 5% al 19% el IVA para productos como café, cereales procesados, aceites y grasas, pastas y harinas, con una devolución prevista desde 2028 mediante el mecanismo EfectIVA.
También propone una tarifa de renta de 9% para un tramo de ingresos desde 720 UVT. El paquete contrasta con algunas promesas de campaña. De la Espriella había planteado desmontar el 4x1.000, eliminar el impuesto al patrimonio y recortar COP$21,9 billones. Sin embargo, el proyecto mantiene el gravamen a los movimientos financieros y el impuesto al patrimonio, aunque modifica el umbral de este último a 95.500 UVT.
El recorte aplicado en 2026 fue de COP$13,8 billones. La aprobación de la iniciativa dependerá de una coalición que, aunque declara 63 de los 103 senadores, no representa una mayoría completamente asegurada. El partido del presidente tiene cuatro senadores y el Centro Democrático ya votó en contra de una objeción del Ejecutivo, una señal de que los apoyos pueden variar según el proyecto. La elección de la presidencia del Senado también mostró las dificultades para consolidar el respaldo parlamentario: Honorio Henríquez se impuso con 56 votos frente a Alfredo Deluque, que obtuvo 45.
A mediados de octubre, solo siete de los 668 proyectos radicados en el Congreso eran de iniciativa del Ejecutivo. La Ley de Rescate recibió mensaje de urgencia el tres de noviembre, pero el calendario legislativo deja poco margen: la legislatura termina el 16 de diciembre. El trámite de una reforma de esta dimensión se convierte así en una de las pruebas centrales para el Gobierno. ¿Hay luna de miel en la opinión pública? En materia de aprobación, el comienzo de De la Espriella no muestra un desplome en el respaldo ciudadano, aunque tampoco registra los niveles que alcanzaron algunos de sus antecesores.
Según las cifras recopiladas por Sonar, el mandatario registró una aprobación de 51,8% en septiembre y de 48,7% en octubre, de acuerdo con AtlasIntel. La medición de octubre lo ubica cerca del nivel que tenía Petro en un momento equivalente y por encima del registrado por Duque. La comparación cambia al observar el día 89 de cada administración: Santos, en su segundo mandato, alcanzaba una aprobación de 89%, Petro registraba 49,7% y Duque 27,2%. Las cifras muestran que el respaldo inicial de los presidentes ha tenido trayectorias muy diferentes y que el nivel de De la Espriella no puede equipararse con el de los gobiernos que comenzaron con una popularidad excepcionalmente alta.
La seguridad aparece como uno de los principales soportes de la orientación política del nuevo Ejecutivo. El cierre de las mesas de Paz Total, los bombardeos, las extradiciones, el anuncio de reanudar la fumigación y el plan de construir entre siete y diez megacárceles se alinean con sus compromisos de campaña. El Gobierno también reportó 32.503 capturas y la incautación de 125 toneladas de cocaína durante sus primeros dos meses, cifras que han sido cuestionadas por la oposición. En paralelo, los datos de seguridad muestran movimientos distintos: entre enero y agosto, los homicidios aumentaron 2%, hasta 9.434 casos; las masacres subieron 11%, mientras que el secuestro cayó 45%.
La sostenibilidad del respaldo dependerá de que las decisiones anunciadas se traduzcan en resultados y de cómo el Gobierno gestione sus efectos sociales e institucionales. Una agenda que avanza más allá del Congreso Mientras el debate legislativo enfrenta dificultades, el Gobierno también prepara una agenda regulatoria que tendrá efectos sobre empresas y ciudadanos durante 2027. El análisis de Sonar identificó 517 proyectos de decreto en preparación por parte de 23 entidades del Gobierno Nacional. De ese total, 148 crean o modifican trámites y 18 reconocen explícitamente costos para las micro, pequeñas y medianas empresas.
El Ministerio de Salud concentra 141 iniciativas, equivalentes a 27% del total, enfocadas en el flujo de recursos del sistema y en reformas estructurales como el Sistema Sociosanitario. La agenda regulatoria representa un frente de seguimiento para los sectores económicos, incluso mientras las principales iniciativas políticas siguen pendientes de discusión en el Congreso. El día 100, una nueva prueba para el Gobierno El balance de los primeros 90 días deja un Gobierno cuyo comienzo estuvo condicionado por una emergencia que llegó antes de que pudiera desplegar su agenda original. A eso se sumaron los cambios tempranos en el gabinete, las dificultades para tramitar el presupuesto y la necesidad de construir mayorías para una reforma fiscal de gran alcance.
La comparación con Santos, Duque y Petro muestra que De la Espriella no es el primer presidente que enfrenta una contingencia al inicio de su mandato. La diferencia está en la rapidez con la que ocurrió, en la respuesta institucional y en la acumulación de desafíos políticos y fiscales durante el mismo periodo. El 14 de noviembre se cumplirán los primeros 100 días de Gobierno. Para entonces, la atención estará puesta en la ejecución de los recursos destinados a atender la emergencia, el futuro de la Ley de Rescate, las decisiones de la Corte Constitucional y la capacidad del Ejecutivo para sostener sus mayorías en el Congreso.
Más que una luna de miel, los primeros meses han sido una prueba temprana de gobernabilidad. El siguiente tramo del mandato permitirá establecer si el Gobierno logra convertir la respuesta a la emergencia y su agenda de orden y recuperación fiscal en resultados sostenibles.
