El país pasó, entonces, de la política de paz total de Gustavo Petro al sometimiento propuesto por De la Espriella , con la aprobación de la Ley 2640 (denominada de Sometimiento) de 2026, sancionada este 5 de noviembre y con una vigencia prevista de cuatro años a partir de su publicación oficial. Especialistas consultados por Sputnik coinciden en que el desafío de enfrentar el conflicto armado colombiano va más allá de desarmar a sus integrantes y exige intervenir las condiciones económicas, sociales y políticas que permiten su permanencia. ¿A qué se enfrenta De la Espriella? La dimensión humanitaria del conflicto refleja la presión que ejercen las organizaciones armadas sobre las comunidades. En abril, la Defensoría del Pueblo y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) advirtieron que el número de personas afectadas por el confinamiento había aumentado un 63% frente al primer trimestre de 2025.
La fragmentación y la intensificación de las confrontaciones fueron señaladas como factores de ese deterioro. A esta situación se suma el crecimiento de las estructuras armadas y su capacidad para incorporar nuevas modalidades de ataque. Según cifras del Ministerio de Defensa citadas por la prensa occidental, el número de integrantes de estos grupos pasó de 15.120 al cierre de 2022 a aproximadamente 28.802 en julio de 2026. América Latina El presidente de Colombia anuncia el refuerzo de operaciones militares tras una serie de atentados 2 de noviembre, 18:29 GMT Este crecimiento da cuenta de la expansión de las estructuras armadas , aunque por sí solo no permite establecer su capacidad militar, el grado de control territorial que ejercen ni su disposición a acogerse a un proceso de sometimiento.
El escenario está marcado por la presencia de múltiples organizaciones con estructuras y áreas de influencia diferenciadas. Según el monitoreo de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA), entre los principales actores se encuentran el ELN, el Estado Mayor Central (EMC), el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), entre otras estructuras. La disputa por el control territorial quedó reflejada en las 12 alertas tempranas que emitió la Defensoría del Pueblo entre agosto y noviembre de 2026 . Las advertencias mostraron, en conjunto, que no existe una única confrontación, sino múltiples disputas regionales por territorios, corredores estratégicos y economías ilegales.
América Latina Varios muertos deja un nuevo atentado con explosivos en Colombia 2 de noviembre, 18:09 GMT Una de las expresiones de este conflicto que ha registrado un aumento es el uso de drones en las acciones armadas. Entre enero y mayo de este último año se documentaron 121 ataques con sistemas aéreos no tripulados . Agosto se posicionó como el mes con mayor registro de este tipo de agresiones, con 56 registros. Aunque el dato corresponde a la transición gubernamental, muestra la dimensión que adquirió esta modalidad, que se extendió a nuevos departamentos y zonas pobladas .
Entre el sometimiento y la transformación territorial El desafío de la Ley de Sometimiento no se limita a desarmar las estructuras ni a conseguir que sus integrantes abandonen las actividades criminales. También implica intervenir las redes económicas y las relaciones de poder que permiten la permanencia de estas organizaciones, según argumenta el Gobierno. El propio Consejo Superior de Política Criminal reconoce que las organizaciones armadas actuales derivan su poder del control de economías ilícitas y de la dominación violenta en territorios donde la presencia estatal ha sido insuficiente o fragmentada. "Hay una selectividad en la participación de élites de poder regional en relación con el narcotráfico", señaló en diálogo con Sputnik el investigador Ricardo Vargas. Esta preocupación también aparece en el concepto del Consejo Superior de Política Criminal.
Al recoger la intervención de la Defensoría del Pueblo, el documento señala que el desmantelamiento de las organizaciones " no puede centrarse exclusivamente en quienes portan armas ". La Ley 2640 establece que los integrantes de las organizaciones que se sometan deberán aportar información detallada sobre sus delitos, mandos, financiadores, redes de apoyo y economías ilícitas, además de identificar, declarar y entregar los bienes y activos obtenidos mediante actividades criminales , incluidos aquellos bajo control de terceros. La norma contempla criterios para la destinación de esos activos, entre ellos la atención a las víctimas y a las comunidades de los territorios donde operan las organizaciones. También establece mecanismos de reparación individual y colectiva , así como trabajos restaurativos.
América Latina La ONU renueva el mandato de la Misión de Verificación para el Acuerdo de Paz en Colombia hasta 2027 31 de octubre, 11:38 GMT La verificación estará distribuida entre el Gobierno, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía, el Ministerio de Defensa y las autoridades judiciales. Uno de los principales desafíos será comprobar que la entrega de información y bienes conduzca al desmantelamiento efectivo de las estructuras económicas y territoriales , no solamente a la salida de sus integrantes. A esto se suma la diversidad de organizaciones que tendría que atraer el mecanismo. El analista Francisco Toloza cuestiona, por su parte, en diálogo con este medio, que el Gobierno pretenda aplicar una misma fórmula a actores armados con estructuras e intereses diferentes .
A su juicio, la posibilidad de que continúen vigentes las órdenes de captura y los procedimientos de extradición difícilmente ofrecería los mismos incentivos a guerrillas históricas, organizaciones paramilitares y estructuras vinculadas al narcotráfico. La dificultad no reside únicamente en conseguir que los grupos acepten el mecanismo, sino en establecer condiciones que permitan verificar su desmantelamiento y evitar que sus estructuras financieras, redes de apoyo y actividades económicas continúen operando bajo otras formas. El investigador también advierte que el conflicto colombiano no puede explicarse exclusivamente por el tráfico de drogas. "El narcotráfico financia una parte de la guerra, pero el banano, el petróleo, la minería ilegal [...] la sigue confrontando ", afirmó. En su análisis, algunas organizaciones han diversificado sus actividades hasta convertirse en estructuras económicas que participan en distintos mercados ilegales y mantienen vínculos con otros sectores de poder .
Esta transformación plantea un desafío adicional para la ley: conseguir que el sometimiento de sus integrantes se traduzca en la desarticulación de las redes que financian y reproducen la violencia. Para Vargas, el sometimiento de las estructuras armadas tampoco será suficiente si no se modifican las condiciones que permiten la reproducción del conflicto en los territorios. "Mientras no se afecten los aspectos de orden social, económico, político del territorio, el conflicto va a seguir y se puede incrementar", advirtió. No te pierdas las noticias más importantes Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces . Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
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