El incremento de los enfrentamientos entre grupos armados, los ataques contra instalaciones militares y el desplazamiento de comunidades campesinas e indígenas encendieron las alarmas de las autoridades. La región registra más de 11 mil personas afectadas por la violencia entre mayo y septiembre de 2026. BOGOTÁ, COLOMBIA. La creciente confrontación entre organizaciones armadas ilegales en el departamento de Bolívar llevó a la Defensoría del Pueblo de Colombia a emitir una alerta urgente ante el deterioro de las condiciones de seguridad y el agravamiento de la crisis humanitaria que afecta a las comunidades del sur de esa región.
Leer También: Evacúan medios de comunicación en Bogotá tras amenazas de posibles atentados terroristas El pronunciamiento, divulgado este lunes 9 de noviembre, se produjo después de una serie de hechos violentos que incluyeron el atentado con explosivos contra el Cantón Militar del Ejército Nacional, ubicado en Santa Rosa del Sur , donde murieron tres militares y decenas de personas resultaron heridas. El ataque ocurrió el sábado, mientras se desarrollaba un consejo de seguridad convocado luego del asesinato de otras tres personas registrado un día antes. La sucesión de estos acontecimientos evidenció el incremento de la violencia en una zona marcada por la disputa territorial de estructuras armadas ilegales. Defensoría alerta por escalada de violencia en Bolívar El Ministerio de Defensa colombiano atribuyó el atentado al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y señaló que la acción habría sido una represalia por la captura de alias «Carrito», identificado como cabecilla financiero del Frente de Resistencia Guamocó.
Sin embargo, la Defensoría advirtió que los hechos recientes no representan episodios aislados, sino que forman parte de una confrontación prolongada por el control de territorios estratégicos en la Serranía de San Lucas , donde mantienen presencia el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC bajo el mando de alias «Calarcá». Expresamos nuestra preocupación por el ataque con explosivos contra el Cantón Militar del Ejército Nacional, en Santa Rosa del Sur, Bolívar. Nos solidarizamos con los integrantes de la Fuerza Pública afectados por estos hechos y sus familias. El ataque en la cabecera municipal… pic.twitter.com/6jggP0hMKh — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) November 7, 2026 La institución también alertó sobre las consecuencias que esta disputa tiene para la población civil.
Entre mayo y septiembre de 2026, el organismo contabilizó 22 emergencias humanitarias relacionadas con desplazamientos forzados masivos y confinamientos , situaciones que han limitado la movilidad de las comunidades y obligado a numerosas familias a abandonar sus hogares. De acuerdo con las cifras presentadas, más de 11 mil 100 personas, pertenecientes a cerca de 5 mil familias, resultaron afectadas durante ese período. Entre los sectores más vulnerables figuran comunidades campesinas e indígenas que habitan en la Serranía de San Lucas y permanecen expuestas a los enfrentamientos. Lamentamos profundamente el asesinato de nuestros tres soldados del @COL_EJERCITO , víctimas del ataque terrorista perpetrado contra el Cantón Militar de Santa Rosa, en el sur de Bolívar.
Hoy Colombia pierde a tres de sus hijos que, con compromiso y amor por la patria, servían a… pic.twitter.com/Jpo4uwRCPI — Mindefensa (@mindefensa) November 8, 2026 La violencia también ha incorporado nuevas modalidades de ataque. Además de los explosivos convencionales, los grupos armados han utilizado drones artillados contra instalaciones policiales, como ocurrió el pasado 19 de agosto en el municipio de Norosí. Ante este escenario, la Defensoría del Pueblo solicitó a las autoridades nacionales, departamentales y municipales implementar medidas urgentes de protección para evitar que la crisis continúe extendiénd ose. Asimismo, pidió a la Fiscalía General avanzar en las investigaciones por los homicidios y atentados registrados en la región.
El organismo insistió en la necesidad de garantizar asistencia humanitaria y proteger a las comunidades que permanecen atrapadas en medio de la confrontación armada, ante el riesgo de nuevos desplazamientos y vulneraciones de sus derechos fundamentales.
