Un tribunal de la provincia ecuatoriana de Chimborazo, en el centro del país, rechazó el lunes 9 de noviembre el recurso de hábeas corpus solicitado para que la excandidata presidencial Luisa González pudiera defenderse en libertad del proceso abierto en su contra por presunto lavado de activos. El juez Fabián Toscano informó de que la decisión fue adoptada por unanimidad y ratificó la orden de prisión preventiva contra González, dirigente del movimiento Revolución Ciudadana (RC), de izquierda. Según el tribunal, no se presentaron pruebas que demostraran la presunta inconstitucionalidad de la privación de libertad. El tribunal por unanimidad declara improcedente la acción y por tanto rechaza el hábeas corpus presentado González fue detenida el pasado 22 de octubre en su domicilio de la provincia de Manabí, en el centro noroeste de Ecuador.
La excandidata acusa al Gobierno de ejercer una persecución política contra sus adversarios. Prisión preventiva para otros investigados La resolución se enmarca en la investigación denominada caso Laberinto , en la que también se dictó prisión preventiva contra el exparlamentario Santiago Díaz, igualmente vinculado a Revolución Ciudadana. Díaz se encuentra actualmente en prisión por violación a una menor de edad. La medida cautelar también alcanza a Wendy Onofre, secretaria del movimiento político RETO.
En cambio, para Estefanía Molina, responsable de las finanzas de Revolución Ciudadana, la autoridad judicial estableció medidas alternativas a la prisión. Entre esas medidas figuran la presentación periódica ante la autoridad competente, la prohibición de salir del país y el uso de un dispositivo de vigilancia electrónica. La autoridad judicial dispuso medidas alternativas a la prisión, como la presentación periódica ante autoridad competente, prohibición de salida del país y utilización de un dispositivo de vigilancia electrónica La Fiscalía investiga los fondos de la campaña La Fiscalía ecuatoriana sostiene que el caso Laberinto pretende esclarecer posibles irregularidades tanto en el origen de los recursos como en los gastos de publicidad electoral de la campaña presidencial de 2023. La hipótesis de los investigadores señala que, entre mayo y agosto de ese año, se habría utilizado una estructura de personas jurídicas para canalizar aproximadamente 500.000 dólares destinados a actividades electorales.
Las autoridades también examinan la posible procedencia de fondos relacionados con la comercialización ilegal de hidrocarburos. La investigación incluye, además, determinados movimientos financieros y relaciones empresariales que podrían estar vinculados con la financiación de la campaña presidencial. La investigación busca esclarecer presuntas irregularidades en el origen de los recursos y en los gastos de publicidad electoral correspondientes a la campaña presidencial de 2023 Revolución Ciudadana, en el foco de varias investigaciones El caso Laberinto se suma a otras investigaciones que afectan a dirigentes de Revolución Ciudadana, organización política fundada por el expresidente Rafael Correa, quien gobernó Ecuador entre 2007 y 2017. La formación es considerada una de las principales fuerzas opositoras al Gobierno de Daniel Noboa.
A comienzos de 2026, la Fiscalía abrió otra investigación, denominada caso Caja Chica , por presunto lavado de activos. Ese expediente está relacionado con supuestos recursos procedentes de Venezuela que habrían sido utilizados para financiar actividades políticas durante la campaña presidencial de 2023. Con el rechazo del recurso, Luisa González continuará en prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial por el caso Laberinto, en el que la Fiscalía analiza el origen y el destino de los fondos vinculados a la campaña electoral.
