El Gobierno prepara una ley que impedirá a los bancos conceder préstamos, emitir tarjetas de crédito no solicitadas o ampliar sus límites sin que el cliente lo haya pedido previamente y haya dado su consentimiento expreso. La medida busca frenar el sobreendeudamiento de las familias y evitar que los consumidores reciban financiación que no han solicitado. Por ahora, se trata de una reforma pendiente de aprobación definitiva. La propuesta forma parte del Anteproyecto de Ley de contratos de crédito al consumo, impulsado por el Ministerio de Economía para reforzar la protección de los consumidores financieros.
El texto adapta la legislación española a dos directivas de la Unión Europea y establece nuevas condiciones para la concesión de financiación. Entre los cambios más importantes figura la prohibición de activar créditos sin una solicitud previa y una aceptación expresa del cliente. Los bancos necesitarán una solicitud expresa para conceder créditos La nueva regulación pretende impedir que los bancos y otras entidades financieras concedan un crédito, emitan una tarjeta no solicitada o aumenten unilateralmente su límite sin autorización. Para hacerlo, será necesario que exista una petición concreta del consumidor y que este acepte expresamente las condiciones antes de formalizar la operación.
El anteproyecto también establece que el consentimiento no podrá darse por supuesto. Esto significa que las casillas marcadas por defecto o la falta de respuesta del cliente no servirán como autorización para contratar un préstamo. La aceptación deberá ser libre, clara e inequívoca. La medida llega en un contexto en el que el encarecimiento de los productos y servicios básicos ha llevado a numerosas familias a recurrir a la financiación para afrontar sus gastos habituales.
El objetivo del Gobierno es evitar que esa necesidad de crédito termine aumentando el riesgo de sobreendeudamiento mediante operaciones que el consumidor no ha decidido contratar. Créditos preautorizados de los bancos sin activación automática Los bancos podrán seguir ofreciendo préstamos preautorizados o comunicar a sus clientes que tienen disponible una ampliación del límite de su tarjeta. Este tipo de ofertas comerciales no desaparecerá necesariamente con la nueva regulación, pero no podrá convertirse en una operación efectiva sin la autorización del consumidor. Por ejemplo, si un banco informa de que puedes ampliar el límite de tu tarjeta de crédito, esa comunicación no será suficiente para ejecutar el cambio.
Tendrás que solicitarlo y aceptar las condiciones correspondientes antes de que la entidad pueda modificar la financiación disponible. Lo mismo ocurrirá con los préstamos personales y otros créditos al consumo. La existencia de una oferta preaprobada no permitirá activar automáticamente la financiación. La nueva exigencia busca garantizar que cada operación responda a una decisión expresa del cliente y no a una iniciativa unilateral de la entidad financiera.
Tarjetas y préstamos de los bancos afectados por la nueva ley La reforma no se limita a las tarjetas de crédito tradicionales. El anteproyecto contempla diferentes modalidades de financiación al consumo y establece nuevas obligaciones para las entidades que las comercializan. Entre los productos que pueden verse afectados por la exigencia de consentimiento expreso se encuentran: - Préstamos personales: financiación destinada a compras, gastos particulares y otras necesidades de consumo. - Pagos fraccionados: operaciones que permiten aplazar el importe de determinadas compras y que estén incluidas en el ámbito de la nueva regulación. - Microcréditos: préstamos de pequeñas cantidades que suelen concederse mediante plataformas digitales. - Tarjetas de crédito: tanto las nuevas tarjetas no solicitadas como los aumentos unilaterales de sus límites de financiación. En cuanto al calendario, la Directiva (UE) 2023/2225 establece el 20 de noviembre de 2026 como fecha de aplicación de las nuevas medidas europeas.
Sin embargo, esa fecha no equivale a la aprobación definitiva de la ley española, que todavía debe completar su tramitación legislativa. El anteproyecto contempla que la futura ley entre en vigor, con carácter general, 20 días después de su publicación oficial, aunque determinadas disposiciones tendrán plazos diferentes. Por tanto, todavía no puede darse por hecho que todas estas obligaciones sean exigibles a los bancos desde el 20 de noviembre. Será necesario conocer el texto definitivo y su calendario de aplicación.
