Bloomberg — Los legisladores venezolanos aprobaron un proyecto de ley destinado a atraer inversión privada a la red eléctrica del país, propensa a los apagones. La legislación, aprobada por unanimidad por la Asamblea Nacional el martes, permitirá a las empresas, incluidas las productoras de petróleo, generar, transmitir, distribuir y vender electricidad mediante acuerdos con una duración de hasta 25 años, abriendo así un sector dominado por el Estado desde 2010. El colapso de la red eléctrica ha sido uno de los principales obstáculos para la reactivación económica y ha constituido un punto central de las protestas. El Gobierno interino, respaldado por Estados Unidos, dispone ahora de un plazo de hasta 180 días para promulgar los reglamentos necesarios para la aplicación de la nueva ley.
La ley de electricidad es la última reforma económica impulsada por la presidenta en funciones, Delcy Rodríguez. Este año, la Asamblea ha aprobado leyes sobre hidrocarburos y minería que también pretenden atraer capital privado a sectores dominados desde hace tiempo por el Estado. El suministro eléctrico poco fiable ha obstaculizado los esfuerzos de Venezuela por aumentar la producción de petróleo, ya que la mayoría de las operaciones dependen de la red estatal. Las empresas energéticas interesadas en invertir en Venezuela, como la brasileña Eneva SA, desean contar con normas más claras.
Los cambios se producen en medio de un aumento del consumo eléctrico impulsado por el incremento de las temperaturas y el crecimiento de la actividad económica. La ley “tendrá, sin duda, un importante impacto positivo en la prestación del servicio de energía eléctrica en nuestro país”, afirmó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, al término de la votación. Negó que los cambios supongan una “privatización” del sector. ¿Qué permitirá la nueva ley eléctrica de Venezuela a las empresas privadas? La legislación permitirá a las empresas privadas generar electricidad para abastecer a industrias y negocios, como centros comerciales, según las tarifas establecidas, lo que aumentará la cantidad de energía disponible para el sistema nacional.
En una disposición considerada fundamental para los inversores, la ley permite que las controversias se resuelvan a través de los tribunales locales o de procedimientos internacionales de mediación y arbitraje. La reforma prevé revisiones anuales de los costos operativos del sector eléctrico, así como incentivos para el ahorro energético y subvenciones. El Estado mantendrá el control sobre la generación hidroeléctrica en las cuencas de los ríos Caroní, Paragua y Caura, el complejo Uribante-Caparo y otras centrales, así como sobre las redes principales de transmisión y distribución y el despacho de la electricidad. La ley crea un organismo regulador independiente encargado de calcular las tarifas basadas en costos, emitir normas técnicas y auditar a los operadores.
La metodología tarifaria debe cubrir los costos operativos y de inversión eficientes y permitir a los operadores una rentabilidad razonable sobre los activos, comparable a la de actividades con riesgos similares. Se permitirá la participación de empresas privadas mediante licencias, certificados de registro o concesiones. Las empresas que exploten instalaciones de más de 50 megavatios y sistemas de transmisión clave deberán obtener una concesión. Los generadores, operadores y grandes usuarios que cumplan los requisitos también podrán negociar libremente los precios de la electricidad mediante contratos bilaterales, sin controles tarifarios previos.
La ley permite al Gobierno conceder exenciones fiscales temporales para fomentar la inversión en el sistema eléctrico. La Asamblea Nacional debatió por primera vez la nueva legislación a principios de junio. El Gobierno se ha comprometido a aumentar la capacidad en 7.400 megavatios a medio plazo. La empresa estatal de servicios públicos Corpoelec ha firmado acuerdos con GE Vernova Inc. y la argentina IMPSA S.A.
El Gobierno también tiene previsto contratar dos barcazas de generación eléctrica para paliar la crisis en el oeste de Venezuela. El Gobierno también está buscando financiación multilateral. Las conversaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo, que comenzaron en septiembre, se centraron en un plan de compromiso de dos años para proyectos eléctricos y sociales. El Banco Mundial ha identificado una operación de préstamo de US$500 millones centrada en el agua y la electricidad.
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