Bogotá — El centro de estudios económicos ANIF respaldó la Ley de Rescate Fiscal presentada por el Gobierno de Abelardo De la Espriella, aunque pidió modificar algunas de sus medidas tributarias para evitar efectos sobre el empleo, la inversión y la actividad productiva. La entidad también invitó al Gobierno y al Congreso a construir un consenso que permita avanzar en el ajuste de las finanzas públicas. En un pronunciamiento sobre el proyecto, ANIF advirtió que la situación fiscal del país requiere medidas de ajuste y que, sin una iniciativa de esta naturaleza, el déficit del Gobierno Nacional Central podría superar el 9% del PIB en 2027, el nivel más alto registrado en la historia del país. Además, proyectó que la deuda pública superaría el 70% del PIB a partir de 2029.
En ese escenario, los pagos de intereses, pensiones y transferencias al Sistema General de Participaciones serían superiores al recaudo de la Nación. Esto, según el centro de pensamiento, obligaría al Gobierno a endeudarse para cubrir obligaciones básicas como el pago de nómina, salud, educación, seguridad y programas sociales. El peso de los impuestos en la Ley de Rescate ANIF considera que la propuesta del Gobierno va en la dirección correcta y plantea un ajuste fiscal cercano al 4,7% del PIB para 2030, una magnitud que considera consistente con el tamaño del desafío de las finanzas públicas. El proyecto contempla reducciones del gasto público, mayores controles asociados a la regla fiscal y la eliminación de algunos impuestos que generan poco recaudo y resultan difíciles de administrar.
También incluye el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (RUGE), mecanismo que busca atraer inversiones de gran escala mediante una tarifa reducida del impuesto de renta y estabilidad tributaria durante 16 años. Para ANIF, esta figura permitiría mejorar la posición competitiva de Colombia frente a otros países de la región, como Argentina y Chile, en la atracción de capitales internacionales. Sin embargo, el centro de estudios señaló que la distribución del ajuste propuesto merece una revisión. Según sus cálculos, el 35% del esfuerzo fiscal provendría de medidas de reducción del gasto, mientras que el 54% recaería en mayores contribuciones de familias y empresas. “Este balance será difícil de reconciliar con la fatiga tributaria de los colombianos”, señaló ANIF.
La entidad también recordó que Colombia tiene una de las tasas de renta corporativa más altas del mundo, situación que, a su juicio, reduce su atractivo frente a otros mercados que compiten por nuevas inversiones. El IVA y los sectores productivos, entre las principales preocupaciones Uno de los puntos que ANIF considera necesario revisar es el aumento del IVA contemplado en la Ley de Rescate. Aunque el proyecto incluye el programa EfectIVA, diseñado para devolver parte del impuesto a los hogares más pobres, la entidad advierte que la medida enfrenta dificultades políticas y podría tener efectos sobre diferentes actividades económicas. De acuerdo con el análisis de ANIF, el 62% del valor de la canasta gravada con mayores impuestos corresponde a bienes y servicios de consumo intermedio, es decir, insumos utilizados por las empresas en sus procesos productivos.
Por esa razón, considera que el impacto no se limitaría al consumidor final, sino que podría trasladarse a los costos de producción de diferentes sectores. El centro de pensamiento mencionó particularmente las actividades de alojamiento y comidas, ganadería y agricultura. “Si el programa de devolución del IVA, denominado EfectIVA, no funciona como plantea el proyecto de ley y no se mitigan los efectos sobre sectores como el de alojamiento y comidas, ganadería y agrícola, esta medida puede generar pérdidas importantes de bienestar en los hogares y de las actividades afectadas”, advirtió. Por ello, ANIF planteó que vale la pena reconsiderar algunas de estas disposiciones y permitir que el país analice diferentes escenarios antes de adoptar las medidas. ANIF cuestiona los mayores costos laborales para las empresas Otro de los reparos está relacionado con la propuesta de reducir la deducción de los pagos de parafiscales que realizan los empleadores, una modificación que incrementaría los costos laborales para las compañías.
ANIF calculó que una empresa tendría un sobrecosto mensual de COP$315.000 por un trabajador que devengue tres salarios mínimos y de COP$950.000 por uno que reciba cuatro salarios mínimos. La entidad considera que este cambio resulta inconveniente en un contexto de acelerada transformación tecnológica y mayor competencia empresarial, en el que las compañías enfrentan incentivos para automatizar procesos. En ese sentido, advirtió que elevar los costos asociados a la nómina podría afectar las decisiones de contratación y la capacidad de las empresas para sostener el empleo. La propuesta de ANIF es revisar esta disposición y priorizar la protección del empleo formal dentro del ajuste fiscal.
Contrabando y mayores impuestos al alcohol y los cigarrillos El centro de pensamiento también pidió considerar los efectos del contrabando antes de aumentar los impuestos a productos como el alcohol y los cigarrillos. Según ANIF, los incrementos tributarios podrían generar un efecto contrario al esperado si terminan incentivando el comercio ilegal y reduciendo las ventas del sector formal. La preocupación es que una mayor carga impositiva sobre estos productos no necesariamente se traduzca en el recaudo proyectado, pues podría erosionar la base gravable de las actividades legales. Por eso, propuso modular los incrementos para evitar que las diferencias de precios entre los canales formales e ilegales terminen favoreciendo el contrabando.
Venta de ISA, impuesto a las pensiones altas y recortes de gasto: las alternativas de ANIF Frente a las medidas que considera necesario revisar, ANIF planteó otras fuentes de ingresos y opciones de reducción del gasto para mantener el objetivo de ajuste fiscal. Entre sus propuestas está aumentar los recortes al gasto público, incluida una reducción de al menos 10% de los cargos creados durante los últimos años en la Rama Judicial, la Fiscalía y los órganos de control. También sugirió focalizar los subsidios estatales para que lleguen exclusivamente a los hogares de menores ingresos, establecer un impuesto a las pensiones altas y reducir las deducciones relacionadas con los pagos empresariales en efectivo. Otra de las alternativas planteadas es la enajenación de activos del Estado, entre ellos ISA, como mecanismo para reducir las necesidades de financiamiento de la Nación.
ANIF aclaró que la venta de activos no reemplaza las fuentes recurrentes de ingresos fiscales, pero considera que podría contribuir a disminuir las necesidades de endeudamiento y el servicio de la deuda durante los próximos años. A esta alternativa sumó el desmonte gradual del subsidio al ACPM, que también podría contribuir a compensar los ingresos que dejarían de obtenerse si se modifican algunas de las medidas tributarias más polémicas. En materia empresarial, la entidad propuso aplazar la reducción de la tarifa del impuesto de renta corporativa a cambio de evitar incrementos en los costos asociados a la nómina de las empresas. Esta modificación permitiría, según su planteamiento, priorizar la protección del empleo sin abandonar la discusión sobre la competitividad tributaria del país.
ANIF pide un acuerdo entre el Gobierno y el Congreso El pronunciamiento concluye con un llamado a que las observaciones sobre la Ley de Rescate se traduzcan en propuestas concretas y no se queden únicamente en cuestionamientos al proyecto. La entidad sostuvo que quienes soliciten revisar, aplazar o modificar alguna de las fuentes de ingresos contempladas en la iniciativa deben presentar alternativas que permitan compensar los recursos que dejarían de recaudarse. La discusión, por tanto, no debería limitarse a aprobar o rechazar las medidas del Gobierno, sino a encontrar mecanismos que permitan alcanzar el ajuste fiscal sin comprometer el empleo ni el clima de inversión. “Nuestro espíritu frente a la Ley de Rescate es propositivo. Invitamos a todos los participantes de esta discusión a ser constructivos y exhortamos al Gobierno y al Congreso a buscar rápidamente un consenso en esta materia”, concluyó ANIF.
El objetivo planteado por el centro de pensamiento es que Colombia pueda avanzar hacia una senda de ajuste fiscal ordenado, al tiempo que protege el empleo y mejora las condiciones para atraer inversión.
