Bloomberg — El Gobierno de Brasil ha dado a conocer un paquete de medidas destinadas a reforzar las finanzas públicas y a disipar las preocupaciones de los inversores sobre el aumento de la deuda pública, en un momento en que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende mitigar los temores fiscales que han agitado los mercados desde su victoria electoral. El gobierno presentó este miércoles un proyecto de ley que endurecería las normas fiscales vigentes y le otorgaría mayor margen de maniobra para congelar el gasto, en su intento por cumplir los objetivos presupuestarios. Se espera que el ajuste global mejore los resultados fiscales primarios entre 50.000 y 60.000 millones de reales (US$10.800 millones) en 2027, con un impacto aún mayor en los años siguientes, según afirmó el ministro de Planificación, Bruno Moretti, durante una comparecencia ante el Congreso. El proyecto de ley, que el equipo económico de Lula negoció con los legisladores, limitaría el crecimiento real del gasto al 2% a partir de 2027, frente al 2,5% actual, cuando el cumplimiento del objetivo fiscal del gobierno se vea en riesgo.
Permitiría al gobierno congelar el gasto incluso cuando su saldo presupuestario primario se encuentre dentro de la banda de tolerancia inferior de su objetivo, y suprimiría una serie de beneficios fiscales, entre los que se incluyen exenciones, subvenciones y créditos. Estas propuestas constituyen el primer intento de Lula de demostrar su voluntad de reforzar las finanzas públicas después de que su sorprendente victoria electoral inquietara a los inversores. La moneda brasileña se ha desplomado desde que la segunda vuelta del 25 de octubre frustró las esperanzas de los inversores de que un cambio en el liderazgo supusiera una mayor moderación del gasto y ayudara al banco central a situar la inflación de nuevo en su objetivo del 3%. Sin embargo, incluso como primer paso, es probable que no satisfaga las exigencias de los inversores, que han presionado para que se ponga fin a los aumentos del salario mínimo real y a otras políticas destinadas a frenar los déficits nominales superiores al 9% del producto interior bruto y una deuda pública que ha superado el 80%.
El gobierno se ha fijado como objetivo alcanzar el próximo año un superávit presupuestario primario, excluidos los pagos de intereses, del 0,5% del PIB. Lula se ha comprometido a mejorar esos resultados hasta alcanzar un superávit primario del 1,5% en 2030. Moretti afirmó en la audiencia que las medidas darían al gobierno “una confianza aún mayor” en que podría “acelerar el proceso de consolidación fiscal”. Al mismo tiempo, la legislación otorga al gobierno la facultad de excluir hasta 10.500 millones de reales en subvenciones al diésel de su objetivo presupuestario para 2026.
Los asesores de Lula han estado debatiendo con qué rapidez podrían endurecer las restricciones al gasto público sin repetir lo que sus aliados consideran errores cometidos por la expresidenta Dilma Rousseff, quien adoptó de forma abrupta medidas de austeridad tras ganar la reelección en 2014. El paquete incluye medidas tanto en el ámbito de los ingresos como en el del gasto y requerirá modificaciones en la legislación complementaria, según Moretti. El gobierno tiene la intención de proteger el gasto considerado esencial para las prestaciones sociales. Asimismo, desea revisar las desgravaciones fiscales que “no logran los resultados previstos”, afirmó Moretti.
Añadió que también se revisarán “privilegios” como los denominados “super salarios” de algunos funcionarios públicos. Lea más en Bloomberg.com
