El Fondo Monetario Internacional (FMI) y Honduras alcanzaron un acuerdo preliminar tras evaluar el cumplimiento de los compromisos económicos asumidos por el país. Si el organismo aprueba la revisión, el Gobierno podrá acceder a 120 millones de dólares en el marco del programa de financiamiento vigente. Entre los compromisos establecidos figura limitar el déficit fiscal al 1 % del producto interno bruto (PIB). Asimismo, se redujo la cobertura del subsidio eléctrico, que pasó de beneficiar a unos 950 000 hogares a alcanzar apenas a cerca de 325 000.
Estas medidas mantienen abiertas las interrogantes sobre sus posibles repercusiones sociales y el impacto en la economía de las familias hondureñas. El programa del FMI también contempla ajustes tarifarios y reformas de la estatal eléctrica. Estas condiciones vinculan el acceso al financiamiento internacional con decisiones económicas nacionales, mientras especialistas advierten sobre posibles efectos en el costo de vida. Los cuestionamientos también alcanzan la inversión pública.
Representantes de los trabajadores reclaman transparencia sobre los compromisos asumidos y temen que las restricciones presupuestarias afecten servicios esenciales como salud y educación. El FMI plantea que la disciplina fiscal debe acompañarse de protección social. Sin embargo, los sectores consultados cuestionan si Honduras podrá cumplir sus obligaciones financieras sin trasladar los costos del ajuste a los hogares y a los servicios públicos. Daniel Sierra, Tegucigalpa de Honduras. mnj/rba