Bloomberg — El plan del presidente Donald Trump para tomar el control directo de las reservas petroleras de Venezuela genera temores de que el país se convierta en una moderna colonia de recursos, similar a las llamadas repúblicas bananeras de hace un siglo, lo que podría plantear riesgos a largo plazo para las petroleras que operen allí. Trump dijo a última hora del viernes que se había alcanzado un acuerdo con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, mediante el cual EE.UU. controlará más de 65.000 millones de barriles de petróleo “a través de una asociación con empresas privadas”. Aunque se conocen pocos detalles adicionales, el plan sorprende por su magnitud y ambición. La nueva empresa tendrá una concesión de 100 años sobre 17 campos petroleros, lo que la convertirá en el segundo mayor tenedor corporativo de reservas probadas después de Saudi Aramco, según un funcionario estadounidense.
Aun así, recuperar el sector petrolero venezolano probablemente requerirá enormes inversiones del sector privado. Podrían concretarse nuevos acuerdos comerciales tan pronto como esta semana. Chevron Corp. (CVX) y otras compañías energéticas estadounidenses están negociando acuerdos para ampliar sus operaciones en Venezuela, aunque esas conversaciones son independientes de las inversiones directas de EE.UU. en los campos petroleros del país, dijeron a fines de la semana pasada personas familiarizadas con el asunto. Alejandro Betancourt, un controvertido magnate petrolero venezolano que recientemente se convirtió en un intermediario clave entre Washington y Caracas, está negociando una asociación con el Departamento de Defensa de EE.UU., según informó también Bloomberg.
Estos acontecimientos llevan a analistas y académicos a recordar una época de neocolonialismo, cuando EE.UU. ejercía un poder desproporcionado sobre América Latina y sus recursos naturales. Esa estrategia, aplicada durante gran parte del siglo XX, provocó descontento popular, golpes de Estado y un deterioro de la democracia, condiciones que contribuyeron a la expropiación y nacionalización de activos petroleros extranjeros. La turbulenta historia petrolera de Venezuela sirve de advertencia. El sector estuvo dominado durante años por compañías estadounidenses y europeas, y el país llegó a ser uno de los mayores productores del mundo.
Sin embargo, activos de ExxonMobil Holdings Corp. (XOM) y ConocoPhillips (COP) fueron expropiados y nacionalizados durante las convulsiones políticas de la década de 2000. Chevron fue la única petrolera estadounidense que logró mantener presencia en el país. Una prueba para Trump y sus aliados será si los acuerdos actuales pueden evitar que se repitan esas reversiones en el futuro. La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. “Si yo fuera un inversionista en Venezuela en este momento, me preguntaría si en el futuro habrá un gobierno que desconozca los contratos”, dijo Francisco Rodríguez, economista venezolano y profesor de la Universidad de Denver.
El anuncio de la nueva empresa estadounidense llega casi ocho meses después de que fuerzas especiales de EE.UU. capturaran al predecesor de Rodríguez, Nicolás Maduro. Poco después, Trump presentó lo que llamó la Doctrina Donroe, una versión para el siglo XXI de la Doctrina Monroe, que advertía a las potencias europeas contra la intervención en el hemisferio occidental. Trump también dejó claro que la operación tenía tanto que ver con el petróleo como con los cargos de narcoterrorismo y narcotráfico contra el ahora encarcelado líder. Según el presidente, recuperar el deteriorado sector petrolero venezolano mediante grandes inversiones de productores estadounidenses impulsaría la economía del país y ayudaría a reducir los precios de la gasolina en EE.UU.
Desde entonces, el presidente estadounidense ha expresado frustración por la cautela de esas compañías para regresar a Venezuela. La idea de asegurar suministros adicionales de crudo justo al otro lado del Caribe ha cobrado nueva urgencia a medida que Irán continúa restringiendo el suministro a través del estrecho de Ormuz y mantiene elevados los precios mundiales de la energía. Aun así, pese a la retórica de Trump, en mayo publicó en redes sociales un mapa que mostraba a Venezuela como el estado número 51 de EE.UU., pocos anticiparon un intento tan audaz por obtener una participación directa en la riqueza petrolera de otro país. Venezuela está “funcionando como un protectorado de EE.UU. en todo menos en el nombre”, dijo Francisco Rodríguez.
Este esquema “no promueve los intereses de los venezolanos. Se trata de garantizar los intereses económicos y de seguridad de Estados Unidos”. Alejandro Velasco, profesor asociado de historia de la Universidad de Nueva York, comparó la situación con el poder que United Fruit Co. llegó a ejercer a través de sus plantaciones en Centroamérica durante la primera mitad del siglo XX. La enorme influencia de la compañía sobre la región ayudó a popularizar el término “república bananera”.
En Guatemala, por ejemplo, la intervención de EE.UU. puso fin a reformas democráticas y dio paso a décadas de autoritarismo y guerra civil. El pueblo venezolano “está completamente a merced de lo que el gobierno de EE.UU., a través de estas compañías, decida darle”, dijo. “Venezuela es ahora un Estado cliente”. La trayectoria Venezuela emergió como potencia petrolera en 1922, cuando una subsidiaria de la actual Shell Plc (SHEL) perforó cerca del lago de Maracaibo un pozo del que brotó petróleo hasta unos 60 metros de altura. Subsidiarias de compañías que más tarde serían absorbidas por ExxonMobil y Chevron llegaron al país y la producción aumentó rápidamente.
Venezuela se convirtió en el mayor exportador de crudo del mundo a fines de la década de 1920. Para la década de 1940, las compañías extranjeras producían alrededor de 94% del petróleo del país, lo que alimentó décadas de tensiones con el gobierno sobre cómo repartir los ingresos. Para retener una mayor proporción de los ingresos petroleros, Venezuela se convirtió en miembro fundador de la OPEP y nacionalizó la industria en la década de 1970. Tras años de caída de la producción, volvió a abrir el sector a compañías extranjeras en la década de 1990.
Pero a mediados de la década de 2000, el presidente socialista Hugo Chávez retomó el control de los campos petroleros y acusó a EE.UU. de “dominación, explotación y saqueo”. “La infraestructura petrolera nos fue arrebatada como si fuéramos bebés”, dijo Trump el 3 de enero. “Estados Unidos nunca permitirá que potencias extranjeras roben a nuestro pueblo o nos expulsen de nuestro propio hemisferio”. Ejecutivos petroleros estadounidenses han mantenido frecuentes reuniones con funcionarios venezolanos y de EE.UU. en Caracas, Houston y Washington en los últimos meses. Delcy Rodríguez promulgó antes este año una nueva ley de hidrocarburos que redujo el control estatal sobre los campos petroleros del país. Chevron, ConocoPhillips y ExxonMobil declinaron hacer comentarios la semana pasada sobre las negociaciones.
Sin embargo, los pocos acuerdos firmados hasta ahora con petroleras extranjeras, entre ellas compañías estadounidenses poco conocidas pero bien conectadas, como Lionheart Capital y Pacific Coast Energy Co., se negociaron bilateralmente, sin licitaciones competitivas ni supervisión regulatoria. El proceso contrasta con las adjudicaciones de concesiones en otros grandes países petroleros, como EE.UU., Brasil, Noruega y Angola. La opacidad del proceso contrasta con el entorno competitivo que Venezuela fomentó en la década de 1990, la última vez que invitó a las grandes petroleras internacionales a producir su crudo, y recuerda en cierta medida a la carrera desregulada por las concesiones durante la dictadura de Juan Vicente Gómez hace un siglo. “Gómez tenía pleno control del Congreso, y muchos de sus familiares, amigos y burócratas transferían concesiones a compañías petroleras extranjeras que buscaban entrar al país”, dijo Marcus Golding, investigador posdoctoral de la Universidad de Texas. “Había mucha opacidad. Veo muchos paralelismos con lo que ocurre hoy”.
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