La ejecutiva peruana busca emitir decretos con fuerza de ley en sectores clave, escudándose en la urgencia de responder a crisis económicas y de seguridad. Sin embargo, la cesión de estas atribuciones otorga un cheque en blanco al Gobierno y amenaza con restringir libertades civiles sin fiscalización. Delegar facultades al Ejecutivo debilitaría los contrapesos democráticos al eludir el debate parlamentario. Además, facilitaría la aprobación de leyes a puerta cerrada, con prisa y sin transparencia.
La propuesta del gobierno prioriza la reforma del Código Penal como eje principal para combatir la criminalidad. El Ejecutivo sostiene que el ajuste a las leyes resulta indispensable para enfrentar la inseguridad. La propuesta abarca seguridad, justicia, empleo, agricultura, minería, ambiente, infraestructura, tributación y reforma del Estado. Su implementación se financiará con los recursos asignados a cada sector.
Aarón Rodríguez, Lima de Perú. ght/tmv