Bloomberg — El gobierno de Bolivia dijo que espera eliminar por completo los subsidios a los combustibles para 2027 bajo su acuerdo de US$1.900 millones con el FMI, como parte de un plan para recortar el gasto público y reducir el déficit fiscal. La medida, detallada en un documento publicado el jueves por el gobierno, sería una de las iniciativas más ambiciosas de la administración hasta ahora para contener el gasto. El gobierno del presidente Rodrigo Paz ha estado reduciendo desde diciembre de 2025 los subsidios para algunos tipos de combustible sin eliminarlos por completo, una política que ha provocado protestas sociales y no ha resuelto la escasez de gasolina y diésel. El riesgo de protestas sociales derivadas de los ajustes es alto, por lo que podrían aplicarse “medidas de contingencia” en coordinación con el Fondo Monetario Internacional si fuera necesario, según el documento.
El gobierno también dijo que aumentaría el gasto en asistencia social para proteger a los sectores más vulnerables del impacto de las medidas restrictivas. Ver más: Bolivia “puede ser una de las sorpresas” para invertir en 2027 en América Latina El déficit fiscal de Bolivia alcanzó el 11% del producto interno bruto en 2025. El gobierno planea reducir la proporción al 9,1% este año, al 6,4% en 2027 y al 2% para 2031. Además de eliminar los subsidios a los combustibles, otros ajustes fiscales incluirán contener los salarios del sector público y el gasto de capital.
En una conferencia de prensa, el ministro de Finanzas, Christian Morales, dijo que recortar los subsidios a los combustibles no es una condición del acuerdo con el FMI, sino una “responsabilidad económica” necesaria para restablecer el equilibrio fiscal. Bolivia espera que la actividad económica, que se ha contraído, alcance su nivel más bajo en 2027 antes de iniciar una recuperación sostenida y regresar al crecimiento de largo plazo. “El compromiso que más obliga es el de los combustibles, y llega antes de que cualquier otra parte del programa haya tenido tiempo de funcionar”, dijo Jonathan Fortun, economista sénior del Institute of International Finance. Las transferencias del Tesoro a la estatal YPFB para subsidios a los combustibles alcanzaron 14.940 millones de bolivianos (US$1.200 millones) solo en 2025, y “eliminar eso en un solo año presupuestario sería exigente bajo cualquier régimen cambiario”, dijo. El proyecto de ley para aprobar el acuerdo con el FMI ya está ante el Congreso de Bolivia.
Es un programa de 36 meses con un plazo de reembolso de hasta 10 años después de cada desembolso. El primer desembolso se realizaría dos semanas después de que el Congreso apruebe el préstamo. La tasa de interés estará entre 3% y 3,5%, con un período de gracia de cuatro años y medio. Se realizarán revisiones trimestrales, y la primera está prevista para diciembre.
El gobierno de Bolivia también tiene como objetivo cerrar 2026 con US$5.940 millones en reservas internacionales, frente a los US$4.270 millones actuales, incluidos US$677 millones en efectivo. Se proyecta que las reservas internacionales aumenten a casi US$8.000 millones en 2028 y a más de US$9.000 millones en 2031. El programa busca diversificar la economía y recuperar la capacidad productiva mediante alivios tributarios, una mayor formalización de la economía y el empleo, y la eliminación de controles de precios y restricciones a las exportaciones. Se buscará atraer una mayor inversión del sector privado mediante un nuevo marco legal y una mayor seguridad jurídica, mientras que las empresas estatales serán reestructuradas.
Morales dijo que el préstamo del FMI activaría financiamiento adicional de otros organismos multilaterales, hasta alcanzar US$1.500 millones en desembolsos este año y al menos US$5.000 millones hasta 2028. Fortun dijo que entre los compromisos más creíbles del paquete está el de no ampliar, en términos netos, el crédito del banco central al sector público. También señaló los planes para evitar atrasos externos, nuevas restricciones cambiarias o prácticas de tasas de cambio múltiples, así como restricciones a las importaciones por motivos de balanza de pagos. La “verdadera prueba política” será la eliminación de los topes a las tasas de interés de los préstamos y de las cuotas de crédito para finales de junio de 2027, dijo.
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