Tuskegee, MK Ultra, Edgewood, Lejeune, Agente Naranja: solo algunos de los casos de experimentación y abusos contra soldados y sus familias por parte del Gobierno, que tenía la responsabilidad de protegerlos. El sargento Swartz espera interminablemente a las afueras del Capitolio. Luchando contra distintas enfermedades, este suboficial de la Infantería de Marina exige respuestas. Fue envenenado con sustancias tóxicas durante su servicio militar en Camp Lejeune, Carolina del Norte.
EE.UU. es un país que tortura y asesina a sus propias tropas cuando es conveniente. El escandaloso caso de Lejeune fue denunciado una y otra vez, pero no fue hasta 1999 cuando se notificó a los afectados y al público. Desde entonces, comenzó otro calvario: enfermedades, malformaciones, muertes prematuras, síndromes neurológicos, entre otros. No solo soldados, sino también sus familias.
Es como si el Gobierno quisiera que todos estos veteranos murieran lo más rápido posible, para que dejaran de exigir sus derechos. Mientras tanto, el campamento mantiene sus operaciones con miras a las interminables guerras de la doctrina imperialista. Según las víctimas, sus familiares y sus representantes legales, hay hasta un millón de personas involucradas en la problemática de Camp Lejeune, abandonadas a su suerte por las autoridades gubernamentales. Incluso, cientos de miles ya han perecido mientras esperaban una justicia que nunca llega.
Finalmente, aparece un grupo de legisladores. Los veteranos y sus familiares se ilusionan con la posibilidad de expresar sus inquietudes ante los servidores públicos. Pero nada. Estos los ignoran y pasan de largo.
Les increpan, pero sin efecto alguno. ¿Es esta la forma correcta de tratar a los veteranos? ¿Quiénes pagan los salarios y mantienen en sus puestos a estos legisladores? Marcelo Ali Sánchez, Washington. kmd/rba