Los precios mundiales del cobre siguen batiendo récords a medida que este metal se ha convertido en un elemento crítico para la economía moderna. Sin embargo, una de las mayores minas del mundo lleva varios años paralizada. Se trata de Cobre Panamá, un proyecto valorado en unos 10.000 millones de dólares. Su cierre fue el resultado de un conflicto político y medioambiental sin precedentes en el país centroamericano.
Ahora Panamá afronta una difícil paradoja: cómo reactivar el gigantesco yacimiento sin repetir las protestas del pasado y, al mismo tiempo, convencer a la sociedad de que los ingresos generados por la mina realmente servirán a los intereses nacionales. El cobre, un recurso clave para la nueva economía El cobre está dejando de ser un metal industrial más para convertirse en uno de los recursos estratégicos de la nueva economía . Es indispensable para las redes eléctricas, los vehículos eléctricos, las energías renovables, la construcción y los centros de datos; es decir, prácticamente para toda la infraestructura vinculada a la electrificación y al desarrollo de la inteligencia artificial. Según las estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía , con la actual cartera de proyectos, el mercado mundial del cobre podría enfrentarse a un déficit de oferta de alrededor del 25 % para 2035.
China lanza una "ofensiva de exploración minera" En este contexto, el valor del metal se ha disparado. En septiembre de 2026, el precio medio ronda los 14.700 dólares por tonelada , frente a poco más de 10.000 dólares hace un año. La situación se ve agravada por el hecho de que los nuevos yacimientos son cada vez más difíciles y costosos de explotar: la concentración de cobre en los minerales está disminuyendo y, desde el descubrimiento de un depósito hasta el inicio de la producción, pueden pasar años. La riqueza minera de Panamá Para Panamá, el cobre se convirtió en una fuente inesperada de riqueza .
Hasta hace pocos años, el país prácticamente carecía de una industria minera moderna y su economía estaba vinculada principalmente al Canal de Panamá, la logística y los servicios financieros. " Claro que tener una gigantesca mina a cielo abierto en el patio trasero no es una cuestión sencilla , especialmente en un país tan ambientalmente delicado como Panamá. Hasta que Cobre Panamá comenzó a operar en 2019, la nación tenía poca tradición minera en comparación con pesos pesados como Chile o Perú", señala el columnista de Bloomberg Juan Pablo Spinetto . La aclaratoria de Mulino sobre China que pone a Panamá en la mira del conflicto La propia mina está valorada en unos 10.000 millones de dólares y representa alrededor del 1,5 % de la producción mundial. Durante su último año de actividad, llegó a representar casi el 5 % del PIB de la nación.
El dilema de Panamá En 2023, la Asamblea Nacional de Panamá alcanzó un acuerdo con la compañía minera canadiense First Quantum , que permitía a su filial local, Panama Copper, continuar explotando la mina durante al menos otros 20 años. El acuerdo desencadenó algunas de las mayores protestas registradas en Panamá en los últimos años, incluida la toma de la central eléctrica de la mina. Finalmente, la Corte Suprema determinó por unanimidad que la concesión por 20 años era inconstitucional, y el entonces presidente, Laurentino Cortizo, anunció el inicio del proceso de cierre de la mina . Sin embargo, a medida que este elemento se vuelve cada vez más demandado, la nación se enfrenta ahora a un dilema. " Tres años después, mantener la mina cerrada parece cada día más costoso para la economía , las finanzas públicas y la reputación de Panamá como un país favorable a los negocios y la inversión.
El Gobierno del presidente José Raúl Mulino, que ya incumplió el plazo que se había fijado para tomar una decisión en junio, debe asumir la difícil tarea y anunciar la reactivación de un proyecto capaz de producir más de 350.000 toneladas métricas de cobre al año ", señala Spinetto. El clima político también podría ser propicio para que las autoridades estatales tomen la decisión de reanudar operaciones. Una auditoría realizada en junio por la empresa certificadora SGS SA mostró que la mina paralizada había alcanzado un nivel de cumplimiento de casi el 88 % de un total de 370 obligaciones medioambientales, legales, fiscales, operativas y técnicas. " Aun teniendo todo esto en cuenta, Mulino tendría que confiar en cierta medida en su anuncio. El futuro de la mina sigue siendo el asunto más divisivo de la sociedad panameña , y es probable que cierto nivel de protestas y enfrentamientos con grupos políticos organizados sea inevitable", señala el experto.