Bloomberg — Rodrigo Paz, el primer presidente boliviano favorable a los inversores en más de 20 años, quiere que las mineras internacionales extraigan los yacimientos de cobre, oro, plata y otros minerales críticos del país. Casi medio millón de mineros locales se oponen a su iniciativa. Las cooperativas que representan a esos mineros constituyen una de las fuerzas políticas más poderosas del país, representando hasta el 8% de la fuerza laboral y la mitad de la extracción mineral de Bolivia. Han explotado las riquezas minerales del país con escasa supervisión y regulación durante décadas, y han sometido repetidamente a los gobiernos mediante protestas que, en la práctica, han paralizado el país.
Pero Paz no se desanima. “¿Para qué ser pobres si tenemos todo lo necesario para convertirnos en un país altamente desarrollado?”, dijo, refiriéndose al potencial minero de Bolivia, cuyos ingresos por exportaciones palidecen en comparación con los de los vecinos Perú y Chile. Su desafío quedó al descubierto en mayo, cuando miles de mineros cooperativistas se abalanzaron hacia el palacio presidencial de La Paz, algunos lanzando cartuchos de dinamita. Finalmente, el primer Gobierno no socialista en décadas había cedido en gran medida a las demandas de los mineros de un mayor acceso al combustible, a los explosivos y a nuevas zonas de extracción. Las tensiones resurgieron en julio, cuando las disputas internas entre cooperativas rivales obligaron a las autoridades a abandonar los planes para celebrar una cumbre excepcional que reuniría a mineros locales y estatales con empresas privadas para trazar el futuro del sector. “No se les puede simplemente eliminar”, dijo Tom Larsen, presidente y CEO de Eloro Resources Ltd., una empresa exploradora con sede en Toronto que busca desarrollar un importante yacimiento de plata y estaño en Bolivia. “Representan una parte importante de la sociedad boliviana”.
Una reforma integral de las leyes mineras nacionalistas de Bolivia erosionaría muchos de los privilegios de los que gozan las cooperativas. Por ello, el gobierno de Paz, que ya se encuentra resentido tras los disturbios de principios de año, opta por cambios más graduales. Planea presentar enmiendas específicas al Congreso, entre ellas permitir que empresas privadas se asocien con cooperativas, fortalecer los derechos de desarrollo para las empresas exploradoras y reducir los impuestos, según informó un funcionario. Paralelamente, trabaja en una revisión más amplia del código minero para modernizar el sector y mejorar la seguridad jurídica. “La transición para convertir a Bolivia en un lugar seguro para la inversión debe realizarse a través de normas y leyes, pero también debe implicar la inclusión de diferentes sectores sociales”, declaró Paz a Wall Street Week de Bloomberg en mayo.
Hay indicios de que la reputación de Bolivia como destino exclusivo para los inversores con mayor tolerancia al riesgo está empezando a cambiar. Los operadores privados actuales están sopesando la posibilidad de expandirse y afirman que se han puesto en contacto con ellos posibles nuevos participantes. Decenas de pequeñas empresas de exploración están considerando realizar inversiones si el Gobierno lleva a cabo las reformas previstas, según indicó el funcionario. Recuperar a los gigantes mineros mundiales será mucho más difícil, lo que exigirá que el señor Paz —que lleva menos de un año en su mandato de cinco años y puede presentarse a la reelección— resuelva décadas de riesgos jurídicos y políticos sin provocar a las poderosas cooperativas. “Hay empresas que están analizando la situación discretamente en este momento”, dijo Quinton Hennigh, un geólogo veterano que dirige la empresa canadiense que adquirió la mina a cielo abierto de San Cristóbal en Bolivia a Sumitomo Corp. en 2023. “Pero todo depende de estos cambios fundamentales”.
El éxito aportaría unos ingresos por exportación que se necesitan desesperadamente a una economía sumida en su crisis más profunda en décadas, al tiempo que crearía una nueva fuente de minerales —desde el antimonio hasta el zinc— en un momento en que los gobiernos de todo el mundo compiten por diversificar las cadenas de suministro críticas. Por qué las cooperativas mineras tienen tanto poder en Bolivia Son personas como Óscar Chavarría quienes tienen el poder de hacer que estos cambios se produzcan. Desde su oficina en Potosí, ciudad donde se encuentra el Cerro Rico —la montaña cuya plata financió el Imperio Español—, Chavarría dirige una de las mayores federaciones mineras cooperativas de Bolivia. El movimiento se expandió drásticamente tras el colapso de la industria minera estatal en la década de 1980, y hoy abarca desde mineros de subsistencia hasta extensas operaciones comerciales con escasa regulación. “Potosí debería ser como Dubái”, afirmó Chavarría. “Debería ser una maravilla, pero la riqueza que sale de aquí simplemente se va”, refiriéndose a la creencia generalizada entre los bolivianos de que los políticos permiten que las empresas extranjeras despojen al país de sus recursos naturales.
Chavarría, al igual que Paz, tiene razón al pensar que aún hay mucho más dinero por ganar. Bolivia comparte la misma cordillera andina rica en minerales que Chile y Perú, alberga las segundas mayores reservas de litio identificadas del mundo y sigue estando entre los diez principales productores de plata, estaño, zinc y plomo. Tan solo sus reservas reconocidas por el Servicio Geológico de Estados Unidos tienen un valor bruto in situ de aproximadamente US$75.000 millones a precios actuales. Décadas de inversión insuficiente y de exploración limitada han dejado gran parte de su potencial geológico sin explotar o sin explorar.
El geólogo económico Osvaldo Arce estima que las zonas mineralizadas cubren aproximadamente tres cuartas partes del país y afirma que los recursos podrían llegar a ser, en última instancia, al menos el doble de las estimaciones actuales. Calcula que los proyectos que ya se encuentran en fases avanzadas podrían atraer alrededor de US$3.000 millones en inversión, al tiempo que aportarían más de US$1.000 millones al año en exportaciones. Sin embargo, la proliferación de la minería informal, el malestar social y la débil protección jurídica han disuadido a los inversores extranjeros. Grandes empresas mineras, como Glencore Plc y Newmont Corp., han abandonado el país, mientras que la intervención estatal ha sido, en ocasiones, más directa: En 2012, Bolivia revocó las concesiones de la empresa canadiense South American Silver Corp.
Ninguna mina importante ha entrado en producción desde 2007, lo que ha hecho que la producción dependa cada vez más de explotaciones obsoletas. El gasto en exploración va a la zaga del de otros países de la región, mientras que las exportaciones de minerales, que ascienden a unos US$5.000 millones, siguen siendo una fracción de las de la vecina Chile. El Gobierno espera reactivar un modelo que quedó prácticamente abandonado bajo el mandato del expresidente Evo Morales, permitiendo que las cooperativas titulares de derechos mineros se asocien con empresas capaces de aportar financiación, exploración, tecnología y procesos de transformación modernos. Estos acuerdos podrían permitir el acceso a yacimientos que las cooperativas no pueden explotar por sí solas, al tiempo que proporcionarían a los mineros acceso a mejores equipos, una mayor productividad y normas medioambientales y de seguridad más estrictas. “El Estado se enfrenta al reto de llevar a las cooperativas hacia una mayor producción, sofisticación y sostenibilidad”, afirmó Pablo Ordóñez, un abogado boliviano que asesora a empresas mineras.
La necesidad de cambio es evidente en el propio Cerro Rico. Tras casi cinco siglos de explotación minera, la montaña está plagada de miles de túneles y marcada por unos 150 sumideros. Las autoridades han cerrado algunas secciones de este lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, mientras los ingenieros se esfuerzan por preservar su emblemática forma cónica y los mineros de las cooperativas continúan buscando las vetas de plata que aún quedan. Deymar Silvestre, que ahora ronda los treinta y cinco años, lleva trabajando en el interior del Cerro Rico desde que tenía dieciséis.
Al final de su turno, se reúne con otros mineros en las profundidades de la montaña, masticando hojas de coca, bebiendo copas de licor y haciendo ofrendas a El Tío —la figura con cuernos que, según creen los mineros, les protege del peligro y custodia la riqueza mineral de la montaña—. “A veces quiero buscar otro trabajo, pero no hay nada más”, dijo Silvestre. Meses antes, su hermano menor había fallecido en un accidente minero. Cientos de metros más arriba, Freddy Llanos contempla la montaña desde una perspectiva diferente. Llanos, un antiguo minero cooperativista que ahora dirige la comisión de conservación del Cerro Rico en la Universidad Autónoma Tomás Frías, afirma que generaciones de extracción a corto plazo y una reinversión limitada han llevado a Bolivia a consumir su patrimonio minero en lugar de construir la próxima generación de minas. “Por eso seguimos siendo pobres”, afirmó. “Después de 500 años, hemos crecido de forma desordenada”.
La minería ha marcado el rumbo de Bolivia desde antes de la conquista española, pasando de la metalurgia prehispánica al auge de la plata centrado en el Cerro Rico, antes de que el estaño se convirtiera en su industria dominante en el siglo XX. Bolivia nacionalizó sus minas más grandes tras la revolución de 1952, poniéndolas bajo el control de la empresa estatal Comibol. Cuando los precios del estaño se desplomaron en la década de 1980, miles de mineros despedidos ocuparon túneles abandonados, lo que dio lugar al movimiento cooperativo actual. El auge de la exploración de la década de los noventa dio lugar a descubrimientos como el de San Cristóbal, antes de que el nacionalismo de los recursos bajo el mandato de Morales restringiera drásticamente la exploración.
Cómo Bolivia busca que las cooperativas se asocien con empresas mineras privadas A aproximadamente una hora al sur de Potosí, el distrito de Porco ofrece una visión de cómo el Gobierno espera que sea el futuro de la minería boliviana. Cada mañana, cientos de mineros suben a camiones y motocicletas con destino a la montaña. Algunos trabajan para cooperativas. Otros descienden a las galerías subterráneas de Sinchi Wayra, la filial boliviana de Santacruz Silver Mining Ltd.
Cuando Santacruz, con sede en Vancouver, adquirió las minas bolivianas de Glencore en 2022, heredó una relación con las cooperativas locales que se ha convertido en un elemento central de su estrategia. En Porco, la empresa permite que dos cooperativas exploten partes de la montaña en las que ya no opera, mientras que sus propios empleados trabajan a mayor profundidad bajo tierra. “Nuestra relación con las cooperativas es fundamental”, afirmó Wáscar Enríquez, jefe de gestión social de la mina Porco de Sinchi Wayra, con vistas a una ladera plagada de túneles cooperativos. Este acuerdo ilustra tanto las promesas como los inconvenientes de la estrategia del gobierno: las cooperativas obtienen acceso a empleo e infraestructura, mientras que la empresa reduce los conflictos por terrenos que ya no considera económicamente viables. Sin embargo, el aumento de los precios de los metales puede reavivar rápidamente las disputas sobre los derechos mineros, y las empresas afirman que las invasiones de concesiones siguen siendo uno de los mayores obstáculos para la inversión en el sector. “La naturaleza de las cooperativas se ha distorsionado”, afirmó Alfredo Sallés, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Sinchi Wayra. “Se han convertido en empresas privadas dirigidas por unos pocos accionistas que contratan trabajadores en condiciones ilegales y evaden impuestos mediante lagunas legales.
Esto desalienta la inversión legítima”. La escasa supervisión y la deficiente trazabilidad permiten que el mineral procedente de fuentes informales y potencialmente ilegales se mezcle con la producción legítima, lo que dificulta el control del sistema. Existen dinámicas similares en otros lugares de la región. El comercio ilegal de oro en Perú se ha disparado, y las exportaciones ilícitas han superado a los envíos legales por primera vez.
La reforma en Bolivia requerirá concesiones, y algunas cooperativas han expresado su preocupación por que una colaboración más estrecha con empresas privadas pueda convertirlas en poco más que mano de obra subcontratada. En cambio, algunos líderes de cooperativas quieren que el Estado recupere las concesiones infrautilizadas de las empresas privadas y las reasigne a los mineros locales. “No es que simplemente lleguemos y ganemos dinero: asumimos riesgos”, afirmó Omar Choquetilla, que dirige la cooperativa Potosí Kory Mayu. “La gente piensa que no contribuimos, que no pagamos impuestos. Pero hay deducciones previstas por ley, incluidas las regalías. Sí que contribuimos”.
Qué cambios necesitaría Bolivia para atraer inversión de grandes mineras Algunas empresas ya se están posicionando de cara a una posible oportunidad. Santacruz está acelerando un proyecto en Bolivia y buscando oportunidades de adquisición, al tiempo que ayuda a un grupo de empresas exploradoras a abrirse camino en el mercado boliviano, según afirmó el presidente ejecutivo, Arturo Préstamo. Los esfuerzos del Gobierno por reforzar la seguridad jurídica y colaborar con las cooperativas han reforzado su optimismo respecto a Bolivia, señaló Préstamo, al tiempo que reconoció que La Paz ha perdido parte del capital político necesario para impulsar las reformas. Los grupos del sector están presionando al Gobierno para que refuerce las protecciones contra las invasiones de concesiones, agilice la concesión de permisos y proporcione la seguridad jurídica necesaria para atraer inversiones de mayor envergadura.
Esa tarea se ve dificultada por el fuerte aumento de los precios de los metales, señaló Ilse Beltrán, que dirige la asociación que representa a las empresas mineras privadas en Bolivia. “Cuando los precios suben, la informalidad tiende a crecer”. Incluso si las cooperativas aceptan asociarse con empresas privadas, los yacimientos más grandes de Bolivia requieren demasiado capital y son demasiado complejos desde el punto de vista técnico para sus mineros, por lo que necesitarán operadores internacionales con experiencia capaces de invertir miles de millones de dólares a lo largo de décadas. No obstante, los asesores señalan que Bolivia está volviendo a atraer la atención tras años de estar al margen. Las autoridades han promovido proyectos ante un público numeroso en conferencias mineras internacionales, han firmado un acuerdo sobre minerales críticos con EE.UU. y han intensificado sus relaciones con Canadá, Australia y Corea del Sur.
La Bolsa de Toronto celebró este año su primer evento para inversores en Bolivia. Aunque el país siguió ocupando uno de los últimos puestos en cuanto a atractivo para la inversión minera en la última encuesta del Instituto Fraser, registró una de las mayores mejoras en la percepción de sus políticas. San Cristóbal Mining Inc. está estudiando una expansión en Bolivia que podría más que duplicar la producción de plata en los próximos años. Al mismo tiempo, su CEO, Hennigh, ha señalado que la empresa mantiene conversaciones con otras empresas mineras para ayudarles a entrar en el país, y que la mayor parte de ese interés ha surgido desde la elección de Paz el año pasado.
No obstante, es probable que las grandes empresas mineras esperen a tener pruebas de que Bolivia puede ofrecer mayores garantías jurídicas y un régimen fiscal competitivo, controlar a los mineros informales y demostrar que las reformas pueden resistir la volatilidad política del país. Pero el cambio de opinión ya es palpable. “La luna de miel ha terminado, pero creo que va por buen camino”, dijo Préstamo sobre el presidente Paz. “Si se producen estos cambios legales y políticos, veremos el regreso de las grandes empresas mineras”. Lea más en Bloomberg.com
