Bloomberg Línea — Honduras no deberá pagar los US$460 millones —unos 12.300 millones de lempiras (HNL)— que le reclamaba la financiera mexicana JLL Capital. Ver más: Por qué el Ciadi desestimó el reclamo de US$13,5 millones de Banesco a Panamá Así lo resolvió un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el organismo del Banco Mundial con sede en Washington, D.C., que juzga las disputas entre Estados e inversionistas extranjeros, en un laudo emitido el 30 de septiembre y dado a conocer por la Procuraduría General de la República (PGR) el 12 de octubre. El tribunal acogió, por mayoría, las objeciones de jurisdicción presentadas por la PGR y determinó que carece de competencia para conocer la controversia, porque las medidas cuestionadas versan sobre servicios financieros, materia que el capítulo de inversiones del Tratado de Libre Comercio entre México y Centroamérica excluye de sus protecciones, según el comunicado de la institución. También rechazó la petición subsidiaria de la parte demandante de que se reconociera la competencia con base en el tratado entre México y el Triángulo del Norte, que integran Guatemala, Honduras y El Salvador. “Nosotros vamos a defender el patrimonio del Estado de Honduras; la postura del Estado será defenderse”, declaró el procurador general de la República, Dagoberto Aspra, al informar el resultado a medios nacionales.
La disputa por CA Capital JLL Capital operaba en el país centroamericano a través de su subsidiaria CA Capital, un prestamista no bancario registrado ante el Banco Central de Honduras (BCH) cuyo negocio principal eran los créditos de efectivo descontados directamente de la nómina de empleados públicos y privados. La cartera de créditos colocada superó los US$50 millones —con cifras oficiales de hasta US$58 millones— y alcanzó a más de 30.000 trabajadores de unas 34 instituciones del Estado, de acuerdo con lo relató el abogado corporativo Cristian Orellana en un análisis publicado en LinkedIn. En 2018, esas operaciones quedaron paralizadas por un conflicto judicial en torno al control de la asamblea de accionistas, que terminó con la intervención de la filial. JLL Capital alegó luego ante el Ciadi que esas actuaciones equivalían a una expropiación de su inversión y a una denegación de justicia, en violación del capítulo de inversiones del Tratado de Libre Comercio entre México y Centroamérica, y reclamó US$460 millones.
El caso, registrado en febrero de 2023 bajo el número ARB/23/3, se tramitó durante el gobierno de la presidenta Xiomara Castro (2022-2026), aunque el conflicto de fondo se remonta a la administración anterior. Los casos pendientes El registro del Ciadi lista ya el arbitraje como concluido, aunque la Convención que rige el organismo permite a la parte demandante solicitar la anulación dentro de los 120 días siguientes a la emisión de la decisión. Al fallo se adjunta, además, una opinión disidente del árbitro Stephan Schill, designado por la demandante, cuyo razonamiento no ha sido hecho público. Honduras volvió a formar parte del sistema del Ciadi en agosto pasado, tras revertir la decisión del Gobierno de Castro, quien en febrero de 2024 denunció el Convenio al considerar que socavaba la soberanía nacional.
De los 12 arbitrajes que Honduras mantiene pendientes, el de mayor cuantía es el de Próspera, la ciudad modelo respaldada por inversionistas estadounidenses en la isla de Roatán, al caribe, que reclama una indemnización valorada en miles de millones de dólares tras la derogación por el Congreso Nacional de la ley que creó las zonas especiales de desarrollo.
