Al menos 31 detenidos tras una marcha universitaria en Buenos Aires

Al menos 31 detenidos tras una marcha universitaria en Buenos Aires

Al menos 31 personas fueron detenidas tras los disturbios registrados al término de la quinta Marcha Federal Universitaria, celebrada este jueves en Buenos Aires y replicada en otras ciudades de Argentina. La movilización reclamaba el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Durante los enfrentamientos, las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos y camiones hidrantes. La Policía de la Ciudad de Buenos Aires arrestó a seis personas una vez concluida la marcha.

La primera detención se produjo pasadas las cinco de la tarde, hora local: se trataba de un adolescente de 14 años que, según la información recogida por La Nación, habría lanzado piedras contra un vehículo policial. Después fueron detenidos otros cinco manifestantes. La información publicada por el mismo diario señala que todos fueron imputados por atentado y resistencia a la autoridad, salvo el único menor del grupo, de 17 años. Detenciones, heridos y daños en Buenos Aires A esos arrestos se suman otros 25 practicados por las autoridades nacionales en los accesos a la estación ferroviaria de Constitución, en el sur de la ciudad.

El Ministerio de Seguridad informó de esas detenciones, según La Nación. La cartera comunicó también que ocho agentes resultaron heridos: cuatro pertenecientes a Gendarmería, dos a la Policía Federal y dos a Prefectura Naval. Por su parte, la administración porteña cifró en 90 millones de pesos argentinos —53.000 euros— los daños causados durante los disturbios, según publicó Clarín. La ministra de Seguridad argentina, Alejandra Monteoliva, se pronunció en redes sociales después de las movilizaciones. «quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia», escribió.

También sostuvo que «en Argentina, nadie está por encima de la ley». El Gobierno prepara una denuncia penal El Ministerio de Seguridad indicó que trabaja en una denuncia penal contra las personas involucradas en los disturbios. Según La Nación, la cartera les atribuye posibles delitos de «resistencia y atentado a la autoridad; atentado al orden constitucional; y daño agravado». La actuación policial también afectó a los diputados Cecilia Moreau, Agustina Propato y Carlos Castagneto, que se encontraban cerca del edificio anexo de la Cámara de Diputados.

El edificio fue alcanzado por proyectiles de las fuerzas de seguridad y Moreau recibió atención médica. El Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) criticaron la intervención de los antidisturbios. En un comunicado conjunto, las organizaciones afirmaron: «Repudiamos enérgicamente la represión y la violencia que obligó a suspender el acto central en Buenos Aires antes de que terminara». Las organizaciones cifran la asistencia en más de un millón Las entidades convocantes compararon lo ocurrido con otras movilizaciones y aseguraron que las «cuatro marchas absolutamente masivas» anteriores, incluida la última celebrada en mayo, no fueron «controladas por las fuerzas de seguridad y nunca hubo un solo episodio».

Añadieron que «en todo el país se han manifestado hoy miles de personas pacíficamente y sin inconvenientes». Sobre la marcha de este jueves en Buenos Aires, las organizaciones dijeron haber reunido a «decenas de miles de argentinas y argentinos» y sostuvieron que la protesta transcurría «dentro del marco de la democracia y respeto de las instituciones» antes de la intervención policial. También atribuyeron al Gobierno nacional la decisión de reprimir y afirmaron que la convocatoria en el conjunto del país superó, según sus cifras, «más de un millón de personas en toda Argentina». La movilización reclamó que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario.

El comunicado de las entidades sostiene que la norma fue aprobada por el Congreso y validada en distintas instancias judiciales, pero que el Poder Ejecutivo lleva casi un año sin cumplirla. Las organizaciones relacionaron ese incumplimiento con la respuesta policial y concluyeron su declaración con el compromiso: «Seguiremos, hasta que la ley se cumpla».

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