Seis antiguos integrantes de las FARC anunciaron que presentarán ante la Fiscalía acciones legales para defender su honor y esclarecer las acusaciones que los relacionan con el asesinato del precandidato Miguel Uribe. El político murió en agosto de 2025, cuando participaba en un acto político en Bogotá, según la información difundida. Los representados son Julián Gallo Cubillos, Omar de Jesús Restrepo Correa, Sandra Ramírez Lobo Silva, Germán José Gómez López, Carlos Alberto Carreño Marín y Luis Alberto Albán Urbano. Los seis fueron congresistas de Comunes, formación política surgida tras los acuerdos de La Habana de 2016.
Los seis antiguos miembros de las FARC rechazan las acusaciones El equipo legal de los seis rechazó que se les vincule con hechos criminales mediante insinuaciones, asociaciones políticas, coincidencias de nombres, antiguos alias o informaciones cuya autenticidad y alcance probatorio no hayan sido establecidos por las autoridades competentes. En su comunicado, la firma expresó: “Rechazamos categóricamente cualquier intento de vincular a nuestros representados con hechos criminales mediante insinuaciones, asociaciones políticas, coincidencias de nombres, antiguos alias o informaciones cuya autenticidad y alcance probatorio no hayan sido establecidos por las autoridades competentes” . Los nombres de los seis han vuelto a aparecer tras unas declaraciones de María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe, en una entrevista con una emisora de radio colombiana. Tarazona señaló a Luis Alberto Albán Urbano, conocido como Marcos Calarcá , como organizador del atentado y aludió a “ocho bandidos” .
También habló de posibles nexos políticos en el crimen. El equipo legal reclama respeto al debido proceso Las acusaciones mencionadas no equivalen a una determinación de responsabilidad por parte de las autoridades. Los abogados invocaron la presunción de inocencia de sus representados y reclamaron a la Fiscalía y al resto de autoridades una “investigación seria, objetiva, independiente y respetuosa con el debido proceso” , según el comunicado de DLH Legal Group. La firma sostuvo asimismo que “Ninguna investigación puede convertirse en instrumento de estigmatización o atribución anticipada de responsabilidades contra personas determinadas” .
En ese contexto, anunció que ejercerá los mecanismos legales que considere oportunos para defender el honor y el buen nombre de los seis antiguos congresistas. El anuncio se refiere a acciones legales que los representados prevén presentar ante la Fiscalía; la información difundida no detalla cuáles serán ni indica que ya se hayan interpuesto. El comunicado tampoco establece el resultado de las acusaciones, que deberán ser objeto de investigación por las autoridades competentes.
