La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina ha ordenado que los juicios orales de las causas Hotesur y Los Sauces se celebren de forma conjunta. La resolución revoca la decisión anterior de tramitar ambos expedientes por separado y fija el comienzo de un único debate oral para el próximo 23 de octubre. La Sala I admitió los recursos del Ministerio Público Fiscal y de la Unidad de Información Financiera (UIF). La decisión salió adelante con los votos de los jueces Daniel Antonio Petrone y Diego G.
Barroetaveña, mientras que Alejandro W. Slokar expresó su disidencia. Un solo debate para las causas Hotesur y Los Sauces Los magistrados anularon el desdoblamiento que había dispuesto el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5). Consideraron que aquella decisión no estaba debidamente motivada y advirtieron de que «dos debates producirían dos sentencias» , lo que podía fragmentar la valoración de pruebas relacionadas con hechos estrechamente vinculados.
La Fiscalía sostiene que los dos expedientes forman parte de una misma investigación sobre presunto lavado de activos. El fiscal general Mario Villar describió el caso como «una misma maniobra de lavado de activos, sólo que con dos empresas diferentes de la misma familia» . En las causas hay 16 imputados en común. La hipótesis de la acusación plantea que Los Sauces, una inmobiliaria familiar, y Hotesur, una sociedad hotelera, habrían sido utilizadas como sociedades pantalla para recibir sobornos encubiertos.
Según esa tesis, los pagos habrían procedido de empresarios afines a cambio de adjudicaciones de obra pública durante los gobiernos kirchneristas. Se trata de una hipótesis fiscal, no de hechos establecidos en una sentencia de estos juicios. La acusación plantea un circuito común La separación de los procesos podía permitir que un eventual fallo absolutorio en el primer juicio se invocara como «cosa juzgada» en el segundo. Con la unificación, el tribunal podrá examinar de forma conjunta el recorrido del dinero y las operaciones investigadas en ambos expedientes.
Entre esas operaciones, la información aportada menciona presuntos sobreprecios, alquileres simulados e irregularidades contables. También indica que se estima que el 86% de la facturación de Los Sauces procedió de contratistas del Estado. La cifra se refiere a la facturación de esa empresa, no al conjunto de los expedientes. La defensa de Cristina Fernández de Kirchner se había opuesto a reunir las causas.
Sostuvo que las operaciones comerciales fueron lícitas, facturadas y bancarizadas, y alertó de que modificar el esquema judicial a pocos días del inicio previsto podía afectar a las garantías de defensa. El proceso y el escenario político La decisión judicial afecta a la situación procesal de la expresidenta y de su hijo, el diputado Máximo Kirchner, ambos vinculados a los expedientes. Fernández de Kirchner ya tiene una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua en la causa Vialidad y debe afrontar el juicio por los Cuadernos de las Coimas. Si fuera hallada culpable en todos esos procesos, podría acumular tres condenas por delitos de corrupción.
Ese resultado es eventual y dependerá de las decisiones judiciales en cada causa. Máximo Kirchner deberá sentarse en el banquillo mientras se aproxima la carrera hacia las elecciones legislativas de 2027, en las que buscaría renovar su escaño en la Cámara de Diputados. Sus fueros parlamentarios impedirían un ingreso inmediato en prisión, según la información proporcionada, pero no bloquean el desarrollo del juicio ni una eventual condena.
