La Guardia Civil ha comprado una herramienta capaz de registrar a distancia los móviles Android e iPhone de las personas investigadas, sin necesidad de incautar el terminal. El contrato, publicado en el BOE, cifra la operación en 2,5 millones de euros y detalla qué puede hacer el sistema, aunque no dice quién lo fabrica. Te contamos qué sabemos del acuerdo y qué dice la ley sobre su uso, porque tanto si llevas un iPhone como un Android, te afecta. El anuncio lo firma la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil y confirma que el sistema funciona tanto en Android como en iOS.
Según el propio contrato, el software debe alojarse en el teléfono objetivo y ofrecer un «acceso transparente» a sus contenidos y comunicaciones, es decir, que los investigadores puedan leer lo que hay dentro sin que el dueño note nada raro. El procedimiento habitual pasa por incautar el terminal y analizarlo después en un laboratorio forense; este sistema se salta ese paso y actúa a distancia, sin que el teléfono cambie de manos. Vamos a ver qué más detalla el contrato sobre sus capacidades y quién está detrás. ¿Qué puede hacer realmente la Guardia Civil con este sistema de registro remoto? El pliego habla de acceso a comunicaciones y contenidos del teléfono, lo que en este tipo de contratos suele traducirse en mensajes, fotos, ubicación y registros de llamadas.
La idea es que el software se instale sin alertar al usuario y que ese acceso se mantenga activo mientras dure la autorización judicial. Lo que no aclara el documento es cómo logra esa discreción: no menciona si aprovecha vulnerabilidades sin parchear, si necesita algún tipo de interacción previa con el dispositivo o si opera de forma completamente remota desde el primer contacto, y tampoco figura el nombre del fabricante. Esa falta de detalle técnico es habitual en este tipo de compras de inteligencia, aunque deja en el aire cuánto puede hacer esta herramienta frente a un iPhone o un Android con las últimas actualizaciones instaladas. Fortier Europe, la empresa que cobra 2,5 millones por este sistema La Guardia Civil ha pagado 2.066.115,70 euros antes de impuestos por el sistema, unos 2,5 millones de euros con el IVA incluido.
El contrato publicado en el BOE se adjudicó el 26 de marzo de 2026 a Fortier Europe, una empresa con sede en Boadilla del Monte, Madrid, fundada en marzo de 2011. El procedimiento se tramitó como negociado sin publicidad y solo se presentó una oferta: la de Fortier Europe. La justificación que recoge el anuncio es que el fabricante original de la herramienta le había concedido los derechos exclusivos de suministro y distribución, lo que deja fuera a cualquier otro proveedor que quisiera pujar por el contrato. No es la primera vez que esta empresa trabaja para el Ministerio del Interior.
Según los registros que recopila El Digital de Albacete, Fortier Europe acumula al menos 13 contratos con la Guardia Civil por un valor conjunto de unos 15,6 millones de euros antes de IVA. Solo este año se ha adjudicado un contrato de 743.802 euros para dos sistemas portátiles de localización y extracción de información de dispositivos móviles, y otro de 495.570 euros para equipos de captura de audio y GPS. A eso se suma un acuerdo de mantenimiento firmado en 2020 para la plataforma EGOBOX, que sigue vigente con la Guardia Civil. ¿Cuándo puede la Guardia Civil activar el registro remoto de un móvil? Tener la herramienta no da a los agentes vía libre para entrar en cualquier teléfono.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal permite estos registros remotos solo con autorización judicial, y solo para una lista cerrada de delitos graves. Tal como recoge El Confidencial Digital, la medida se reserva para los siguientes casos: - Delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales. - Delitos de terrorismo. - Delitos contra menores o personas con capacidad modificada judicialmente. - Delitos contra la Constitución, traición y relativos a la defensa nacional. - Delitos cometidos a través de tecnologías de la información o telecomunicaciones. La orden judicial tampoco es un cheque en blanco: tiene que especificar qué dispositivos concretos se ven afectados, cómo se accederá a los datos y cómo se incautarán, qué agentes están autorizados para ejecutar la medida y qué garantías se aplican para proteger la integridad de la información intervenida. El plazo inicial es de un mes.
Si la investigación lo requiere, el juez puede prorrogarlo por periodos iguales, pero la ley fija un tope de tres meses en total; pasado ese límite, el acceso debe cesar salvo que se justifique de nuevo ante el tribunal.
