Los altercados se produjeron en dos centros penitenciarios y coincidieron con la detención de la excandidata presidencial y líder opositora Luisa González. El Gobierno ecuatoriano ha sugerido que ambos hechos podrían estar vinculados, aunque la información difundida no confirma esa relación. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) informó de que los incidentes tuvieron lugar en el Centro de Privación de Libertad Cotopaxi N.º 1 y en el Centro de Privación Provisional de Libertad Pichincha N.º 1. En cada establecimiento se confirmó la muerte de cuatro personas privadas de libertad.
Los diez internos heridos están recibiendo atención médica, según la autoridad penitenciaria. Las autoridades han identificado a los presuntos responsables de los incidentes y prevén trasladarlos a la cárcel El Encuentro. Por su parte, el Bloque de Seguridad mantiene activos protocolos operativos en los centros afectados, con el objetivo de mantener el orden. El ministro del Interior vincula la coincidencia con la detención Los amotinamientos coincidieron con el operativo policial que terminó con el arresto de Luisa González, líder del movimiento Revolución Ciudadana (RC).
El ministro del Interior, John Reimberg, se refirió a la coincidencia en un mensaje publicado en redes sociales: «Hoy, justo el día en que fue detenida Luisa González, de la RC5, se registran dos amotinamientos en cárceles del país, con fallecidos. ¿Casualidad? Que cada quien saque sus conclusiones». Reimberg también afirmó que el Ejecutivo de Daniel Noboa no permitirá «que el crimen organizado ni sus aliados políticos desafíen al Estado». El ministro añadió: «La ley no se negocia.
El orden no se entrega». Sus declaraciones apuntan a una posible relación entre la detención de González y los episodios violentos, pero no aportan una confirmación de que exista un vínculo entre ambos acontecimientos. González está investigada en el caso Laberinto El arresto se produjo en un contexto de tensión política e institucional en Ecuador. La Fiscalía investiga a González en el marco del llamado caso Laberinto por presunto blanqueo de capitales y posibles irregularidades en la financiación de su campaña presidencial de 2023.
Se trata de sospechas objeto de investigación, no de hechos acreditados en la información disponible. La dirigente y su formación calificaron el arresto de «detención arbitraria e inconstitucional» y acusaron a la Administración de Noboa de actuar como una «dictadura» y de recurrir a tácticas de persecución judicial, o lawfare, para silenciar a la oposición. Estas afirmaciones corresponden a González y a su partido; el texto no informa de una resolución judicial sobre esas acusaciones.
