La orden afecta a California, Connecticut, Georgia, Missouri, Nevada, Nueva York, Pensilvania, Washington y Wisconsin. La resolución prohíbe esas actuaciones cuando las autoridades «saben, sospechan o deberían razonablemente saber o sospechar que son ciudadanos estadounidenses». También restringe las operaciones sustentadas exclusivamente en registros del sistema TECS generados por la «Política de Coincidencia de Elegibilidad de Votantes» contra personas consideradas presuntos ciudadanos. Alcance y duración de la orden judicial La medida cautelar entrará en vigor a las 17.00 horas (hora local) del viernes 23 de octubre y estará vigente hasta las 20.00 horas (hora local) del 3 de noviembre de 2026, cuando cierren las urnas el día de las elecciones.
La orden se refiere a las operaciones y entrevistas descritas en la resolución y a los nueve estados incluidos en el fallo. La decisión frena la «Iniciativa de Votantes Ilegales», implementada en agosto de 2026 como parte de la prioridad de la Administración Trump de combatir el fraude electoral. En el marco de esa estrategia, el DHS ordenó a agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) interrogar a votantes sobre su elegibilidad en los estados afectados por la resolución. La demanda y los datos empleados Entre quienes impulsaron la demanda figuran la Asociación de Enfermeras de California y National Nurses United (CNA/NNU), la ciudad y el condado de San Francisco, el condado de Santa Clara y la Fundación Voto Latino.
Martínez-Olguín consideró que el sindicato de enfermeras tiene altas probabilidades de éxito en su reclamación: sostiene que las actuaciones del Gobierno vulneran la Sección 11(b) de la Ley de Derecho al Voto, que prohíbe intimidar para impedir la asistencia y movilización de votantes. Según la resolución, el Gobierno elaboró listas de objetivos a partir de casi 100 millones de registros procedentes de distintas fuentes. La jueza señaló una «alta probabilidad de error» en la depuración de esas listas, debido a que no existe una base de datos federal sobre ciudadanía. El fallo indica que, como resultado, ciudadanos estadounidenses fueron incluidos inadvertidamente entre las personas objeto de investigación.
Temor a investigaciones y detenciones El tribunal concluyó que la utilización de datos inexactos, junto con el despliegue de agentes armados en domicilios y la difusión de arrestos en redes sociales por parte del DHS, genera un temor «objetivamente razonable» a sufrir persecución legal y policial. La resolución sostiene que esa situación de intimidación ha llevado a ciudadanos estadounidenses que participan en campañas de las organizaciones demandantes a dejar de realizar tareas de movilización, educación y asistencia a los votantes. Según el tribunal, esas personas han abandonado dichas labores por miedo a ser investigadas o detenidas por error. La jueza argumentó que el interés público en unas elecciones seguras y libres de intimidación supera el interés de las autoridades federales en investigar el fraude mediante los métodos concretos afectados por la orden.
