Bloomberg — Para el multimillonario de los fondos de inversión Louis Bacon, las aguas cristalinas y los cursos fluviales cubiertos de frondosos bosques del golfo de Chiriquí, en el oeste de Panamá, representan un oasis ecológico. En cambio, para el promotor inmobiliario John McKeown, el golfo es una vía de acceso a mercados potenciales para los valorados productos agrícolas de la región y una bendición para su economía. Las antagónicas visiones son el principal motivo de una agria disputa entre estos dos acaudalados estadounidenses, quienes aseguran defender los mejores intereses de Panamá. En el centro de la disputa se encuentra un puerto de US$260 millones que McKeown pretende construir en la costa del Pacífico panameño, justo al sur de la ciudad de David.
Ocean Pacific Investments, la compañía que dirige McKeown, define el proyecto, Puerto Barú, como el primer puerto “verde” de Panamá, que contribuirá a aliviar la presión sobre los centros comerciales de la ciudad de Panamá y a integrarse en las rutas comerciales hacia América del Norte y Asia. Chiriquí, una provincia con una población de unos 500.000 habitantes, es el granero del país, donde se cultivan productos como café, papayas y camarones. La lucha ha llegado hasta la Corte Suprema de Panamá, que está valorando la autorización medioambiental del puerto después de que un grupo de organizaciones sin ánimo de lucro locales la impugnara. La disputa ya ha dado lugar a denuncias civiles y penales contra algunas de esas ONG.
La decisión determinará el destino de un rincón virgen de Panamá que casi no ha visto nada de la riqueza que fluye a través de su pujante capital. En opinión de Bacon, el proyecto supone un riesgo inaceptable. “Me preocupa que los responsables de este proyecto no cuenten con experiencia en el desarrollo ni en la gestión de puertos comerciales y, sin embargo, propongan construir un gran puerto en una de las zonas más sensibles desde el punto de vista medioambiental de Panamá”, escribió en una declaración a Bloomberg News. “Con una simple mirada al mapa, se comprueba que este no es una ubicación adecuada para dicho proyecto” Ocean Pacific, por su lado, asegura que ha abordado los posibles impactos medioambientales y que la campaña para impedir la construcción del puerto podría estar motivada por intereses personales. “Si pensara que Puerto Baru causaría un daño significativo a una parte de Panamá, un país que no solo amo sino que considero mi hogar, jamás me habría comprometido ni habría destinado mis recursos al desarrollo de este proyecto”, explicó McKeown en un comunicado. La zona en cuestión está enclavada entre los sinuosos canales que albergan una cuarta parte de los manglares en Panamá. Los manglares y sus densos sistemas radiculares protegen las costas, sirven de refugio a la vida marina y absorben una enorme cantidad de carbono.
Ocean Pacific prevé la construcción de un puerto comercial de 124 hectáreas (306 acres). Según la empresa, sería la mayor inversión privada en la historia de la provincia de Chiriquí, y la zona se beneficiaría no solo del aumento de la actividad industrial, sino también del turismo, ya que contará con un muelle para embarcaciones de recreo. Un estudio económico encargado por la empresa en 2021 estimó que el proyecto podría generar más de 1.100 puestos de trabajo. Ver más: De Panamá a Costa Rica: cómo afectará El Niño a Centroamérica entre 2026 y 2027 Seis grupos ambientalistas panameños afirman que la instalación, y el consiguiente tráfico de buques de carga, dañarían irreversiblemente el ecosistema local a través de la contaminación, la agitación del agua y el bloqueo de la luz solar.
Juan Carlos Monterrey Gómez, CEO de la consultora ambiental VANGLabs y exrepresentante especial de Panamá para el cambio climático, declaró que cierto impacto en el medio ambiente local derivado de un proyecto de esta magnitud es inevitable. (Monterrey no está afiliado a ninguno de los grupos que se oponen al proyecto). Un portavoz de Ocean Pacific señaló que la empresa “discrepa totalmente” con la idea de que el puerto vaya a causar daños irreparables y añadió que los posibles impactos se “estudiaron exhaustivamente y se abordaron con detalle” enmarcados en la evaluación ambiental, que se aprobó hace dos años y que, según él, era comparable a las evaluaciones realizadas para proyectos de infraestructura en EE.UU. De acuerdo con Ocean Pacific, dicho análisis duró 4 años e incluyó una audiencia pública que contó con una gran asistencia. La página de internet del proyecto lo describe como un proyecto diseñado para cumplir con “altos estándares de sostenibilidad”, con paneles solares para cubrir todas sus necesidades energéticas y zonas dedicadas a la conservación.
El portavoz también aseguró que la compañía siempre ha dejado claro que no es un operador portuario y que tiene la intención de asociarse con uno. Ocean Pacific ha continuado trabajando en el puerto mientras el tribunal examina el caso. No obstante, contraatacó a las organizaciones sin fines de lucro, presentando denuncias penales contra dos de ellas por difamación, calumnia y delitos contra la economía. No mucho después, las dos organizaciones sin ánimo de lucro afirmaron que sus cuentas bancarias habían sido congeladas por orden judicial.
Al no poder pagar a su personal ni recaudar fondos, las organizaciones luchan por mantenerse a flote y el personal afirma que estas medidas han asustado a otras organizaciones benéficas que, de otro modo, podrían haber alzado la voz. Este caso está generando un efecto disuasorio similar al de las denominadas demandas SLAPP (por sus siglas en inglés, Demanda Estratégica contra la Participación Pública) cuyo objetivo es intimidar a los críticos, según ha señalado Joana Abrego, antigua responsable jurídica y actualmente consultora externa de CIAM, una de las organizaciones afectadas. Ocean Pacific declinó hacer comentarios sobre el litigio en curso. Una de las razones por las que CIAM y la otra organización sin fines de lucro acusada, Adopta Bosque, pudieron manifestar una oposición tan enérgica desde el inicio es Louis Bacon.
Este financista de 70 años amasó una fortuna a través de su fondo de inversión Moore Capital Management y ha invertido parte de ella en tierras y en diversas iniciativas de conservación en todo el mundo. Es el 70.º mayor terrateniente de EE.UU., según el Land Report , y ha puesto el 94% de esas tierras bajo servidumbres de conservación, un instrumento legal que prohíbe permanentemente el desarrollo futuro. El término “conservacionista” suele asociarse a una gestión discreta, pero ese no es el estilo de Bacon. Cofundó Waterkeeper Alliance, una organización sin ánimo de lucro dirigida anteriormente por Robert F.
Kennedy Jr. y cuyo objetivo es velar por el cumplimiento de la legislación medioambiental. A través de su organización sin ánimo de lucro, la Moore Charitable Foundation, ha adoptado a frecuentemente un enfoque activista, colaborando con grupos de defensa locales para oponerse a proyectos cercanos a sus propiedades, como una fábrica de cemento en Carolina del Norte. Entre otras cosas, se vio envuelto en una enconada disputa que se prolongó durante años con Peter Nygard, el magnate de la moda canadiense que cayó en desgracia, relacionada con sus propiedades vecinas en las Bahamas. La disputa por Barú también es personal.
Bacon es dueño de Islas Secas, un complejo turístico ecológico con todo incluido ubicado en un archipiélago a unos 50 km al suroeste del puerto propuesto, donde las tarifas por noche comienzan en US$3,500. Afirmó que el puerto, de construirse, está lo suficientemente lejos como para no afectar directamente a su isla, pero el dragado y la alteración del hábitat tendrían consecuencias en cadena. Aseguró que no lucha contra el proyecto para defender su hotel de lujo, y que su compromiso con Panamá no cambiará aunque el puerto se construya. Bacon calificó de descomunal la acción legal de Ocean Pacific contra las organizaciones sin fines de lucro. “Nunca antes había tenido que apoyar a defensores del medio ambiente que enfrentan sanciones penales simplemente por expresar su preocupación por un proyecto de desarrollo”, afirmó. “La persecución legal contra los denunciantes es abominable”.
Bacon ha cubierto personalmente los gastos legales de Adopta Bosque y también ha contribuido a financiar la campaña general contra el proyecto, que incluye una petición en línea y un sitio de internet que explica la misión de las seis organizaciones sin fines de lucro, respaldada por casi cuarenta organizaciones que la apoyan, muchas de las cuales Bacon ha financiado anteriormente por su labor. Pagó un plan alternativo para el puerto que proponía trasladarlo unos 80 km al oeste, a la ciudad de Puerto Armuelles, y su fundación financió un análisis de impacto que estimó que el costo ambiental del puerto ascendería a unos US$30 millones en 20 años. McKeown también tiene vínculos personales con Panamá. Residente a tiempo parcial del país, comentó que su interés por el potencial de Chiriquí como centro marítimo surgió durante una excursión de pesca en alta mar; el capitán tuvo que viajar 7 horas para reabastecerse porque no había un muelle adecuado.
Tiene experiencia en la integración de iniciativas empresariales y de conservación. Como presidente de Synergy Oil & Gas, una empresa energética privada con sede en el área de Los Ángeles, contribuyó a la creación de uno de los humedales protegidos más grandes de California, en colaboración con las autoridades, al aceptar el desmantelamiento de un antiguo yacimiento petrolífero en funcionamiento. Antes de Synergy, McKeown fue agente inmobiliario y propietario de varios depósitos de contenedores y logística. Aseguró haber recaudado fondos para Puerto Barú de diversas personas de EE.UU., a quienes prefirió no identificar.
Bacon afirmó haber expresado su preocupación por el proyecto a funcionarios panameños personalmente y a través de su fundación local, y que se puso en contacto con Ocean Pacific ofreciéndoles ayuda para financiar análisis científicos adicionales y un estudio de modelización costera, pero no obtuvo respuesta. Un portavoz de Ocean Pacific declaró que McKeown intercambió correos electrónicos con Trevor, hijo de Bacon, y concluyó que los nuevos análisis duplicarían un trabajo ya realizado. McKeown afirmó que Puerto Armuelles estaba demasiado lejos de las granjas de la región para ser viable. El ministro de Medio Ambiente de Panamá, Juan Carlos Navarro, declaró que el ministerio está legalmente obligado a respetar la aprobación ambiental de Puerto Barú, otorgada por una administración anterior, y que acatará la decisión de la Suprema Corte cuando esta se emita.
Se negó a comentar sobre las demandas presentadas por Ocean Pacific contra las ONG, pero afirmó que la naturaleza de dichas demandas preocupa profundamente a los funcionarios del ministerio. “Panamá es un país democrático”, afirmó. “En el Ministerio de Medio Ambiente valoramos y promovemos la participación ciudadana activa y sólida, así como las contribuciones de la sociedad civil y la comunidad científica a la gestión ambiental”. Los defensores panameños afirman que el proyecto portuario pone de manifiesto lo que describen como un abismo entre la reputación de Panamá como líder en conservación y medio ambiente y el trato que da a las organizaciones locales sin ánimo de lucro. “Organizaciones como la nuestra están solas. No contamos con instituciones que nos protejan en esta situación”, declaró Abrego. Dos ambientalistas que se oponen a Puerto Barú prefirieron no ser citados por temor a su seguridad al criticar la postura del estado respecto al proyecto urbanístico.
Esta disonancia no es tan inusual, dijo Monterrey, el ex enviado para el clima, dados los intrincados intereses burocráticos que complican las políticas de la mayoría de los países. En su opinión, es probable que el puerto no cumpla con las promesas que sus promotores hacen para Panamá. “Estos grandes proyectos suelen presentarse como generadores de empleo y desarrollo”, explicó, “pero a menudo producen conflictos sociales, extraen riqueza de las comunidades y envían las ganancias a otros lugares”. Que Ocean Pacific tenga la oportunidad de cambiar esta situación depende ahora de la Corte Suprema de Justicia. Lea más en Bloomberg
