Luiz Inácio Lula da Silva comenzará en enero su cuarto mandato al frente de Brasil tras derrotar al senador Flávio Bolsonaro (PL), en un escenario en el que el ajuste fiscal aparece como una necesidad independientemente del resultado electoral. El próximo gobierno deberá enfrentar un déficit presupuestario superior al 8% del PIB y una deuda pública que ya supera el 80% del producto, según Fitch Ratings. La calificadora espera que Brasil endurezca su política fiscal en 2027 y advierte que esa consolidación será uno de los factores que pesarán sobre la actividad económica. Felipe Salto, economista jefe y socio de Warren Rena, había dialogado con Bloomberg Línea previo a la elección y señaló había dicho que el ajuste fiscal era inevitable tanto para Lula como para Flávio.
Ahora, con la elección definida, el desafío del presidente será convertir esa necesidad en medidas políticamente viables y conseguir el respaldo del Congreso. ¿Qué ajuste tendrá que hacer Lula? La situación de partida será peor que la prevista en el presupuesto. Warren calcula que las medidas anunciadas en la recta final de la campaña tendrán un impacto potencial de entre 45.000 millones de reales (US$8.900 millones) y 47.000 millones de reales (US$9.300 millones) en 2027. El cálculo incluye el cambio en el límite de ingresos del microempresario individual (MEI), la renegociación de las deudas bancarias del programa Desenrola 3.0, la condonación de deudas tributarias de los MEI, la beca para estudiantes universitarios, el reajuste de Bolsa Família y la pérdida de ingresos derivada de la prohibición de las apuestas.
Al mismo tiempo, el proyecto de presupuesto para 2027 prevé un superávit primario de 0,1% del PIB. Salto considera que ese resultado no es posible y proyecta un déficit de 0,4%, frente al 0,38% que estima para 2026. El economista cuestiona además la estimación de ingresos por la CBS, el impuesto federal creado por la reforma tributaria, cuyo tipo impositivo todavía depende del cálculo del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) y de la aprobación del Senado. ¿Dónde están las mayores dificultades? Más del 90% del gasto primario federal es obligatorio, mientras que el gasto verdaderamente discrecional representa alrededor de 0,3% del PIB, según Emanoelle Santos, analista de mercados de XTB.
Por eso, un ajuste de mayor alcance no pasaría simplemente por cerrar ministerios o reducir gastos administrativos. La discusión tendría que alcanzar cuestiones estructurales como la indexación de beneficios, el gasto previsional, el salario mínimo, los pisos constitucionales, las exenciones tributarias y la eficiencia del gasto público. Salto propone un ajuste gradual, debido al riesgo de recesión y a las dificultades políticas. En su propuesta junto con el economista Josué Pellegrini, el límite de crecimiento real del gasto dentro del marco fiscal bajaría del 2,5% al 1%, mientras que los mínimos de salud y educación quedarían sujetos a ese límite.
La iniciativa también plantea desvincular el reajuste de las pensiones del salario mínimo y modificar los sistemas de pensiones rural y de los militares. El reajuste real de las prestaciones sería definido cada año por el Poder Ejecutivo y financiado prioritariamente con recursos de las enmiendas parlamentarias, que superan los 50.000 millones de reales (US$9.890 millones). ¿Puede Lula hacer el ajuste sin el Congreso? Ese será uno de los principales desafíos del cuarto mandato. La consolidación fiscal requiere cambios que exceden la capacidad de decisión unilateral del Poder Ejecutivo. “La próxima presidente recibirá un problema que es bastante más estructural y que además necesita al Congreso para resolverlo”, había advertido Emanoelle Santos antes del balotaje.
Por su parte, Salto también había señalado que la capacidad de Lula para coordinarse con el centro tendrá que ser mucho mayor que durante su tercer mandato. ¿Qué pasará con las tasas y el crecimiento? El ajuste fiscal llegará mientras la economía brasileña ya pierde dinamismo. Entre enero y agosto de 2026 creció 1,5% interanual, frente a un promedio de 3% durante los cuatro años anteriores. Fitch proyecta una expansión del PIB de 1,9% en 2026 y de 1,4% en 2027.
Las tasas de interés reales elevadas ya están afectando el consumo y la inversión, mientras que el ratio de servicio de la deuda del sector privado se encuentra en su nivel más alto en dos décadas. La calificadora espera que la Selic baje desde 13,75% hasta 11,75% para fines de 2027, aunque considera que el Banco Central mantendrá tasas reales elevadas debido a las expectativas de inflación y a la persistencia de una inflación de servicios alta. Un ajuste fiscal significativo podría acelerar la reducción de las tasas y contribuir a bajar los intereses de más largo plazo. Pero, al mismo tiempo, una consolidación fiscal más estricta será otro lastre para una economía que ya enfrenta una desaceleración. ¿De dónde podrían salir más ingresos?
Salto sostuvo que Brasil no enfrenta una crisis de solvencia: destaca la caja del Tesoro, de entre 1,2 billones y 1,3 billones de reales, las reservas internacionales y el hecho de que la deuda está concentrada en reales. Pero la deuda bruta ya representa 82,9% del PIB y continúa aumentando, mientras que el gasto público crece a un ritmo dos veces y media superior al PIB en términos reales. Para Salto, no hay margen para evitar indefinidamente las decisiones difíciles. “No se le puede mentir a la población. Habrá que tomar algunas medidas y estas tendrán costos a corto plazo”.
El objetivo, según su propuesta, sería conseguir tasas de interés más bajas y un crecimiento sostenido, en lugar de un “crecimiento efímero”. El desafío para Lula, ya con la elección ganada, será determinar cuánto de ese ajuste puede transformar en política económica y cuánto de la agenda requerirá negociar con el Congreso.
