Pese a las campañas de presión del secretario de Estado Marco Rubio y del representante permanente de Estados Unidos en la ONU, Mike Waltz, 130 países apoyaron la resolución cubana, 17 votaron en contra y 25 se abstuvieron. Previo a la votación, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, alertó que el Gobierno de Estados Unidos desató «una ola de presiones, intimidación y chantaje sobre muchos Estados miembros con la exigencia coercitiva, ilegal, inmoral e injustificada de que cambien su tradicional posición y asuman una postura contraria a la que, de manera fundada y coherente, han ejercido por décadas como acto soberano de Estado». Argumentó que «ningún pueblo merece el sufrimiento y abuso que hoy se nos impone» y enfatizó que la agresión contra su país incluye “un bloqueo de combustible, que equivale a un bloqueo naval, que es un acto de guerra y un acto de castigo colectivo y de genocidio, proscritos por el Derecho Internacional”. Sus durísimas consecuencias recaen sobre las personas, limitan sus derechos humanos fundamentales, afectan a terceros países y convierten necesidades esenciales de la población en instrumentos de coerción política, añadió.
Sus efectos -apuntó- terminan en la mesa de las familias cubanas, en la cama de un enfermo, en un parto o en un quirófano, en la alimentación y el aula de un niño, en la falta de electricidad, agua potable y medicamentos, en los precios de bienes indispensables para la vida. “La Asamblea General se ha pronunciado sobre este tema desde 1992 pero ahora lo hace en un escenario nuevo y extraordinario”, indicó. Lo que Cuba reclama es que la dejen en paz, que permitan al pueblo cubano vivir en paz, resolver en paz nuestros propios problemas y encontrar soluciones a las grandes dificultades del mundo actual libre de la agresión política, militar, cognitiva o económica, subrayó. ¡Cuba no es una amenaza! ¡El bloqueo sí!, concluyó el jefe de la delegación cubana a este examen anual que sesionó aquí los días 27 y 28 de octubre. las/dfm
