Bloomberg Línea — El despliegue de 2.000 soldados en Haití que fue ordenado por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, para buscar a cuatro aerotécnicos desaparecidos desde el 18 de octubre, despierta dudas sobre su legalidad y temores de que recrudezca la violencia en el país más pobre de Latinoamérica, que desde mediados de 2021 ha estado a merced de las pandillas. “Si acabamos con las pandillas de acá, podemos acabar con ellos”, sostuvo Bukele en la última semana de octubre. “Nuestro objetivo es rescatarlos con vida y, en ese camino, vamos a darles una lección a quienes los secuestraron”. Los cuatro desaparecidos pertenecen al contingente salvadoreño que hace parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), avalada por el Consejo de Seguridad de la ONU y que trabaja en conjunto con la Policía Nacional de Haití para recuperar el orden. Presuntamente fueron atacados mientras hacían compras en una tienda de Santo, una localidad a 12 kilómetros de la capital, Puerto Príncipe. Las pandillas están recurriendo cada vez más a los secuestros para disuadir las operaciones de las fuerzas de seguridad, dice Diego Da Rin, analista para Haití del International Crisis Group (ICG), a Bloomberg Línea.
Santo está bajo el control de la pandilla llamada Chen Mechan, si bien hay otra con más poder que opera en las cercanías, 400 Mawozo. Pero se desconoce si alguna los tiene. “Es muy poco probable que los salvadoreños sigan vivos”, dice Da Rin. “Varios líderes de pandillas han dicho públicamente que murieron en combate, o sea, que murieron en el intercambio de fuego cuando fueron atacados”. Mucho antes de que desaparecieran sus connacionales, en marzo de 2024, Bukele manifestó que tenía la fórmula para la creciente ola de violencia en Haití. “Podemos arreglarlo. Necesitaremos una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, el consentimiento del país anfitrión y que estén cubiertos todos los gastos de la misión”, escribió Bukele en X entonces, aunque eliminó la publicación.
Hoy, el despliegue de uniformados salvadoreños en Haití con el apoyo de un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombia (FAC) deja dudas sobre su legalidad. Bukele y el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, conversaron el 28 de octubre por teléfono sobre la desaparición de los salvadoreños. Tras ello, la Primatura de la República de Haití también emitió un pronunciamiento que dice: “Ambos mandatarios reafirmaron su compromiso de fortalecer la coordinación bilateral y la cooperación operativa en el marco de la GSF, especialmente para apoyar las operaciones de búsqueda y hacer frente a los desafíos en materia de seguridad”. Pero el comunicado no aclara, sino que oscurece. “Las autoridades haitianas no han dicho con claridad si el despliegue es bajo la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) o independiente”, dice Da Rin.
En todo caso, si es independiente, debería haber un acuerdo o memorándum de entendimiento. Si es independiente, el contingente salvadoreño podría ser la quinta fuerza operando en paralelo contra las pandillas en Haití sin un mando unificado. Y probablemente la más numerosa. De acuerdo con Da Rin, otras cuatro fuerzas son: la Policía Nacional, con solo unos 1.000 efectivos equipados y entrenados para el combate; el Ejército, supuestamente con alrededor de 2.000 soldados, pero con una nómina reciente que en realidad sería inferior; la GSF, con cerca de 2.000 efectivos, aunque no todos en pie de lucha, y la compañía de seguridad privada Vectus Global, de Erik Prince, con unos 100 mercenarios. ¿Qué implicaciones tendría el despliegue militar salvadoreño en Haití?
César Niño, doctor cum laude en Estudios Internacionales en Paz, Conflictos y Desarrollo, dice que el despliegue militar ordenado por Bukele es una forma errónea de interpretar lo que ocurre al interior de Haití, con un agravante: podría exacerbar la violencia y la crisis humanitaria. “Con el despligue de los 2.000 soldados, puede haber un recrudecimiento de la violencia”, dice en diálogo con Bloomberg Línea. “Haití está controlada no solamente por las estructuras armadas, sino por actores de una criminocracia que han armamentizado el hambre (...) y, sin duda alguna, las implicaciones frente a esto son que puede ser un gran desastre humanitario”. La falta de comprensión de los uniformados salvadoreños de la dinámica de violencia en Haití puede llevarlos a que se encuentren con “espejismos de la seguridad en el terreno”, porque no van a encontrar quién los combata de manera frontal, según Niño. “Lo que ocurre en Haití es que hay población sometida bajo estructuras criminales y eso no se combate con presencia exclusivamente militar”, argumenta el experto. Muestra del poder que han tenido las pandillas en Haití es que, por ejemplo, tras el terremoto de magnitud 7,3 de 2010, se convirtieron en intermediarios eficaces y brutales de la ayuda humanitaria. Las bandas criminales se fortalecieron todavía más tras el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en 2021, presuntamente perpetrado por mercenarios colombianos.
Este hecho marcó una ruptura entre las pandillas y las élites políticas a las que sirvieron durante décadas, así como el comienzo de la guerra entre estos grupos por el control territorial y el monopolio de las armas, explicaron tiempo atrás expertos consultados por Bloomberg Línea. Desde el crimen contra Moïse, las autoridades haitianas no han podido convocar a elecciones presidenciales y legislativas. Tenían previsto hacerlo el 13 de diciembre, pero las aplazaron para el 18 de julio de 2027. En ese contexto, aun cuando Bukele diga que el despliegue militar no es “una operación contra el pueblo haitiano”, la población podría verse afectada de forma colateral.
Ver más: Haití aplaza sus elecciones presidenciales y legislativas para julio de 2027 Al ser preguntado por la probabilidad de que las operaciones anunciadas por Bukele abran una posibilidad de una intervención de los cascos azules de la ONU —personal militar, policial y civil que participa en las operaciones de mantenimiento de la paz—, Niño lo descarta. “Esto tiene unas implicaciones muy grandes, porque en Haití ya hubo una intervención de Naciones Unidas en el 2004 y fue un desastre. Y, primero que todo, debería tener el aval del Consejo de Seguridad de la ONU: no estoy tan seguro de que en este momento se configuren todas las fuerzas para una aprobación”.
