La resolución, dictada per curiam —en nombre del tribunal—, estima la petición urgente del Departamento de Justicia para dejar sin efecto la paralización acordada en octubre por un tribunal federal de Texas. La jueza Ketanji Brown Jackson discrepó del fallo. El Supremo cuestiona la jurisdicción del tribunal de Texas La disputa gira en torno a la autoridad del secretario de Seguridad Nacional para acogerse a la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal de 1996 (IIRIRA, por sus siglas en inglés). La norma permite sortear regulaciones medioambientales para acelerar la construcción de infraestructuras en «áreas de alta entrada ilegal».
El tribunal texano había bloqueado las exenciones aprobadas por la Administración al considerar que no contaban con una «clara autorización del Congreso». El Supremo, en cambio, señala que «es sumamente probable que prevalezca su argumento de que el tribunal de distrito carecía de jurisdicción» para examinar la demanda. Según el alto tribunal, la ley limita el control judicial a reclamaciones estrictamente constitucionales. Por ello, sostiene que las denuncias sobre un posible exceso de autoridad legal «no son reclamaciones constitucionales».
El fallo pondera los costes y los daños ambientales El Supremo también considera que el balance de daños favorece al Gobierno. A su juicio, la paralización impide a las autoridades avanzar en sus «intereses apremiantes» de seguridad fronteriza y genera gastos diarios de casi medio millón de dólares que «no se pueden recuperar». Los demandantes habían alegado perjuicios ambientales y recreativos. Sobre este punto, el fallo sostiene que, al redactar la ley, el Congreso estableció una «clara preferencia por la construcción expedita» frente a esos daños, y que los tribunales «no pueden rechazar a su discreción» ese equilibrio.
