Los abogados del presidente venezolano Nicolás Maduro presentaron ante la justicia de EEUU una moción para solicitar que se desestime una nueva acusación en su contra. La defensa sostiene que Maduro gozaba de inmunidad como jefe de Estado en el momento de su captura, según los documentos judiciales presentados ante el tribunal. La argumentación se apoya en dos fundamentos distintos. Por un lado, sus representantes alegan que tenía inmunidad por razón de su cargo, ya que era el jefe de Estado en ejercicio de Venezuela cuando, según la defensa, el Gobierno estadounidense lo secuestró ilegalmente y lo sometió a un proceso judicial en ese país.
El señor Maduro sigue teniendo derecho a la inmunidad soberana por dos motivos independientes La defensa invoca la inmunidad por el cargo y por las funciones El segundo fundamento se refiere a la inmunidad derivada de sus funciones. Los abogados argumentan que los cargos formulados contra Maduro se basan en actos oficiales que presuntamente realizó como alto funcionario del Gobierno venezolano. El documento añade que la negativa de Washington a reconocer la victoria electoral de Maduro no le hizo perder las protecciones contempladas por el derecho internacional. La defensa sostiene además que la propia acusación admite que su cliente continúa ejerciendo de facto las funciones de jefe de Estado.
Ningún país tiene autoridad para privar de inmunidad a un mandatario mediante una declaración unilateral de que su Gobierno es ilegítimo Los abogados también cuestionan que Estados Unidos pueda retirar esas protecciones mediante su propia decisión de no reconocer la legitimidad del Gobierno venezolano. En su opinión, ese planteamiento no permite eliminar la inmunidad que, según sostienen, corresponde a Maduro. Impugnación del cargo por presunta conspiración para torturar La moción aborda asimismo un nuevo cargo por presunta conspiración para cometer torturas, incluso contra ciudadanos estadounidenses. Esa acusación fue incorporada en octubre, varios meses después del secuestro de Maduro.
La defensa presentó una solicitud específica para desestimar ese cargo. Sus abogados consideran que la imputación vulnera las normas sobre jurisdicción territorial y han pedido también a la Fiscalía que entregue las actas de las deliberaciones del gran jurado. La defensa sostiene que el nuevo cargo vulnera las normas de jurisdicción territorial Audiencia fijada para el 17 de diciembre La jueza Analisa Torres fijó para el 17 de diciembre una audiencia destinada a examinar las dos mociones presentadas por la defensa: la petición general para desestimar la nueva acusación y la solicitud referida al cargo de conspiración para cometer torturas. El caso se remonta al 3 de enero , cuando EEUU llevó a cabo una operación militar de gran escala contra Caracas que, según el texto judicial y la información del caso, culminó con el secuestro de Maduro y de su esposa, Cilia Flores.
Ambos fueron trasladados a Nueva York para ser juzgados conforme a la legislación estadounidense por cargos de narcoterrorismo . Tras la operación, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela designó temporalmente a la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta encargada. La audiencia de diciembre deberá determinar si prosperan los argumentos de la defensa sobre la inmunidad presidencial, la naturaleza oficial de los actos atribuidos a Maduro y la jurisdicción empleada para formular el nuevo cargo.
