La acusación sostiene que Rabat se apartó, sin que mediara un cambio legal, de los criterios seguidos por dos administraciones anteriores y que resolvió a favor de los condenados sin considerar a las víctimas. También le reprocha haber atribuido después la responsabilidad de las decisiones a comisiones técnicas, al Tribunal Supremo y al Ejecutivo precedente. Cuestionan 56 rebajas de condena a agresores sexuales El primer capítulo del libelo se refiere a 56 rebajas de condena concedidas entre junio y septiembre de 2026 a agresores sexuales de menores de edad. Los parlamentarios sostienen que los beneficios están expresamente prohibidos por la Ley 21.421 y acusan al ministro de no atender al interés superior del niño ni escuchar a las víctimas.
El segundo apartado cuestiona las reducciones de pena concedidas a tres exagentes del Estado condenados por crímenes de lesa humanidad, quienes recuperaron la libertad. La oposición reprocha a Rabat haber aplicado únicamente la Ley 19.856, sin ponderar la gravedad de los delitos ni las exigencias de los tratados internacionales de Derechos Humanos. El libelo también cuestiona la información entregada al Congreso En ese punto, la acusación plantea que debían considerarse las obligaciones relativas a la colaboración con la justicia, la reparación y el esclarecimiento del paradero de detenidos desaparecidos. Se trata de reproches incluidos en el escrito presentado por las formaciones opositoras.
El tercer capítulo acusa al ministro de vulnerar el principio de probidad y el deber de lealtad institucional. El libelo sostiene que entregó información «inexacta e incompleta» al Congreso durante sus comparecencias ante la Comisión de Constitución del Senado y el pleno de la Cámara Baja, los días 27 y 28 de octubre. En esas intervenciones, según la acusación, Rabat aseguró que su cartera se había limitado a formalizar resoluciones impuestas por instancias técnicas y judiciales. La presentación reúne así tres grupos de reproches: las rebajas concedidas a agresores sexuales de menores, las reducciones de condena a exagentes condenados por crímenes de lesa humanidad y la información proporcionada al Congreso.
