El Gobierno de España ha aprobado un real decreto-ley que busca acelerar la investigación en inteligencia artificial , semiconductores y computación cuántica, con la creación de hasta 20 centros públicos de «interés nacional» como medida estrella para reducir la dependencia tecnológica del país. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo presentó tras su aprobación en el Consejo de Ministros. Lo cuenta Xataka . Es un movimiento de calado en la carrera europea por la soberanía tecnológica, aunque llega con un matiz que conviene mirar de cerca: casi sin dinero nuevo y a las puertas de unas elecciones. ¿Qué medidas concretas incluye el decreto?
Cuatro: una red de hasta 20 centros de investigación con estatus especial, la transformación del Barcelona Supercomputing Center, una simplificación administrativa y una subida de los incentivos fiscales a la I+D. Según Xataka, los centros —en diez áreas estratégicas que incluyen IA, semiconductores, energía y tecnologías cuánticas— tendrán más autonomía y flexibilidad para contratar, comprar equipamiento y llevar sus resultados al mercado, con un estatus especial de cinco años ampliable a diez. El artículo matiza que el decreto no explica cómo se seleccionarán esos centros, pese a lo que daba a entender el titular. Las otras tres medidas completan el paquete.
El Barcelona Supercomputing Center se convierte en fundación pública adscrita a la Administración General del Estado, con la posibilidad de crear una empresa para comercializar sus resultados. La simplificación administrativa reduce trámites para los contratos de I+D+i y permite sueldos más altos a investigadores financiados con fondos externos. Y en lo fiscal, la deducción por I+D sube del 12 % al 15 %, y las startups sin beneficios podrán deducir hasta 3 millones de euros anuales, frente al millón anterior. Esta apuesta enlaza con la estrategia que ya contamos cuando España presentó su plan IA360 con una gigafactoría europea . ¿Cuánto dinero hay y qué condiciona su futuro?
El propio decreto no contiene dinero nuevo, y su validez depende de un trámite parlamentario pendiente en plena campaña electoral. Según Xataka, el texto se apoya en financiación ya existente, como la Estrategia Deep Tech España, que moviliza más de 8.000 millones de euros hasta 2030, y una aportación de 300 millones a las gigafactorías europeas de IA aprobada en junio. El contexto de fondo es revelador: España dedicó el 1,50 % de su PIB a I+D en 2024, frente a en torno al 2,2 % de media en la UE, y se ha fijado como objetivo el 2,12 % en 2027. Aquí está la pega grande.
Como las Cortes están disueltas por las elecciones generales del 29 de noviembre, el decreto tendrá que ser validado por la Diputación Permanente en un plazo de 30 días, y el próximo gobierno podría modificarlo. Sánchez defendió la medida con una idea clara: «Soberanía es no depender de multinacionales ni intereses extranjeros». Esa aspiración europea de no quedar a merced de los gigantes tecnológicos de fuera es la misma que recogimos cuando un directivo de SUSE advertía de que Europa ya no confía en los hiperescaladores de EE. UU. , y que enmarca decisiones como la de designar a AWS y Azure guardianes digitales bajo la normativa europea .
Mi lectura es que el decreto apunta en la dirección correcta y, a la vez, deja la pregunta más importante sin responder: ¿con qué dinero? El diagnóstico es acertado y compartido por medio continente: Europa, y España dentro de ella, se ha quedado rezagada frente a Estados Unidos y China en las tecnologías que van a decidir el poder económico de las próximas décadas, y hace falta correr. Las medidas de flexibilidad y desburocratización son sensatas —cualquiera que haya tratado con la administración científica española sabe cuánto talento se pierde en trámites—, y subir las deducciones fiscales ayuda. Pero un decreto que reconoce no traer financiación nueva y que se apoya en fondos ya anunciados corre el riesgo de ser más gesto que palanca: las gigafactorías, los chips y la computación cuántica se construyen con inversiones multimillonarias sostenidas, no con reformas administrativas, por bienvenidas que sean.
Y el momento no ayuda a la credibilidad: aprobar una medida así con las Cortes disueltas, a días de unas elecciones y pendiente de una validación que el próximo gobierno podría tumbar, la deja en un limbo que resta fuerza a su mensaje. La soberanía tecnológica es un objetivo serio y urgente. Ojalá sobreviva a lo que decidan las urnas y, sobre todo, a la eterna distancia española entre el anuncio y el presupuesto.