Medellín — En medio de la emergencia económica declarada en 15 departamentos por el terremoto del pasado 10 de agosto en Colombia, Camacol (Cámara Colombiana de la Construcción) planteó la necesidad de tener un régimen especial de vivienda para la reconstrucción. Lo anterior, aunado a un esquema de bancos de materiales con operación nacional y brazos regionales, inspirado en un modelo que ya ha demostrado resultados en el país: VIVA, el banco virtual de materiales de la Empresa de Vivienda de Antioquia. Una plataforma digital y modelo de gestión transparente que suministra insumos de construcción para proyectos de vivienda social, mejoramientos y atención de emergencias en el departamento. “Los bancos de materiales hacen parte de la propuesta del Gobierno Nacional”, explicó Guillermo Herrera, presidente de Camacol, quien detalló que este gremio ha trabajado en el diseño de esta iniciativa tomando como referencia el esquema Viva, que calificó como “el único banco de tierras que muestra una experiencia exitosa en el país”. Según el dirigente, esta propuesta ya fue escuchada por algunos congresistas y coincide con un trabajo similar que impulsa la ANDI, gremio de los industriales, cuyos resultados esperan entregar al Ejecutivo en los próximos meses.
Herrera fue enfático en que el mecanismo debe complementarse con incentivos tributarios que estimulen la oferta de insumos, como “la devolución de IVA en materiales o incluso la extensión temporal de IVA para todos los materiales de construcción” necesarios para reparar más de 170.000 viviendas y reconstruir más de 30.000 en el país. Destacó además el papel pionero de Camacol Antioquia, que “trabajó e impulsó el diseño del banco de materiales de Viva” y que hoy sirve de modelo para adaptar la propuesta a las necesidades actuales. La necesidad de un régimen especial Para el dirigente gremial, la política habitual de vivienda “no es suficiente para atender esta tragedia”. Por lo que insistió en la necesidad de un régimen especial que no se limite a los hogares vulnerables, sino que también cubra a la clase media de ciudades como Cali, Pereira, Manizales, grandes afectadas tras el terremoto.
Ese régimen, dijo, debería levantar rigideces normativas actuales, como “la prohibición de otorgarle un segundo subsidio a los hogares que ya hubieran sido beneficiarios”. Aunque el presidente de Camacol celebró la expedición del decreto que declaró la emergencia económica, social y ecológica, calificándolo como una hoja de ruta para los próximos 30 días de emergencia, advirtió que el verdadero reto será “redefinir el concepto de las modalidades de las líneas de financiación y de subsidio para los hogares de todas las condiciones”, considerando tanto el nivel de ingresos como la severidad del daño en cada vivienda. Herrera también se refirió a la autoconstrucción como mecanismo de reparación en zonas afectadas. “Personalmente no soy partidario de los procesos de autoconstrucción”, señaló, al considerar que “la autoconstrucción no supervisada es el peor enemigo de nuestra misma resistencia”. No obstante, matizó que en territorios con condiciones culturales particulares, mencionó al Chocó y a comunidades étnicas con propiedad colectiva de la tierra, el instrumento podría usarse, pero únicamente “de manera excepcional” y “de manera asistida”, para garantizar el cumplimiento de las normas de sismorresistencia.
Camacol enmarcó estas propuestas en un diagnóstico crítico del sector de la construcción en Colombia: menos de 110.000 unidades de vivienda iniciaron construcción en los últimos 12 meses, 418 empresas dejaron de construir vivienda entre 2022 y 2026, y el 51% de las constructoras de edificaciones residenciales reporta márgenes de utilidad inferiores al 2,5%. En ese escenario, señaló que la reconstrucción, más allá de la tragedia, “abre un espacio de trabajo” que podría ayudar a reactivar al sector, aunque insistió en que el proceso debe liderarse “desde las regiones con los empresarios de las regiones, que son los que conocen de primera mano su territorio”.