Coches Eléctricos España iba a invertir más de 1.000.000.000 de euros en sus carreteras, pero el plan se queda en el aire por problemas judiciales Un recurso contra los nuevos contratos paraliza 1.006 millones para conservar 3.670 km de carreteras justo antes de asumir otros 1.000 km. La conservación de la red viaria es clave para garantizar la seguridad y la movilidad diaria de millones de conductores. Gemini Gonzalo García 08/09/2026 16:00 Actualizado a 08/09/2026 16:00 Añadir Híbridos y Eléctricos como fuente preferida de Google de forma gratuita. Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.
Activar ahora España se enfrenta a una paradoja en sus carreteras: mientras el deterioro de firmes, puentes y elementos de seguridad exige más inversión en conservación, uno de los principales programas previstos para 2026 ha quedado paralizado. El Ministro de Transportes, Óscar Puentes , había preparado contratos por valor de 1.006 millones de euros, sin IVA, pero los recursos presentados contra las condiciones de licitación han obligado a detener el procedimiento. Los contratos contemplaban actuar sobre 3.670 kilómetros de carreteras, incluidos 2.261 kilómetros de autovías, repartidos en 20 provincias. Chat GPT 1.006 millones y 3.670 kilómetros en juego paralizados en un momento delicado El programa diseñado por el Gobierno contemplaba 29 lotes destinados al mantenimiento y explotación de la Red de Carreteras del Estado.
Las actuaciones afectaban a casi 3.670 kilómetros, incluidos 2.261 kilómetros de autovías, en 20 provincias de diez comunidades autónomas. El objetivo no era únicamente reparar el asfalto. Los contratos incluían vigilancia y atención de accidentes, vialidad invernal, mantenimiento de instalaciones, comunicaciones y diferentes actuaciones destinadas a mejorar la seguridad vial y las condiciones de circulación. El problema llegó con el modelo de contratación.
La Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex) recurrió los pliegos al considerar que el sistema daba un peso excesivo al precio y podía convertir las licitaciones en una especie de subasta. A estos recursos se sumaron impugnaciones de organizaciones sindicales y empresas sobre determinados lotes. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) suspendió el procedimiento y el Ministerio decidió paralizarlo. Por tanto, los 1.006 millones no desaparecen del presupuesto, pero su aplicación queda pendiente de que se resuelva el conflicto contractual y se articule una nueva solución.
La paralización adquiere especial importancia porque el Estado está a punto de ampliar de forma significativa la red de carreteras que deberá gestionar directamente. En 2027 está previsto que pasen a la cartera estatal alrededor de 1.000 kilómetros de carreteras, como consecuencia de la liberalización de varios tramos sometidos actualmente a modelos de concesión y denominados habitualmente peajes en sombra. Además, determinados contratos históricos de concesión finalizan próximamente, lo que obliga a preparar su mantenimiento una vez que las vías pasen a la gestión pública. El calendario, por tanto, es especialmente exigente.
El Estado necesita disponer de contratos de conservación preparados antes de asumir esas nuevas infraestructuras para evitar periodos de transición sin una planificación adecuada. Entre las alternativas disponibles está la utilización de contratos de emergencia para actuaciones especialmente urgentes o la prolongación temporal de contratos actualmente vigentes mientras se resuelve la nueva contratación. España arrastra un déficit de conservación El problema va más allá de esta licitación. La Asociación Española de la Carretera (AEC) sitúa el déficit acumulado de inversión necesario para recuperar el estado adecuado de las carreteras españolas en torno a 13.000 millones de euros.
Acex, por su parte, sostiene que serían necesarios alrededor de 5.000 millones de euros anuales para corregir las deficiencias existentes. Son estimaciones sectoriales y no equivalen al presupuesto oficial del Estado. Los datos oficiales muestran, además, que la inversión en carreteras no se limita a la Administración central. En 2024 se destinaron 5.040,9 millones de euros a carreteras sumando Administración General del Estado, comunidades autónomas, diputaciones, cabildos y otros organismos.
De esa cantidad, la Dirección General de Carreteras ejecutó 2.281,4 millones. La conservación constituye además una parte cada vez más relevante del gasto estatal. En 2024, el programa de conservación y explotación de carreteras de la Dirección General de Carreteras alcanzó 1.459,6 millones de euros, frente a los 821,9 millones destinados al programa de creación de nuevas infraestructuras. El plan incluía 29 lotes y contratos de tres años para cubrir tareas de conservación, explotación, seguridad vial y mantenimiento de las infraestructuras.
El Gobierno prepara una estrategia de mantenimiento preventivo La paralización de estos contratos no significa que se haya abandonado la inversión en conservación. En abril de 2026, el Ministerio presentó un plan de 1.629 millones de euros para mejorar 5.000 kilómetros de firmes entre 2027 y 2031. La estrategia pretende cambiar el planteamiento tradicional: pasar de actuar principalmente cuando aparecen los problemas a realizar un mantenimiento preventivo que permita prolongar la vida útil de las carreteras. Según el Ministerio, el plan podría generar un impacto de unos 1.200 millones de euros en el PIB y 18.500 empleos, además de reducir el consumo de combustible asociado al mal estado del firme.
La cuestión es ahora cómo encajar ese esfuerzo inversor con las necesidades inmediatas de conservación y con la ampliación de la red que tendrá que asumir el Estado. Temas Coches Eléctricos