Bloomberg — México incumplió las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en su tratamiento de las operaciones de extracción de piedra caliza de Vulcan Materials Co., según un laudo arbitral internacional que contradice la interpretación que el Gobierno había dado anteriormente de la decisión como una victoria. El tribunal ordenó a México que pagara unos US$15,9 millones más intereses tras determinar que el Gobierno no había proporcionado a las inversiones de Vulcan en México el “trato justo y equitativo” exigido por el TLCAN. México recibió con satisfacción el resultado cuando se dieron a conocer los detalles del laudo en julio. El texto completo de la resolución, publicado este miércoles, revela que el tribunal concluyó que el Gobierno incumplió sus obligaciones en virtud del tratado y causó un perjuicio económico a Vulcan.
Los daños y perjuicios se refieren al cierre por parte de México, en 2018, de las operaciones en una propiedad conocida como El Corchalito, que forma parte del extenso negocio de piedra caliza de Vulcan cerca de Playa del Carmen, en la costa caribeña de México. El tribunal, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, desestimó las demás reclamaciones de Vulcan y ordenó a cada parte que asumiera sus propias costas judiciales. La decisión acerca al menos una parte de una lucha empresarial y diplomática que se ha prolongado durante años a su fin, aunque deja sin resolver la controversia más amplia sobre las propiedades de Vulcan en México. El caso se ha convertido en un punto álgido en las relaciones entre EE.UU. y México y en una prueba de las protecciones que se otorgan a las empresas estadounidenses que operan al sur de la frontera, mientras Washington y el Gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum negocian el futuro de su relación de libre comercio.
Vulcan, uno de los mayores productores estadounidenses de materiales de construcción como grava y arena, lleva décadas operando en México a través de su filial Calica, extrayendo piedra caliza y enviándola a través de un puerto cercano a clientes en EE. UU. La empresa inició un arbitraje en 2018, acusando a las autoridades mexicanas de incumplir los acuerdos y de restringir injustamente sus operaciones. La controversia se agravó drásticamente bajo el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Las autoridades mexicanas suspendieron las operaciones de extracción que Calica aún mantenía y, en septiembre de 2024, declararon las propiedades de Vulcan parte de un área natural protegida, lo que supuso, en la práctica, la prohibición de seguir extrayendo piedra caliza en el emplazamiento. México ha alegado que Vulcan causó un daño medioambiental considerable y violó las condiciones que regulaban sus operaciones. Vulcan ha rechazado dichas acusaciones y sostiene que las medidas del Gobierno fueron arbitrarias e ilegales. La empresa ha señalado que el tribunal determinó que México infringió el TLCAN “en varios aspectos”. “México es culpable al 100 %”, afirmó el presidente de Vulcan, Tom Hill, en una entrevista. “La decisión del tribunal confirma que las autoridades mexicanas actuaron de forma arbitraria e ilegal contra Vulcan Materials Company y que las denuncias del Gobierno sobre daños medioambientales no eran ciertas”. --Con la colaboración de Eric Martin y Carolina Millán.
Lee más en Bloomberg.com