Bloomberg Línea — Caracas ha dado señales de apertura política desde la salida de Nicolás Maduro del poder, pero esos cambios todavía no han alcanzado al aparato estatal que durante años sostuvo la represión en Venezuela, advirtió este miércoles la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas. El organismo reconoce una reducción de las detenciones por motivos políticos y medidas como la liberación de presos, la aprobación de una ley de amnistía y el cierre del centro de detención de El Helicoide. Sin embargo, considera que las transformaciones han sido limitadas, condicionadas y potencialmente reversibles, mientras las estructuras de seguridad e inteligencia permanecen esencialmente sin reformas y funcionarios vinculados con abusos del pasado continúan ocupando posiciones de poder. La advertencia llega después de varios meses en los que el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez ha impulsado medidas que han cambiado parcialmente el escenario político venezolano.
Desde enero, las autoridades han anunciado sucesivas excarcelaciones y en febrero el Parlamento, controlado por el chavismo, aprobó una ley de amnistía que alcanzó a más de 8.000 personas, aunque buena parte de ellas ya se encontraba en libertad con restricciones. Rodríguez afirmó en agosto que 1.046 venezolanos habían sido liberados desde enero, una cifra que también fue divulgada por el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. La cifra, sin embargo, no equivale necesariamente al número de presos políticos liberados que reconocen las organizaciones independientes: Foro Penal había verificado 894 excarcelaciones hasta junio y, tras una nueva tanda anunciada en agosto, contabilizaba 81 de las 131 salidas de prisión comunicadas por el Gobierno. A mediados de ese mes, la organización todavía registraba 391 presos políticos.
Las liberaciones han coincidido además con la reaparición pública de dirigentes opositores que habían permanecido fuera del país o en la clandestinidad. Dinorah Figuera, expresidenta de la Asamblea Nacional elegida en 2015, regresó a Venezuela y pasó a encabezar la delegación opositora que participa en las conversaciones con el chavismo. El proceso produjo en agosto su primer acuerdo, que contempla la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y mecanismos para atender otros asuntos institucionales. Figuera no ha sido la única.
Otros dirigentes que permanecieron en el exterior durante los últimos años también han comenzado a regresar, en una señal del espacio político que se ha abierto tras la salida de Maduro. El movimiento alcanza incluso al entorno de María Corina Machado: uno de sus colaboradores, Omar González, regresó recientemente al país después de permanecer fuera de Venezuela. La propia Machado, entretanto, evalúa su retorno, aunque su movimiento no forma parte de las conversaciones que Washington respalda actualmente. La misión de Naciones Unidas considera, sin embargo, que estas señales no deben confundirse con un desmantelamiento de la estructura represiva.
Cientos de personas permanecen detenidas arbitrariamente y el organismo recibió nuevos testimonios sobre torturas y malos tratos en centros como El Rodeo I y Fuerte Guaicaipuro. Entre las denuncias recopiladas figuran golpes, descargas eléctricas y aislamiento prolongado. El informe también pone el foco en los organismos de seguridad e inteligencia y en los llamados colectivos, grupos civiles armados a los que Naciones Unidas atribuye vínculos políticos, financieros y logísticos con estructuras estatales. Según la misión, esos grupos mantienen capacidad para intimidar a personas consideradas adversarias del Gobierno.
Por ello, el organismo sostiene que la liberación de detenidos y las medidas de apertura no sustituyen reformas institucionales destinadas a garantizar que las violaciones de derechos humanos no se repitan. El contraste entre apertura política y continuidad institucional ocurre mientras Venezuela profundiza su acercamiento con Estados Unidos. Washington reconoció al gobierno encabezado por Rodríguez después de la salida de Maduro y desde entonces ambos países han avanzado simultáneamente en conversaciones políticas y en una agenda económica que incluye una mayor participación estadounidense en el sector petrolero venezolano. Ese acercamiento se ha acelerado en las últimas semanas.
El 2 de septiembre, Rodríguez recibió en Caracas al secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, durante la firma de acuerdos con empresas internacionales para ampliar las operaciones petroleras en Venezuela. Chevron, Eni y otras compañías anunciaron nuevos compromisos de inversión, mientras Washington mantiene una supervisión directa sobre algunos de los mecanismos financieros vinculados con los acuerdos petroleros. Ver más: ONU dice que la incursión de EE.UU. en Venezuela violó el derecho internacional La relación también ha comenzado a modificar asuntos que durante años estuvieron bajo control de la oposición venezolana. Estados Unidos, por ejemplo, ha reconocido al gobierno de Rodríguez mientras negocia el futuro de activos venezolanos en territorio estadounidense, incluido Citgo.
El Tesoro estadounidense modificó esta semana una licencia para impedir cambios no autorizados en la gobernanza de la refinería y sus empresas matrices. Es en ese nuevo escenario donde Naciones Unidas sitúa su advertencia: Venezuela atraviesa cambios políticos concretos —excarcelaciones, retornos de dirigentes, diálogo entre chavismo y oposición y una mayor apertura internacional—, pero la estructura de seguridad e inteligencia asociada con la represión no ha experimentado una transformación equivalente. Para la misión, la consolidación de una nueva etapa política dependerá de que esas instituciones sean reformadas y de que existan mecanismos efectivos de rendición de cuentas por las violaciones cometidas.