Bogotá — La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dejó en firme una sanción por COP$4.614 millones contra la Distribuidora Nacional Hospitalaria Cúcuta S.A.S., luego de establecer que comercializó 47 medicamentos por encima de los precios máximos regulados en Colombia. La decisión cierra un proceso administrativo que se había extendido desde 2025. La sanción fue adoptada por la Delegatura para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal, que resolvió el recurso de apelación presentado por la compañía y confirmó la multa por incumplir el régimen de control directo de precios de medicamentos. Según explicó la entidad, la investigación determinó que la distribuidora, en su condición de mayorista, superó los valores establecidos por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos (CNPMDM), específicamente los topes fijados en la Circular 13 de 2022 de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos.
El caso involucra productos utilizados para tratar diferentes enfermedades y condiciones de salud, entre ellas epilepsia, diabetes, asma, enfermedades cardiovasculares, artritis, EPOC e infecciones urinarias. Las irregularidades habrían ocurrido durante los meses de octubre de 2022 a junio de 2023. Los sobrecostos más llamativos Aunque la SIC no reveló el valor total del sobrecosto generado por las 47 referencias sancionadas, sí destacó los casos más extremos. Encabeza la lista Depo-Medrol, con un sobreprecio del 7.001%, seguido por Verapamilo con 1.912%, Tisseel con 711%, Actilyse con 586%, Briviact con 408% y Monuril con 394%.
Es importante aclarar que estos porcentajes no representan el promedio general del caso: los porcentajes corresponden a los casos señalados individualmente por la SIC y no significan que los 47 medicamentos hayan sido comercializados con esos mismos niveles de exceso. La Superintendencia fue enfática en explicar el impacto de este tipo de conductas sobre el sistema de salud. Para la SIC, incumplir los topes regulados puede terminar trasladando un costo adicional al sistema de salud, que en últimas termina siendo asumido por toda la cadena, incluyendo pacientes y aseguradoras. El caso de la Distribuidora Nacional Hospitalaria Cúcuta no es aislado.
Meses atrás, la SIC había vinculado a esta misma empresa con otras dos entidades del sector salud en una investigación conjunta que superó los COP$5.763 millones en multas. Las empresas sancionadas fueron Distribuidora Hospitalaria de Cúcuta S.A.S., Fabifu S.A.S., propietaria de la IPS Clínica Colombia en Cali, y Fabisalud IPS S.A.S., propietaria de la IPS Clínica Cristo Rey, también en Cali, y la entidad de control identificó “posibles vínculos de control y representación legal” entre las firmas, ejercidos por miembros de una misma familia.