Es la mayor contienda electoral del mundo este año, y sin embargo, todavía no hemos visto a los contendientes enfrentarse cara a cara. A tan solo 10 días de la crucial segunda vuelta del 25 de octubre, la celebración de los debates presidenciales de Brasil entre el presidente en funciones, Luiz Inácio Lula da Silva, y su rival, Flávio Bolsonaro, sigue siendo sorprendentemente incierta. En teoría, ambos candidatos ya han confirmado su participación en el primero de los dos debates televisados programados para el 18 y el 23 de octubre. Sin embargo, dos debates anteriores ya han sido cancelados: uno a última hora, justo antes de la primera vuelta, y otro que debía celebrarse el fin de semana pasado, oficialmente debido a un “conflicto de agenda“.
El cálculo electoral cínico, el temor a errores no forzados y la animosidad mutua han impedido que las campañas concreten un debate hasta ahora. El miércoles, Kalshi le daba un 93% de probabilidades de que se produjera al menos un enfrentamiento, un aumento respecto al 63% del día anterior, después de que Bolsonaro cambiara de opinión y anunciara su asistencia al evento del domingo. El hecho de que exista un mercado de apuestas sobre si los candidatos debatirán da una idea de lo inestable que continúa siendo la situación. Lula, que está 5,6 puntos porcentuales por detrás de Bolsonaro en votos válidos según AtlasIntel/Bloomberg, tiene poco que perder y todas las razones para subirse al podio.
Solo esperemos que, al final, este enfrentamiento tan esperado se produzca. De lo contrario, significaría un claro retroceso democrático en un país donde el apoyo a la democracia se está erosionando. Según la más reciente encuesta del Latinobarómetro, apenas el 41% de los brasileños afirma que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, la cifra más baja de la región, solo por detrás de Guatemala. Los debates raramente cambian el rumbo de la campaña, aunque una reciente encuesta de Datafolha reveló que el 78% de los brasileños considera muy importante que Lula y Bolsonaro participen en ellos.
Y si no lo hacen como ejercicio democrático, al menos deberían hacerlo por razones tácticas: desde Andrés Manuel López Obrador en 2006 hasta el propio Lula a inicios de este mes, los candidatos que han evitado los debates para proteger una ventaja imaginaria han pagado las consecuencias en las urnas posteriormente. Ante todo, Brasil necesita estos debates porque los votantes tienen derecho a escuchar, alto y claro, las propuestas concretas de los candidatos sobre tres de sus mayores preocupaciones: el cada vez mayor déficit fiscal, la crisis política en torno al Tribunal Supremo y la preocupante ola de inseguridad que azota al país. Cabe señalar que, hasta ahora, tanto Lula como Bolsonaro se han mostrado reacios a dar detalles sobre cómo abordarían estos problemas, convirtiendo la campaña más en una disputa verbal entre izquierda y derecha que en un intercambio serio de ideas. Por ejemplo, Bolsonaro ha dicho que, de ser elegido, aplicará una drástica reducción de impuestos, burocracia y corrupción para sanear el presupuesto, al estilo de Javier Milei en Argentina.
No obstante, ha evitado precisar la cifra del ajuste fiscal. Si bien la prensa local ha informado que sus asesores económicos estudian un recorte presupuestario inicial de alrededor del 2% del PIB, públicamente han descartado privatizaciones, prometido fortalecer los programas sociales y anunciado recortes de impuestos a las empresas. El argumento de que el ajuste fiscal de Bolsonaro se centrará en los “excesos del gobierno” puede parecer razonable, pero no hace falta ser economista para saber que los cambios superficiales difícilmente lograrán que la deuda brasileña vuelva a un rumbo sostenible. Lula, por su parte, reforzó su mensaje contra el crimen tras su derrota en la primera vuelta, con una promesa renovada de encarcelar a los delincuentes: “Para los trabajadores, protección.
Para los criminales, prisión”, es su nuevo lema. No sería descabellado preguntarse por qué él o su partido no han hecho esto durante los 16 años que llevan en el gobierno este siglo. Y luego está el espinoso tema del Tribunal Supremo, donde Lula se debate entre pedir una reforma del poder judicial y defender al controvertido juez Alexandre de Moraes, a quien Bolsonaro quiere destituir. Quien gane la segunda vuelta tendrá la potestad de nombrar al menos a cuatro magistrados del Tribunal Supremo durante el próximo mandato presidencial.
Los brasileños merecen escuchar explícitamente de ambos candidatos qué cambios están considerando para mejorar una institución que ha perjudicado al país durante demasiado tiempo. Aunque se piense que el giro a la derecha de Brasil es, a estas alturas, imparable, los debates aportarían mayor transparencia sobre todos estos temas clave antes del día de las elecciones. Lamentablemente, los candidatos parecen más centrados en intentar obtener ventajas legales mediante fallos judiciales favorables que en ser completamente transparentes con los votantes. Efectivamente, un informe del medio local O Globo reveló que las campañas abrieron 698 casos contra sus rivales en los tribunales electorales solo durante la primera vuelta, casi tres veces más que en las elecciones anteriores.
La gran mayoría de los casos fueron presentados por los representantes de Bolsonaro contra los de Lula, o viceversa. Esta estrategia implica un enorme derroche de recursos y de energía, y además es cobarde. En vez de perder el tiempo en disputas judiciales sin importancia, los candidatos deberían explicar al electorado qué van a hacer para mejorar sus vidas. Quien no sea capaz de enfrentarse a su rival más directo durante un par de horas para defender sus ideas, quizá debería plantearse dedicarse a otra cosa.
Esta nota no refleja necesariamente la opinión del consejo editorial de Bloomberg LP y sus propietarios. Lea más en Bloomberg.com
