Bloomberg Línea — El Estado de Derecho continúa retrocediendo a nivel mundial, con un deterioro en el 62% de los 143 países y jurisdicciones evaluados en 2026 por el World Justice Project (WJP) en su Rule of Law Index, mientras aumentan las restricciones a las libertades y la interferencia gubernamental en los sistemas de justicia. La expansión de prácticas autoritarias —la constricción del espacio cívico y el debilitamiento de los frenos y contrapesos— continúa siendo la principal fuerza detrás de esta caída, de acuerdo con el informe presentado en Washington. “El autoritarismo ya no es simplemente una tendencia emergente: se ha consolidado en muchas partes del mundo”, Alejandro Ponce, director ejecutivo del WJP. Los retrocesos en limitaciones a los poderes gubernamentales se explican por el deterioro de los controles no gubernamentales, de los límites impuestos por el poder judicial y de las transiciones legales de poder. Los de gobierno abierto, por el desmantelamiento de la participación cívica y del derecho a la información; y los de derechos fundamentales, por crecientes restricciones a las libertades de expresión, reunión y asociación.
Las libertades esenciales para el espacio cívico, el debate público y la vigilancia sobre el gobierno se contrajeron en la mayoría de los países. De acuerdo con el Índice de Derecho, hecho a partir de más de 215.000 encuestas a hogares y 3.400 encuestas a profesionales del derecho y expertos, la libertad de opinión y expresión cayó en 64% de los países analizados, la libertad de reunión y asociación en 67% y la participación cívica en 65%. La presión e interferencia indebidas del Ejecutivo se convirtieron, además, en el principal motor del deterioro institucional en los sistemas de justicia, tanto civil como penal: la justicia civil se debilitó en 64% de los países y la penal en 58%, con la influencia gubernamental improcedente como factor central en ambos casos. El Poder Judicial también perdió terreno frente al avance del Ejecutivo: los límites judiciales sobre los poderes gubernamentales declinaron en 63% de los países.
Panorama global En el ranking general, donde las puntuaciones van de 0 a 1 y 1 representa la mayor adhesión posible al Estado de Derecho, Dinamarca encabeza la lista con 0,90. Le siguieron Noruega (0,89), Finlandia (0,87), Suecia (0,86) y Luxemburgo (0,83). Estados Unidos descendió tres peldaños hasta caer al puesto 30, atribuido principalmente al debilitamiento de la justicia civil en el país. Venezuela volvió a ocupar el último lugar de la lista por segundo año consecutivo, con una puntuación de 0,26; Afganistán, en el lugar 142 con 0,31; Haití, 141 con 0,31; Camboya, 140 con 0,31; y Nicaragua, 139 con 0,32.
Las mayores caídas del año las registran Haití (-5,6%), Tanzania (-3,5%) y Sudán (-2,8%), y las mayores mejoras Letonia (1,6%), Trinidad y Tobago (1,2%) y Guatemala (1,1%), impulsada en parte por avances hacia una justicia civil “cada vez más accesible, asequible y equitativa”, libre de discriminaciones. Estado de Derecho en Latam América Latina y el Caribe destacan por sus avances, ya que cinco de los diez países que más mejoraron en el Índice entre 2025 y 2026 pertenecen a la región. Brasil logró la segunda mayor mejora (3,17%) a nivel mundial en un período de tres años (2023-2026), “lo que refuerza la idea de que el impulso institucional puede cambiar tras períodos de tensión”, señala el reporte. | País | Posición mundial (de 143) | Puntaje | |---|---|---| | Uruguay | 22 | 0,72 | | Costa Rica | 31 | 0,67 | | Barbados | 33 | 0,66 | | Chile | 34 | 0,66 | | San Cristóbal y Nieves | 37 | 0,64 | | Antigua y Barbuda | 39 | 0,64 | | San Vicente y las Granadinas | 42 | 0,62 | | Santa Lucía | 43 | 0,62 | | Granada | 50 | 0,59 | | Bahamas | 51 | 0,59 | | Dominica | 54 | 0,57 | | Jamaica | 56 | 0,57 | | Argentina | 64 | 0,54 | | Panamá | 72 | 0,52 | | Trinidad y Tobago | 73 | 0,52 | | Brasil | 76 | 0,51 | | República Dominicana | 77 | 0,50 | | Guyana | 81 | 0,50 | | Surinam | 83 | 0,50 | | Belice | 84 | 0,49 | | Perú | 93 | 0,47 | | Colombia | 96 | 0,46 | | Paraguay | 98 | 0,45 | | Ecuador | 102 | 0,45 | | Guatemala | 106 | 0,44 | | El Salvador | 114 | 0,42 | | Honduras | 115 | 0,41 | | México | 125 | 0,39 | | Bolivia | 130 | 0,37 | | Nicaragua | 139 | 0,32 | | Haití | 141 | 0,31 | | Venezuela | 143 | 0,26 | A nivel regional, Uruguay ocupa el primer lugar entre los 32 países analizados, y en el ranking global ocupa el puesto 22 con 0,72, seguido por Costa Rica, 31 con 0,67, y Chile, 34 con 0,66. Argentina se ubica en el lugar 64 con 0,54, por delante de Panamá (72, 0,52), Brasil (76, 0,51) y República Dominicana (77, 0,50).
Detrás se posicionan Perú (93, 0,47), Colombia (96, 0,46), Paraguay (98, 0,45), Ecuador (102, 0,45), El Salvador (114, 0,42), Honduras (115, 0,41), México (125, 0,39) y Bolivia (130, 0,37). Guatemala aparece en el puesto 106 con 0,44, y Nicaragua y Venezuela, 139 y 143, cierran la lista. ¿Qué es Estado de Derecho? Para el WJP, el Estado de Derecho significa que el poder debe responder ante la ley, sin importar quién lo ejerza, es decir, los funcionarios públicos deben servir al público y no a sí mismos y las fuerzas de seguridad deben proteger a las personas y no intimidarlas. Y significa que el poder económico tiene límites. “Las empresas deben poder competir, innovar y crecer, pero en condiciones justas”.
La organización también vincula el Estado de derecho con el desempeño económico, al señalar que los países con instituciones más sólidas tienden a registrar mayor prosperidad, estabilidad de precios y menor riesgo crediticio. Los países con un PIB per cápita superior al promedio mundial (US$14.406) alcanzan puntuaciones de 0,68 o más; los que tienen una inflación inferior a la mediana (3,23%) puntúan 0,60 o más; y los que mantienen un rating soberano con grado de inversión, de AAA a BBB, registran 0,66 o más. “Más allá de su impacto en la gobernanza, un Estado de Derecho débil representa una amenaza directa para el sector privado: cuando las instituciones fallan, la confianza del mercado se quiebra”, añadió Ponce.
