Coches Eléctricos Pere Navarro defiende los radares de la DGT y niega que busquen recaudar: "No es nuestra intención" La velocidad está detrás del 22 % de los accidentes de tráfico y los radares son la única forma de reducirla, según el director general de Tráfico. El director de Tráfico asegura que el organismo trabaja a presupuesto cerrado. Daniel Vega 12/11/2026 19:00 Actualizado a 12/11/2026 19:00 Añadir Híbridos y Eléctricos como fuente preferida de Google de forma gratuita. Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.
Activar ahora La Dirección General de Tráfico ha vuelto a defender su política de control de velocidad ante las críticas por el dinero que ingresa a través de las multas. Su director, Pere Navarro, sostiene que la instalación de radares responde a criterios de seguridad vial y asegura que el organismo no obtiene ningún beneficio presupuestario por aumentar el número de sanciones. Las explicaciones se produjeron durante un congreso internacional sobre seguridad vial de motoristas celebrado en Zaragoza los días 21 y 22 de octubre. En una entrevista publicada por Heraldo de Aragón , Navarro abordó la recaudación, los criterios utilizados para instalar radares y la evolución de los accidentes en España, con especial atención a los usuarios de motocicletas.
España registró 1.775 fallecidos en carreteras y calles durante 2025. La DGT explica qué ocurre con el dinero de las multas de tráfico Una de las principales afirmaciones del director de Tráfico fue que la DGT funciona con un presupuesto cerrado, por lo que descartó que exista un interés económico detrás de los controles de velocidad. Navarro también aseguró que España figura entre los países europeos con las sanciones más bajas, aunque no aportó datos comparativos que permitan comprobar esta última afirmación. El destino de los ingresos obtenidos mediante sanciones está regulado por la legislación española.
En concreto, la disposición adicional cuarta de la Ley de Tráfico obliga a dedicar íntegramente las multas impuestas por la Administración General del Estado a actuaciones relacionadas con la seguridad vial, la prevención de accidentes y la asistencia a las víctimas. Esta obligación no se aplica del mismo modo a las sanciones gestionadas por los ayuntamientos o por las administraciones de Cataluña y el País Vasco. Respecto a la colocación de los dispositivos, Tráfico mantiene que las decisiones se apoyan en estudios de siniestralidad. La Instrucción MOV 2024-04 establece un procedimiento de evaluación de cinco fases que analiza, entre otros factores, los accidentes registrados durante los cinco años anteriores en tramos de dos kilómetros.
Los datos de accidentes que utiliza Tráfico para defender los radares El argumento principal de Navarro para mantener estos controles es la relación entre la velocidad y la gravedad de los siniestros. Durante sus declaraciones, situó este factor de riesgo en el 22 % de los accidentes y atribuyó a la implantación del límite urbano de 30 km/h una reducción del 14 % de la siniestralidad. No obstante, las informaciones que recogen sus palabras no identifican los estudios concretos que respaldan ambos porcentajes. Las últimas estadísticas oficiales permiten comprobar la evolución general de la seguridad vial.
Según el balance definitivo de 2025 publicado por la DGT , España registró 1.775 víctimas mortales en accidentes de tráfico, diez menos que el ejercicio anterior. Sin embargo, los heridos que necesitaron hospitalización aumentaron un 3 %, hasta alcanzar los 9.888 casos, lo que refleja una evolución desigual de los principales indicadores. La velocidad está detrás del 22 % de los accidentes, según Tráfico. La situación de los motoristas también ocupó una parte importante de la intervención del director.
Este colectivo representa aproximadamente el 16 % del parque móvil español, pero concentra alrededor de una cuarta parte de las muertes en carretera. El informe anual de siniestralidad de 2025 contabiliza 443 fallecidos en motocicleta, cifra que asciende a 468 al incluir los ciclomotores. Por ahora, las declaraciones de Pere Navarro no implican modificaciones en las multas ni en los criterios legales de funcionamiento de los radares. La DGT mantiene su estrategia de vigilancia y sanción como herramienta para reducir los accidentes, aunque sigue sin concretar públicamente el alcance de su sistema de presupuesto cerrado ni aportar una comparación documentada de las multas españolas con las del resto de países europeos.
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