El Gobierno ha ampliado el acceso a las pensiones de viudedad para las parejas de hecho con hijos en común que nunca llegaron a inscribirse en un registro oficial. La nueva normativa exige acreditar dos años de convivencia antes del fallecimiento y abre un plazo de doce meses para solicitar la prestación por fallecimientos anteriores. Además, eleva las pensiones extraordinarias por terrorismo hasta un mínimo de 2.442 € al mes. El cambio se recoge en el Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre, que entró en vigor el 21 de octubre y todavía debe superar su convalidación parlamentaria.
La norma forma parte de un paquete de medidas sociales aprobado por el Consejo de Ministros antes de las elecciones generales y afecta también a las bajas laborales y a las prestaciones destinadas al cuidado de menores con enfermedades graves. Pensiones de viudedad para parejas de hecho con hijos en común La principal novedad es que las parejas de hecho con hijos en común ya no necesitan acreditar su inscripción en un registro oficial para acceder a la pensión de viudedad. El Gobierno elimina así uno de los requisitos formales que hasta ahora impedía cobrar esta prestación a personas que habían convivido durante años sin registrar su relación. Eso sí, tener hijos en común no garantiza automáticamente el acceso a la prestación.
La nueva regulación exige demostrar una convivencia estable y notoria durante al menos dos años ininterrumpidos inmediatamente anteriores al fallecimiento. Esta circunstancia deberá acreditarse mediante el correspondiente certificado de empadronamiento. Para las parejas de hecho sin hijos comunes se mantienen las condiciones generales, entre ellas acreditar cinco años de convivencia y haber formalizado la relación mediante inscripción o documento público con una antelación mínima de dos años al fallecimiento. En todos los casos deben cumplirse los demás requisitos establecidos para acceder a las pensiones de viudedad.
Revisión de pensiones denegadas durante un plazo de doce meses Otra de las novedades afecta a las personas que perdieron a su pareja antes de la entrada en vigor del decreto y no pudieron acceder a la pensión de viudedad. La norma establece un plazo extraordinario de doce meses para presentar una solicitud si ahora cumplen las nuevas condiciones. El periodo comenzó el 21 de octubre de 2026, por lo que las personas interesadas disponen de un año desde esa fecha para solicitar el reconocimiento. Esta posibilidad puede beneficiar a quienes anteriormente recibieron una resolución desfavorable por no haber formalizado su relación, siempre que puedan demostrar los requisitos de convivencia y el resto de las condiciones legales.
La solicitud deberá tramitarse ante la Seguridad Social, que comprobará cada expediente. Hay un detalle especialmente importante: las pensiones reconocidas mediante este procedimiento tendrán efectos económicos desde el primer día del mes siguiente al de la solicitud, no desde la fecha original del fallecimiento. Por tanto, quienes crean encontrarse en esta situación deben revisar su documentación y presentar la solicitud dentro del plazo establecido, ya que la normativa no contempla una ampliación automática de esos doce meses. Las pensiones extraordinarias por terrorismo llegan a 2.442 € mensuales El mismo decreto introduce una mejora económica para las víctimas del terrorismo.
Las pensiones extraordinarias reconocidas por la Seguridad Social tendrán un importe mínimo equivalente al doble del salario mínimo interprofesional mensual, lo que supone 2.442 € al mes con el SMI vigente en 2026. La nueva cuantía, aplicable desde el 1 de noviembre de 2026, representa un incremento aproximado del 36 % respecto al mínimo anterior de 1.800 € mensuales. El importe se actualizará conforme evolucione el salario mínimo y, cuando existan varias pensiones por muerte y supervivencia derivadas de un mismo acto terrorista, se computarán conjuntamente. La reforma también incorpora nuevas situaciones especiales de incapacidad temporal para mujeres con patologías limitantes asociadas a trastornos menopáusicos y para víctimas de violencia de género que sufran lesiones relacionadas con esa violencia.
Estas medidas comenzarán a aplicarse el 1 de diciembre de 2026. En ambos supuestos, la prestación seguirá las cuantías de la incapacidad temporal por contingencias comunes: el 60 % de la base reguladora hasta el día 20 y el 75 % a partir del día 21. La empresa asumirá el salario íntegro del primer día de baja y la prestación se abonará desde el día siguiente por la entidad gestora o colaboradora correspondiente. El paquete incluye igualmente mejoras en la prestación CUME, destinada al cuidado de menores con cáncer u otras enfermedades graves.
Entre ellas destaca la posibilidad de que ambos progenitores puedan percibirla de forma alternativa o simultánea, así como su mantenimiento más allá de los 26 años en determinados supuestos de discapacidad o dependencia, siempre que se cumplan las condiciones exigidas. El decreto de pensiones pendiente de convalidación parlamentaria Aunque el Real Decreto-ley 31/2026 entró en vigor tras su publicación oficial, su continuidad depende de que la Diputación Permanente del Congreso lo convalide. Este órgano asume la función de pronunciarse sobre los decretos-leyes mientras las Cortes Generales permanecen disueltas. La Constitución establece un plazo de 30 días para la convalidación o derogación de este tipo de normas.
Si la Diputación Permanente lo convalida, el decreto mantendrá su vigencia. En cambio, si se rechaza, quedará derogado, lo que afectaría a la continuidad de las modificaciones introducidas. Por ahora, las nuevas condiciones de acceso a las pensiones de viudedad están en vigor y permiten presentar solicitudes conforme a los requisitos establecidos. No obstante, quienes tengan previsto acogerse al plazo extraordinario de doce meses deberán prestar atención a la decisión parlamentaria, ya que determinará el futuro de esta reforma.
