Organizaciones piden garantizar derechos territoriales para frenar la deforestación

Organizaciones piden garantizar derechos territoriales para frenar la deforestación

El texto también plantea recomendaciones para orientar las políticas públicas y las inversiones destinadas a esa finalidad. El informe, titulado Detener la deforestación requiere gobernanza territorial. Lecciones de Mesoamérica para orientar políticas públicas e inversiones para la conservación de territorios forestales , reúne cuatro aprendizajes de la región para preservar los bosques y sus funciones ecológicas, sociales y culturales. Cuatro líneas de actuación para conservar los bosques Las recomendaciones incluyen garantizar el reconocimiento y el ejercicio efectivo de los derechos territoriales; fortalecer la gobernanza y la acción colectiva; vincular la conservación con las economías territoriales, y orientar las políticas públicas y la financiación al fortalecimiento de esos procesos.

El comunicado que acompaña al documento sostiene que «Habilitar condiciones para que estos aprendizajes guíen la implementación de instrumentos para detener la deforestación debe cobrar amplia relevancia en el contexto actual de las discusiones climáticas internacionales». Según las organizaciones, Mesoamérica alberga entre el 7% y el 8% de la biodiversidad mundial. La región ofrece aprendizajes que, a su juicio, pueden orientar políticas e inversiones de conservación a largo plazo. La financiación para los bosques, desigual entre países Aproximadamente el 65% de los bosques mesoamericanos se encuentra bajo algún esquema de propiedad o uso colectivo de pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes y comunidades locales.

Las entidades recuerdan que la deforestación contribuye al 11% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. El documento advierte de las presiones que afronta la gobernanza territorial en Mesoamérica: la expansión extractiva y agroindustrial, los megaproyectos de energía e infraestructura, el avance de las economías ilegales, la criminalización de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente y el debilitamiento institucional. A esos factores se añaden la reducción y la distribución desigual de la financiación internacional para los bosques. En 2023, América Latina y el Caribe recibieron 753 millones de dólares con ese destino, equivalentes al 26% del total mundial.

Petición a los Estados De los fondos recibidos por América Latina y el Caribe, el 69% se concentró en Perú, Brasil, Ecuador, Paraguay y Argentina. El 31% restante se distribuyó entre los demás países de la región, incluidos los de Mesoamérica. Ante esta situación, las organizaciones instan a los Estados a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos territoriales colectivos y a proteger los sistemas de gobernanza de los pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes y comunidades locales, con el objetivo de conservar los bosques y detener la deforestación.

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