Bloomberg — El Tribunal Supremo de Estados Unidos acordó considerar la posibilidad de permitir que el presidente Donald Trump continúe prohibiendo de forma generalizada las solicitudes de asilo de las personas que han cruzado la frontera sur. Tras aceptar una apelación de Trump vinculada a un punto clave de su agenda migratoria, los magistrados anunciaron el viernes que revisarán la decisión de un tribunal federal de apelaciones que dictaminó que Trump excedió su autoridad al suspender las solicitudes de asilo el primer día que regresó a la Casa Blanca el año pasado. Esta política ha permitido la deportación inmediata de personas que cruzan la frontera por lugares distintos a los puestos de control oficiales. Trump ordenó las restricciones mediante una proclamación del 20 de enero de 2025, en respuesta a lo que denominó una “invasión a través de la frontera sur”.
Trump afirmó tener autoridad, tanto en virtud de la ley federal de inmigración como de los “poderes inherentes del presidente para controlar las fronteras de Estados Unidos”. Tres organizaciones sin ánimo de lucro y 13 personas interpusieron una demanda dos semanas después, impugnando tanto la proclamación como las directrices que el Departamento de Seguridad Nacional había emitido para aplicar la directiva de Trump. En virtud de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de EE.UU., las personas que se encuentren físicamente en el territorio estadounidense pueden solicitar asilo, independientemente de si entraron o no por un punto de llegada designado. Para obtener el asilo es necesario demostrar que la persona tiene un temor creíble a sufrir persecución o tortura si no se le permite permanecer en EE.UU.
Sin embargo, la ley también establece que la concesión del asilo es una cuestión que queda a discreción del poder ejecutivo, y Trump sostiene que eso significa que puede denegar categóricamente el asilo a las personas que hayan entrado en el país de forma ilegal. Dos tribunales de primera instancia fallaron en contra de la Administración, alegando que Trump infringía las leyes federales de inmigración y usurpaba las competencias que la Constitución otorga al Congreso. En una resolución de 2 a 1 dictada en abril, el Tribunal de Apelación de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia calificó la proclamación como una “decisión sin precedentes para denegar de forma preventiva y categórica el asilo a muchos miles de personas extranjeras”. La prohibición del asilo ha seguido vigente durante todo el proceso judicial.
El tribunal de apelación suspendió la aplicación de su fallo para dar tiempo al Gobierno a recurrir ante el Tribunal Supremo. Al instar a la revisión por parte del Tribunal Supremo, el fiscal general adjunto de los Estados Unidos, D. John Sauer, argumentó que la proclamación “se basa en una interpretación de sentido común de las competencias inherentes y delegadas del presidente para excluir a los extranjeros”. Los demandantes afirmaron que el Tribunal de Apelación del Distrito de Columbia “sostuvo correctamente que el presidente no puede inventar por decreto un nuevo sistema de expulsión que vacíe de contenido las protecciones que el Congreso estableció por ley”.
De acuerdo con sus prácticas habituales de programación, el tribunal escuchará los argumentos el próximo año y dictará sentencia a finales de junio. El caso es Mullin contra el Centro de Educación y Servicios Jurídicos para Refugiados e Inmigrantes, 26-239. Lea más en Bloomberg.com
