Bloomberg Línea — El gobierno de Venezuela reportó ingresos por US$15.603 millones entre enero y noviembre 2026 y egresos por US$14.860 millones, de los cuales US$14.710 millones correspondieron a salarios de trabajadores del sector público y pensiones. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, presentó las cifras el 12 de noviembre a través de la plataforma Transparencia Soberana, en una jornada en la que también se conoció un informe de Estados Unidos sobre el manejo de los ingresos provenientes de la comercialización del petróleo venezolano. “De cada US$100 ingresados por concepto de petróleo y minería entre enero y noviembre de 2026, US$99 se destinaron al pago de salarios de los trabajadores del sector público y de pensiones”, afirmó Rodríguez. La mandataria destacó que el gasto en remuneraciones contrastaba con los US$150,5 millones destinados al funcionamiento del Gobierno. El cálculo, sin embargo, corresponde a la proporción de los egresos registrados en el portal: los US$14.710 millones para salarios y pensiones representan alrededor de 99% de los US$14.860 millones desembolsados.
Frente a los US$15.603 millones de ingresos totales, equivalen a 94,3%. La plataforma también desglosa el origen de los recursos. La venta de petróleo y derivados aportó US$15.148 millones, 97,1% del total, mientras que el resto correspondió a otros productos básicos, gas, combustible para aeronaves y otros ingresos. La publicación de este balance se produjo después de que el Departamento de Estado estadounidense divulgara información sobre la cuenta de custodia utilizada para administrar los ingresos de las ventas de recursos naturales venezolanos.
Según el informe, entre el 3 de enero y el 30 de septiembre se recibieron US$12.260 millones y se desembolsaron US$12.110 millones, equivalentes a 98,7% de los depósitos. Al cierre de septiembre permanecían US$168,56 millones bajo custodia para futuros desembolsos autorizados. El mecanismo establece que los ingresos de las operaciones autorizadas se depositan en cuentas bajo custodia estadounidense y que el Banco Central de Venezuela debe solicitar la liberación de los recursos y justificar su destino. La mayor parte de los desembolsos reportados por Washington se canalizó mediante operaciones de cambio de divisas a través de la banca comercial venezolana.
Otros US$133 millones se destinaron a pagos directos a proveedores. Los dos balances no son directamente comparables: el estadounidense cubre los movimientos de una cuenta específica entre enero y septiembre, mientras que Transparencia Soberana presenta registros de dos fondos soberanos entre enero y noviembre. Tampoco permiten establecer, por sí solos, qué proporción de los recursos reportados por Caracas pasó por la cuenta bajo custodia de Washington. Una plataforma anunciada después de la captura de Maduro Transparencia Soberana fue anunciada dos semanas después de la operación militar estadounidense del 3 de enero que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su traslado a Estados Unidos.
La creación del portal se enmarca en una nueva etapa de la administración venezolana, marcada por la supervisión de Washington sobre la comercialización de recursos naturales y el destino de los ingresos petroleros. Estados Unidos asumió la custodia de esos fondos bajo un esquema que contempla controles y autorizaciones para sus desembolsos. La plataforma, presentada por el Ejecutivo como una herramienta de acceso público para monitorear el uso de los recursos, muestra información de dos fondos: el de Protección Social y el de Infraestructura Nacional. Según su metodología, los datos proceden de la Oficina Nacional del Tesoro, Petróleos de Venezuela y los entes ejecutores de proyectos de inversión pública.
El portal señala que BDO Venezuela realiza una revisión independiente del manejo de recursos vinculados a operaciones internacionales del BCV, incluidas las operaciones cambiarias y los fondos destinados a atender la emergencia sísmica. No obstante, la información publicada no permite reconstruir individualmente todas las operaciones ni identificar el destino final de cada desembolso. Uno de los datos que destaca es que el Fondo de Infraestructura Nacional no registra actividad hasta la fecha de actualización del portal, el 12 de noviembre. La plataforma indica que este fondo está destinado a proyectos de transporte, infraestructura pública y energía, aunque aclara que su cobertura se limita a los dos fondos mencionados y no incluye otros programas o mecanismos de inversión pública.
Ingresos petroleros y una recuperación salarial pendiente Las cifras presentadas por Rodríguez sitúan los salarios y las pensiones como principal destino de los egresos registrados. Sin embargo, el volumen de recursos que el Gobierno contabiliza en este renglón convive con una de las principales demandas sociales del país: la recuperación de las remuneraciones. El salario mínimo legal permanece en 130 bolívares mensuales desde marzo de 2022. En los últimos años, el Ejecutivo ha recurrido a bonificaciones para complementar los ingresos de los trabajadores públicos.
En abril de 2026, Rodríguez elevó el llamado ingreso mínimo integral a US$240 mensuales,compuesto por un bono de US$200 y un beneficio de alimentación de US$40, sin modificar el salario base. La diferencia tiene implicaciones sobre las prestaciones sociales, las vacaciones y otros beneficios laborales, cuyo cálculo no se actualiza en la misma proporción que las bonificaciones. Por eso, sindicatos y gremios mantienen sus reclamos por aumentos salariales, reactivación de las convenciones colectivas y recuperación de los beneficios sociolaborales. La brecha también se refleja en el costo de vida.
La canasta alimentaria familiar para cinco personas calculada por el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) se ubicó en US$761,35 en septiembre. El ingreso mínimo integral de US$240 equivale a menos de un tercio de ese monto, que contempla únicamente alimentos y no incluye gastos de vivienda, transporte, educación, salud y servicios públicos. Las protestas continuaron en noviembre, con representantes de los sectores educativo, sanitario y universitario reunidos en la Universidad Central de Venezuela para coordinar nuevas acciones y exigir salarios dignos, el pago de bonificaciones de fin de año y la recuperación de las pensiones y otros beneficios laborales. La discusión sobre las remuneraciones también permanece abierta en las mesas de diálogo social anunciadas por el Ejecutivo.
En octubre, Rodríguez anticipó que en noviembre habría resultados de las conversaciones entre Gobierno, empresarios y trabajadores, aunque no confirmó entonces un aumento del salario mínimo. El crecimiento económico se suma al balance oficial La publicación de las cuentas públicas coincidió también con la divulgación de los resultados económicos del tercer trimestre. El Banco Central de Venezuela informó que el producto interno bruto (PIB) creció 7,42% entre julio y septiembre frente al mismo período de 2025, con lo que el país acumula 22 trimestres consecutivos de expansión, según las cifras oficiales. La actividad no petrolera avanzó 6,28%, mientras que el sector privado registró un crecimiento de 8,02%.
Entre las actividades con mayor expansión destacaron la construcción, con un aumento de 35,75%; las actividades financieras y de seguros, con 29,29%; la agricultura, con 7,13%; y la manufactura, con 4,32%. El BCV atribuyó parte del dinamismo de la construcción a las inversiones para atender los daños ocasionados por el doble terremoto de junio. También reportó un incremento de 28,25% en la formación bruta de capital fijo, indicador que mide la inversión en activos productivos. Los resultados ofrecen otra referencia sobre la evolución de la economía venezolana, aunque el crecimiento del PIB no se traduce automáticamente en una mejora de los ingresos de los hogares.
La persistencia de un salario mínimo congelado, la dependencia de las bonificaciones y la distancia frente al costo de la canasta alimentaria muestran que la recuperación de la actividad económica todavía convive con importantes rezagos en el poder adquisitivo.
