El almacén que debía proteger a España de una crisis energética A unos 1.750 metros bajo el lecho marino, frente a la costa de Vinaròs, permanece una infraestructura concebida originalmente como una gran reserva estratégica de gas. El proyecto Castor reutilizó un antiguo yacimiento petrolífero explotado por Shell entre 1975 y 1989 y lo transformó en un almacén subterráneo conectado mediante una plataforma marina , un gasoducto de unos 30 kilómetros y una planta terrestre. La idea llevaba años sobre la mesa, pero terminó adquiriendo carácter prioritario durante la década de 2000. En 2008, el Gobierno concedió la explotación a Escal UGS, participada mayoritariamente por ACS, con una capacidad prevista cercana a los 1.900 millones de metros cúbicos de gas.
Sobre el papel, aquella cantidad habría permitido cubrir aproximadamente un tercio de la demanda española durante unos 50 días. El problema es que la infraestructura llegó tarde. Cuando las obras terminaron, a mediados de 2012, la crisis económica había reducido notablemente el consumo de gas del país y Castor ya parecía mucho menos necesario de lo previsto. Aun así, las pruebas para ponerlo en funcionamiento siguieron adelante. ¿Qué causó los terremotos de Castor? https://t.co/MNOUq5RxNS pic.twitter.com/cjijpz0Tgl MUY Interesante (@muyinteresante) November 1, 2024 La inyección de gas despertó cientos de terremotos Las primeras inyecciones comenzaron en junio de 2013.
El gas se introducía a presión en las formaciones geológicas donde antiguamente había petróleo, pero pocas semanas después comenzaron a detectarse movimientos sísmicos en las costas de Castellón y Tarragona. Al principio fueron pequeños temblores, aunque el número aumentó rápidamente. En apenas unos meses se registraron cientos de episodios y algunos llegaron a sentirse entre la población. Ante la creciente alarma, el Gobierno ordenó detener las operaciones en septiembre de 2013.
Las investigaciones científicas posteriores terminaron relacionando directamente aquella actividad con el funcionamiento del almacén. Equipos vinculados al MIT, Harvard y la Universidad Politécnica de Madrid concluyeron que la inyección había aumentado la presión en el subsuelo y favorecido la reactivación de fallas próximas al yacimiento. El fenómeno es conocido como sismicidad inducida: las actividades humanas modifican las condiciones de presión bajo tierra hasta facilitar movimientos en fallas geológicas que ya existían. Con el tiempo, la cifra de eventos asociados al episodio superó el millar.
Castor quedó detenido y jamás volvió a entrar en funcionamiento comercial. El proyecto se apagó, pero empezó otra factura La paralización abrió entonces un problema completamente diferente. La concesión otorgada a Escal UGS contenía una cláusula que permitía recuperar el valor de las instalaciones en caso de extinción del proyecto , lo que terminó desembocando en una indemnización gigantesca. En octubre de 2014, el Gobierno aprobó mediante decreto una compensación de alrededor de 1.350 millones de euros para Escal UGS.
El dinero fue adelantado por Santander, CaixaBank y Bankia, mientras que el sistema estaba diseñado para que esos fondos se recuperaran durante las décadas siguientes a través de cargos vinculados al sistema gasista. El conflicto, sin embargo, llegó hasta los tribunales. En 2017, el Tribunal Constitucional anuló el decreto utilizado para aprobar la indemnización porque consideró que no estaba justificada la utilización de una norma de urgencia para resolver el pago. Pero para entonces los bancos ya habían entregado el dinero.
Las entidades reclamaron posteriormente al Estado y, en 2020, el Tribunal Supremo reconoció su derecho a recuperar los mismos 1.350 millones de euros. En la práctica, la anulación del mecanismo inicial no hizo desaparecer la factura, sino que cambió la vía mediante la cual debía abonarse. Trece años después, Castor todavía cuesta dinero El almacén permanece en situación de hibernación técnica desde hace más de una década y nunca ha vendido un solo metro cúbico de gas almacenado comercialmente. Sin embargo, mantener una instalación de estas características parada tampoco es gratis.
En 2019, el Gobierno decidió avanzar hacia su desmantelamiento por fases y encargó el proceso a Enagás. Desde entonces, las tareas de mantenimiento, seguridad, sellado y futuro desmontaje han seguido añadiendo costes a una infraestructura que dejó de tener utilidad energética prácticamente antes de empezar a funcionar. Las estimaciones realizadas a lo largo del caso han situado en varios miles de millones de euros el coste final asociado al proyecto cuando se incorporan indemnizaciones, intereses, mantenimiento y otras obligaciones financieras. Parte de esas cargas seguirán repercutiendo sobre el sistema hasta 2044.
Y mientras tanto, la infraestructura todavía no ha desaparecido. En septiembre de 2026, trece años después de aquellos primeros terremotos, Castor continúa frente a la costa mediterránea y su desmantelamiento completo sigue pendiente. Lo que nació como una herramienta para proteger a España ante posibles problemas de suministro terminó convertido en el ejemplo contrario: una instalación que nunca llegó a cumplir su función, que provocó una crisis sísmica y que ha mantenido abiertas durante años disputas científicas, políticas, judiciales y económicas. El gas nunca llegó a almacenarse de forma comercial.
La factura, en cambio, sigue funcionando. Fuente: Xataka.