Bogotá — El sector de minas y canteras perdió participación en la economía colombiana durante los últimos años y, con ello, también redujo de forma considerable su aporte al recaudo tributario. Su participación en el impuesto de renta corporativa pasó de 36,2% en 2012 a 6,3% en 2025. La situación fue expuesta este miércoles por ANIF y el CREE durante el seminario “Energía para volver a crecer”, encuentro que reunió a autoridades, gremios y empresarios para discutir la inversión energética, el abastecimiento y la crisis de energía en el Caribe. La ruta de escape Ante este escenario, José Ignacio López, presidente de ANIF, planteó la necesidad de agilizar las licencias ambientales, ofrecer seguridad jurídica e incentivar proyectos de generación.
El CREE, dirigido por el exministro de Minas y Energía, Tomás González, planteó una hoja de ruta para los próximos cuatro años que contempla mantener los recursos del sector como base de la recuperación económica y trabajar simultáneamente sobre seguridad, equidad y protección ambiental. La propuesta también incluye avanzar en electrificación y adaptación climática, además de desarrollar los proyectos energéticos de la mano de las regiones. “Una apuesta de esta magnitud no es posible de espaldas a las comunidades y va a ser mucho más difícil si no logramos construir consensos reales sobre el futuro energético del país”, advirtió González. Menor producción, menor recaudo López señaló que mientras el PIB de Colombia aumentó 37% entre finales de 2013 y finales de 2025, el sector de minas y canteras se contrajo cerca de 30%. Una de las consecuencias de esa caída fue la reducción de su peso en el recaudo de renta corporativa.
El sector pasó de representar 36,2% de este impuesto en 2012 a 6,3% en 2025. “Estas cifras muestran que la recuperación del sector es una necesidad fiscal: con las finanzas públicas en uno de sus momentos más estrechos, el país no puede prescindir de una fuente de recaudo que en 2012 aportaba más de un tercio del impuesto de renta de las empresas”, dijo López. El CREE también puso el foco en el impacto fiscal de una eventual contracción adicional del sector de hidrocarburos. González por su parte, afirmó que los hidrocarburos y la minería constituyen un componente relevante para las finanzas públicas y para la inversión social. “Para mantener constante el recaudo tributario del país, por cada peso que caiga el PIB de hidrocarburos, la industria tendría que crecer $2,8 adicionales, una meta imposible de suplir en el corto plazo”, advirtió González. De acuerdo con las modelaciones del CREE, 44 centavos de cada peso generado por la producción petrolera se convierten directamente en salarios, utilidades e impuestos.
Además, cada empleo en campo sostiene casi seis puestos indirectos en actividades como comercio, transporte y servicios en los territorios, según el análisis presentado durante el seminario. El centro calcula que una contracción precipitada del sector sin una sustitución fiscal real reduciría en más de COP$400 billones los aportes públicos hacia 2050. Según el CREE, esto afectaría la capacidad del Estado para financiar programas de reducción de pobreza, salud y vivienda en las regiones. Colombia depende cada vez más del gas importado El deterioro del sector también tiene una dimensión energética.
ANIF señaló que la producción de gas acumula una década de caída, mientras que la de petróleo no ha logrado repuntar. Como consecuencia, Colombia ha perdido capacidad de abastecimiento propio. Las importaciones de gas pasaron de representar casi cero a 30,8% del suministro, con corte a julio de 2026. El CREE advirtió que, sin nuevas fuentes locales, la dependencia del gas importado podría llegar hasta 100% durante la próxima década.
El centro sostuvo que prescindir de los recursos locales sin una incorporación ordenada de nuevas fuentes comprometería la estabilidad de las tarifas para los hogares y la industria. La situación se suma al posible impacto del fenómeno de El Niño sobre los precios de la energía. Según López, ANIF estima que la inflación cerraría 2026 en 6,6%, pero esa proyección podría subir a 7,3% si el fenómeno climático se presenta con fuerza. Energía más cara y presión sobre la industria ANIF también advirtió sobre el efecto que ha tenido el encarecimiento de la energía en la competitividad colombiana.
Frente al periodo prepandemia, los precios de la electricidad, el gas y otros combustibles aumentaron 55,5% en Colombia. Señala que es el segundo mayor incremento de América Latina, después del 71,5% registrado en Chile. El mayor costo energético puede restar atractivo a Colombia como destino de inversión, de acuerdo con el planteamiento de ANIF. El impacto también alcanza a las empresas.
Las actividades industriales están entre las más expuestas a cambios en los precios de la energía debido al peso de estos costos dentro de sus estructuras productivas. ANIF señaló que esta situación reduce la capacidad de competir en los mercados local y externo y puede generar una transmisión de los mayores costos hacia los consumidores finales.