El recurso, presentado por el Departamento de Justicia a través del procurador general, John Sauer, solicita además que el alto tribunal anule la decisión de forma sumaria. El Gobierno sostiene que el tribunal de distrito que frenó los trabajos dictó una medida que considera «sin fundamento» e «ilegal y sin precedentes» y que, a su juicio, afecta a las competencias del Ejecutivo en materia de seguridad nacional. También reclama que se levante la suspensión mientras se resuelve el fondo del litigio. El litigio por las exenciones medioambientales El caso gira en torno a tres exenciones firmadas durante este año por los responsables del Departamento de Seguridad Nacional.
La primera fue autorizada por Kristi Noem y las otras dos por el actual titular del departamento, Markwayne Mullin. Esas decisiones permiten dejar sin aplicación determinadas normas medioambientales e históricas, entre ellas la Ley de Especies en Peligro y la Ley de Preservación Histórica Nacional. La Administración prevé construir más de 300 millas —casi 500 kilómetros— de barreras físicas y carreteras en el sector de Big Bend. Ha aclarado que no pretende levantar un muro de gran envergadura dentro del Parque Nacional, aunque mantiene sus planes de desarrollar infraestructura fronteriza en otras zonas de la región.
El 2 de octubre, un tribunal federal de Texas paralizó las obras tras una demanda presentada por grupos ecologistas, una asociación dedicada a la defensa de una iglesia histórica de Ruidosa y empresarios locales vinculados al turismo fluvial. El juez ordenó detener la maquinaria pesada al considerar que el Gobierno no disponía de una «clara autorización del Congreso» para aplicar las exenciones en esa zona concreta. Los argumentos de la Administración ante el Supremo La resolución también aludió a que los niveles de inmigración irregular en Big Bend son comparativamente inferiores a los registrados en otros sectores de la frontera sur. Frente a ese criterio, el Ejecutivo argumenta que la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal de 1996, conocida por sus siglas en inglés como IIRIRA, concede al secretario de Seguridad Nacional discreción exclusiva para levantar requisitos legales que dificulten la construcción rápida del muro.
El Gobierno califica de «frívola» la decisión judicial y sostiene que el tribunal se excedió al bloquear las exenciones. En su escrito, pide al Supremo que intervenga sin celebrar nuevas vistas orales y plantea que la sentencia sea anulada de forma sumaria, además de solicitar el levantamiento provisional de la suspensión. Como parte de su argumentación, la Administración describe Big Bend como un área de elevada entrada irregular y señala que el sector comprende casi una cuarta parte de la frontera terrestre entre Estados Unidos y México. Según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), entre 2021 y 2025 se produjeron más de 89.000 detenciones de inmigrantes indocumentados en la zona.
Detenciones, incautaciones y costes alegados La información citada por el Ejecutivo también recoge incautaciones de más de 87.000 libras (39.400 kilos) de marihuana, 867 libras (393 kilos) de cocaína, 1.156 libras (524 kilos) de metanfetamina y 94 libras (42 kilos) de fentanilo durante el periodo referido. La Administración advierte de que mantener las obras paralizadas dejaría, según su planteamiento, una brecha en la defensa fronteriza y convertiría la región en un «imán» para el tráfico de drogas y de personas. En ese argumento menciona a los cárteles de Sinaloa y Juárez, que, según el Gobierno, operan al otro lado del río Grande. El Ejecutivo afirma asimismo que la suspensión genera un coste de unos 460.000 dólares diarios —algo más de 400.000 euros— por mantener inactivos equipos y oficinas de campo.
Esa cifra forma parte de los argumentos presentados por el Gobierno en su petición al Supremo, que debe decidir sobre la solicitud de suspender la orden mientras continúa el procedimiento.
