Bloomberg Línea — La economía digital venezolana podría mover unos US$80.000 millones anuales, según una estimación presentada por Richard Ujueta, presidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico (CAVECOM-E), durante la Cumbre Internacional de Gerencia Pública y Economía Digital (CIGED Venezuela 2026). La cifra, que el gremio vincula con una actividad económica que permanece parcialmente fuera de los registros formales, plantea el desafío de medir, ordenar y regular un ecosistema que abarca desde el comercio por redes sociales hasta los pagos digitales y el financiamiento al consumo. Ujueta sostuvo que la economía digital venezolana creció 84% entre enero y septiembre de 2026, después de un avance de 125% en 2025. Sin embargo, durante su presentación no quedó detallada la metodología utilizada para calcular esas tasas ni el alcance exacto de la estimación.
Parte de la actividad que describe el gremio se desarrolla a través de pequeños comercios y emprendedores que utilizan plataformas digitales y redes sociales para vender sus productos, pero no necesariamente operan dentro de los canales tradicionales de formalización. La presentación de Ujueta estimó en 3,5 millones el número de comerciantes informales vinculados con esa economía y situó en US$500 mensuales el ticket promedio por participante, aunque no precisó el universo ni el método de cálculo de esas variables. La expansión de los pagos electrónicos y de las nuevas formas de crédito constituye otro de los motores que destacó el presidente de CAVECOM-E. Según sus datos, los pagos móviles alcanzaron un ritmo de 8.500 operaciones por minuto y podrían movilizar más de US$70.000 millones al cierre de 2026.
También afirmó que el financiamiento bajo el modelo buy now, pay later (BNPL), o “compra ahora, paga después”, creció 160% hasta septiembre y canalizó US$11.500 millones en operaciones durante el período. Estas cifras apuntan a una transformación de los hábitos de pago y consumo, aunque su interpretación depende de las definiciones empleadas: el volumen de transacciones no equivale necesariamente al valor agregado de la economía digital, y el dinero que circula por canales electrónicos no constituye por sí mismo actividad informal o no declarada. El uso de criptoactivos también forma parte de ese ecosistema. Ujueta citó un volumen de US$39.100 millones en transacciones con USDT —una moneda digital diseñada para mantener una paridad con el dólar— hasta junio de 2026, con un crecimiento interanual de 107,72%, y afirmó que alrededor de seis millones de usuarios están registrados en Binance y otras plataformas de intercambio.
A partir de estos datos, el dirigente gremial sostuvo que una parte relevante de las operaciones se desarrolla fuera de la visibilidad estatal. No obstante, el volumen transaccionado no permite determinar por sí solo cuánto dinero permanece fuera del sistema fiscal ni establecer que esas operaciones sean irregulares. El crecimiento de estas modalidades plantea una cuestión que va más allá de la adopción tecnológica: cómo actualizar las normas para que acompañen la evolución de los negocios, faciliten su formalización y establezcan reglas para empresas y usuarios. Esa discusión llegó también al ámbito legislativo.
Durante la cumbre, el diputado Ramón Lobo planteó desarrollar una Ley Orgánica de Economía Digital que funcione como marco general para ordenar y promover las actividades del sector. La propuesta parte de que la regulación existente no constituye un vacío absoluto, sino un conjunto de normas que, según Lobo, requiere actualización, articulación y desarrollo específico. Bajo esa ley marco podrían impulsarse instrumentos para áreas como el comercio electrónico, los servicios financieros digitales, los criptoactivos, la inteligencia artificial y la ciberseguridad. El planteamiento incluye además la creación de un Consejo Nacional para la Economía Digital que coordine a los organismos públicos con competencias en la materia, sin concentrar sus atribuciones en una sola instancia.
La iniciativa prevé incorporar al sector privado, las universidades y las organizaciones sociales, con una secretaría técnica que facilite la coordinación entre los distintos actores. Lobo presentó estas ideas como una visión de trabajo abierta a aportes, no como un proyecto aprobado. Entre los obstáculos que identificó figuran las limitaciones para actualizar equipos y programas informáticos, las deficiencias del suministro eléctrico, las dificultades de financiamiento, las brechas tecnológicas y el impacto de las sanciones internacionales. También advirtió que, aunque la digitalización transforma los procesos económicos, no sustituye la actividad productiva material.
La discusión se inscribe en un esfuerzo más amplio por acercar al Estado, las empresas y la academia. En junio, representantes de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico ya habían participado en una reunión de trabajo con la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional para plantear propuestas sobre el marco jurídico del sector. La Cumbre Internacional de Gerencia Pública y Economía Digital, que se desarrolla del 12 al 17 de octubre en Valencia, Maracay y Caracas, concluirá con la Declaración de Caracas sobre Gerencia Pública y Economía Digital. Sus conclusiones se incorporarán a un libro blanco que será entregado a la Presidencia de la República, la Asamblea Nacional, el empresariado y la academia.
El objetivo es convertir los diagnósticos y las propuestas debatidas durante el encuentro en una hoja de ruta para el desarrollo de la economía digital venezolana.
